Santander se replanteará su estructura legal si hay un impuesto a la banca

Advierte que otras multinacionales podrían actuar de la misma manera, y amenaza veladamente con no repatriar 4.000 millones en dividendo

El consejero delegado ha dicho que no le parece "justo" que el grupo tenga que volver a pagar en España por los dividendos de sus filiales internacionales

José Antonio Álvarez Álvarez, consejero delegado de Santander.
José Antonio Álvarez Álvarez, consejero delegado de Santander.

Banco Santander ha advertido hoy de que se replanteará su estructura legal si el Gobierno aprueba nuevos impuestos que supongan una doble imposición a los ingresos que obtengan en el exterior las multinacionales españolas. Considera que el pretendido nuevo impuesto del Gobierno a la banca podría generar una doble imposición que situase a las entidades españolas en una posición de desventaja competitiva frente a multinacionales de otros países. Considera que el banco debe velar por los intereses de sus accionistas.

Además, el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, ha explicado en rueda de prensa correspondiente a los resultados del primer semestre de 2018, que otras multinacionales podrían actuar de la misma manera por exigencia de sus accionistas.

El banquero ha dicho que no le parece "justo" que el grupo tenga que volver a pagar en España por los dividendos de sus filiales, por ejemplo, los que recibe por los beneficios que obtiene el Santander en Brasil y por los que ya paga más de un 40% en impuestos. "Si alguien como nosotros, que depende críticamente del dividendo de las filiales, tiene que, sobre un dividendo que ya ha pagado impuestos en el país de origen, pagar otro, esto puede afectar a la morfología de las entidades", ha advertido. 

En total el grupo obtiene en dividendos de sus filiales unos 4.000 millones de euros al año.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ya ha pasado por el despacho de Pedro Sánchez en La Moncloa, lo mismo que otros presidentes del Ibex 35, por lo que no sería extraño que la banquera haya transmitido al presidente del Gobierno las posibles consecuencias de que se imponga un impuesto a la banca o a otras multinacionales, aunque este punto no ha sido confirmado. 

Ante una situación así, en la que pudiera haber una doble imposición, ha alertado Álvarez, el grupo y otras multinacionales se replantearían su estructura legal o las multinacionales españolas ya no serían tan internacionales. 

Preguntado, sin embargo, si de sus palabras podía interpretarse la posibilidad de trasladar la sede fuera de España o replantearse su política de precios y dividendos debido a esta "desventaja" competitiva, el número dos de Santander no quiso dar detalles sobre las acciones que adoptará la entidad si se materializa el impuesto a la banca. "Tenemos que tomar decisiones acordes con los datos encima de la mesa, no hay ninguna intención de hacer algo o no, dependiendo de lo que se haga tendremos que tomar las decisiones que convengan. No sé si va por la vía que usted dice (trasladar la sede) o no. Probablemente no, ha señalado en respuesta a una pregunta de un periodista.

También ha incidido en que el Gobierno no debería exigir impuestos sobre rentas no generadas, y ha insistido en que Santander pierde dinero en España porque mantiene aquí su centro corporativo.

De esta forma, el número dos del Santander, ha pedido que cualquier cambio fiscal que promueva el Gobierno se haga pensando en los efectos colaterales que puede tener sobre la economía, el empleo y los "operadores".

El banquero, que inicialmente no quería opinar sobre un impuesto (el de la banca) considera que esta tasa está en "periodo de discusión", y según podía desprenderse de sus palabras, esperaba  que al final el Gobierno buscaría otras alternativas.

El ejecutivo, de hecho, facilitó alguna que otra receta al Ejecutivo. Explicó que las prioridades deben ser que en España se siga creando empleo y se fomente el ahorro, ya que su escasez es lo que hace que el problema de las pensiones sea "acuciante".

"España tiene una deuda externa neta cercana al PIB y de ahí deriva alguno de los problemas que de los que hablamos, sí que nos gustaría que el sistema fiscal pensase en un ahorro a largo plazo, porque al final somos el único país de los grandes que tiene deuda externa neta negativa.
En España financiaciamos los déficits con ahorro externo, y eso nos hace ser significativamente más vulnerables", ha subrayado Alvarez.

Ha considerado, por otra parte, que es "pronto" para opinar sobre el Gobierno, pero cree que ha llegado con "muchos proyectos" y aunque desde el banco no ven una "gran inestabilidad" en el Ejecutivo que haga pensar en una convocatoria electoral, sí ha subrayado que las elecciones forman parte del juego de la política.

Sobre los créditos fiscales de Popular y la intención de Santander de reclamar a Hacienda unos 1.000 millones este año, Álvarez ha recordado que los créditos fiscales se generan porque en España no se devuelve dinero a las empresas cuando pierden, cosa, añadió, que sí se hace en otros países Por ello, mantiene que estos créditos fiscales son un derecho reconocido que el banco ha pedido mantener porque si se revisa el pasado, la seguridad jurídica del país sería "baja". 

Integración de Banco Popular

Sobre la integración de Santander y Popular el banquero ha insistido que el grupo obtendrá las autorizaciones para iniciar la integración legal después del verano, para iniciar la integración operativa en noviembre y completarla en junio de 2019. En ese mes se supone que ya estaría despejado el nuevo ajuste que debe acometer en grupo en España, que, según fuentes sindicales apuntan a un excedente de plantilla de unos 2.500 a 3.000 empleados, y un cierre de oficinas de unas 300. Aunque el banquero hoy no ha querido dar cifras sobre el excedente de plantilla y oficinas. Se ha limitado a explicar que el banco no cerrará oficinas teniendo en cuenta la duplicidad por la cercanía, sino que tendrá en cuenta el flujo de clientes y otros elementos que determinarán cómo dar el mejor servicio. 

Será justo en un año, cuando la marca Popular y Pastor desaparecerán, para quedar únicamente Santander. 

El proceso de integración de Popular ha afectado al negocio de Santander España, cuyo beneficio neto cayó un 20% en el primer semestre del año, hasta 500 millones de euros, con motivo de un cargo neto de 280 millones de euros de costes de reestructuración por la integración de Popular
y una aportación de 163 millones de euros al Fondo Único de Resolución (FUR). Sin tener en cuenta estos extraordinarios, Santander habría ganado en España un 24,9% más que un año antes, hasta 780 millones de euros. De cualquier forma, si se resta también la lacra de los activos tóxicos y otras variables, el banco cerrará con pérdidas este año, aunque la actividad bancaria sea positiva y genere los beneficios citados. 

España, de hechos, suma aproximadamente el 17% del resultado del grupo si no se tienen en cuenta el cargo de Popular, ni el correspondiente al FUR. El objetivo es que el peso de España suba más una vez que el banco intervenido se integre completamente en el grupo.

De momento, el director financiero de Santander, José García Cantera, la integración de Popular en el negocio del grupo está yendo "de acuerdo con lo esperado" y las sinergias comenzarán a obtenerse a partir del tercer trimestre de este año. "El trimestre en España ha sido muy bueno, quitando la aportación al Fondo Unico de Resolución, ha sido el mejor en mucho tiempo", ha afirmado García Cantera.

Preguntado por las irregularidades en las cuentas de Popular de 2016 encontradas por la CNMV y trasladadas a la Audiencia Nacioanl, Álvarez ha reiterado que Santander no las ha encontrado.
"Nosotros vimos que las cuentas estaban hechas de acuerdo con la normativa vigente y, si la CNMV ha encontrado irregularidades, no sé cuáles son, tendrá que explicarlo ella", ha apuntado el directivo.

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