Deberes para después de una moción de censura
Italia es un aviso: España está en una situación de debilidad ante turbulencias financieras
España lleva más de tres años inmersa en un clima electoralista. Incluso tras la formación del Gobierno de Rajoy, la sensación de interinidad ha sido constante y los Presupuestos Generales de 2018 son unas cuentas pensadas para unas elecciones: subida de las pensiones, de los salarios públicos y rebaja del IRPF y hasta del IVA del cine.
Las turbulencias financieras derivadas de la situación en Italia deberían ser un aviso serio para España. La elevada deuda pública y la ausencia de medidas para atajar el déficit estructural son factores que dejan a España en una situación de debilidad si las dudas sobre el futuro del euro calan en el mercado. Si ello sucediera, España probablemente estaría entre los países más castigados por sus persistentes desequilibrios en las cuentas públicas. La sensación es que España ha malbaratado en buena medida los tres años de crecimientos del PIB superiores al 3%.
En este contexto, se celebrará la moción de censura presentada por el PSOE tras la dura sentencia del caso Gürtel, que más allá de probar la existencia de casos concretos de corrupción, refleja una forma de hacer política que carcome los pilares básicos de la democracia. Tanto si la moción de censura triunfa –y por lo tanto Sánchez se convierte en presidente del Gobierno y Rajoy es desahuciado de la Moncloa– como si fracasa, la XII legislatura parece agotada. Ello quedó patente ayer en el Congreso con las intervenciones nerviosas y hasta desquiciadas de los ministros. Tampoco es descartable que Rajoy opte por dimitir antes de que le echen. España está abocada y si las encuestas van en la dirección correcta, el bipartidismo PP-PSOE habrá acabado. Los sondeos apuntan a que Ciudadanos podría ganar los comicios o ser la segunda fuerza política. En cualquier caso, la aritmética parlamentaria requerirá capacidad de negociación.
España tiene muchas e importantes tareas pendientes que exigirán la adopción de medidas que no irán acompañadas del aplauso popular. Lo que ha sucedido en 2018 –cuando los intereses electorales han prevalecido a la hora de determinar la política económica– resulta inviable mantenerlo en el tiempo. Y eso lo sabe cualquiera que preste un poco de atención a los mensajes que llegan desde Bruselas. Hacer política con la calculadora electoral lleva al populismo económico y al desastre.
Hay un dato que ha pasado bastante desapercibido, pero que resulta relevante y que el futuro Gobierno –sea naranja, azul, rojo, morado o una combinación de estos colores– deberá tener en cuenta. Según las previsiones de la Comisión Europea, el déficit estructural de España aumentará en 2018 en tres décimas y pasará del 3% al 3,3% del PIB potencial. El déficit estructural mide la diferencia entre ingresos y gastos públicos en una situación económica neutral, es decir, sin expansión ni recesión económica. No se trata de un dato directamente observable, sino que es un cálculo que no está exento de polémica. En cualquier caso, que el déficit estructural en España aumente cuando tanto el Gobierno como Ciudadanos, su principal socio, aseguran que la estabilidad presupuestaria es una prioridad resulta llamativo. Es cierto que España reducirá este año por primera vez en una década su déficit público por debajo del 3%, sin embargo, ello será por el ciclo económico. Es decir, España reducirá sus números rojos a pesar de su política económica y no gracias a ella. Tanto Hacienda como Ciudadanos han pensado en clave electoral. Sin embargo, lo que han dejado de hacer en 2018 –seguir saneando las cuentas públicas– deberán hacerlo en el futuro si tienen responsabilidades de Gobierno.
Este año, España saldrá del brazo corrector de la UE cuando su déficit baje del 3% del PIB y pasará al brazo preventivo, donde las exigencias son aún más severas. En este nuevo estadio, la normativa europea pone el foco en el control del gasto público y en la reducción del déficit estructural. Ello ya es evidente en las últimas recomendaciones de la Comisión Europea publicadas recientemente. Bruselas insta a España a ajustar en 2019 su déficit estructural a un ritmo del 0,65% del PIB y que el gasto primario –que no tiene en cuenta los intereses de la deuda– suba como máximo un 0,6%. Se trata de un esfuerzo muy importante y prácticamente inviable si se tiene en cuenta que los Presupuestos de 2018 ya comprometen al Ejecutivo a elevar en 2019 las pensiones en torno a un 1,6% y el salario de los funcionarios un mínimo del 2,25% y un máximo del 2,75%. España está condenada a seguir incumpliendo el Pacto de Estabilidad y Bruselas seguirá reclamando nuevos ajustes. Las alegrías presupuestarias de 2018 no podrán tener continuidad o exigirán contrapartidas por el lado de los ingresos.
Como ha enseñado Suecia, tener las cuentas públicas bajo control es una condición necesaria para garantizar la viabilidad del Estado de bienestar. Y para no estar al vaivén de los caprichos del mercado, España debe reducir a buen ritmo su elevado nivel de deuda pública, que se sitúa cerca del 100% del PIB.
En el año 2012, España logró sortear el rescate total de su economía porque partía de un nivel de endeudamiento público bajo. Este colchón hoy ha desaparecido. El sector privado y público han invertido los papeles. Al inicio de la crisis, familias y hogares presentaban unos niveles elevadísimos de deuda privada, lo que agravó las consecuencias de la recesión económica. Ahora, es el sector público quien tiene que hacer los deberes y reducir su pasivo y, por lo tanto, su vulnerabilidad. Después de la moción, hay mucho trabajo.