La austeridad golpea ahora la educación de los hijos de los eurócratas
Las Escuelas Europeas, con 27.000 alumnos, se enfrentan a carencias presupuestarias, falta de profesores nativos y algún escándalo financiero
Este 9 de mayo, las Escuelas Europeas donde se educan los hijos de los funcionarios comunitarios celebran el día de Europa, en conmemoración de la histórica Declaración que en 1950 sentó las bases de la UE. Pero los centros educativos miran más hacia el futuro que hacia el pasado. Y lo hacen con cierta preocupación ante un panorama económico, político e institucional que sacude la estabilidad de un sistema escolar que cumplirá 55 años en octubre de 2018.
Ironías de la historia. La austeridad decretada por Berlín e impuesta por Bruselas durante la crisis de la zona euro se ha vuelto contra los eurócratas de las instituciones europeas. Y el inesperado coletazo les golpea en uno de sus puntos más sensibles: las Escuelas Europeas que, con más de 27.000 alumnos en seis países (entre ellos, España), constituyen una de las ventajas laborales más apreciadas por muchos funcionarios comunitarios (incluidos los contratados temporales) y por los diplomáticos desplazados a Bruselas.
Desde 1953, el sistema brinda a sus hijos una educación gratuita, con buena reputación y en la lengua materna más varios idiomas desde preescolar hasta secundaria. El ciclo educativo culmina con la obtención de un título de Bachiller europeo válido para acceder a la Universidad en cualquier país de la UE.
Todo un lujo. Pero el modelo atraviesa una grave crisis, tanto de credibilidad, por el desbarajuste del control financiero en alguno de los centros, como de solvencia, por la caída de la aportación financiera de los gobiernos debida, en parte, a los recortes en educación en muchas capitales.
La situación ha llegado a tal extremo que la Comisión Europea duda que el reparto de la factura de las Escuelas (unos 300 millones de euros al año) sea sostenible si las capitales no reafirman su apoyo. Un objetivo que choca con la realidad de un club que debe cubrir, antes que nada, el agujero de 12.000 millones de euros anuales que dejará la salida de uno de sus socios más ricos (Reino Unido).
"En los últimos años, las Escuelas Europeas han atravesado importantes dificultades de gestión financiera", alerta la CE
La red de Escuelas no ha parado de crecer, al mismo ritmo que el club comunitario. Y suma 13 centros escolares, algunos con ellos saturados (en Bruselas y Fráncfort), y con evidentes carencias en su gestión, según repetidas alertas del Tribunal de Cuentas europeo.
De manera sintomática, el mes pasado comparecía ante un Tribunal de Bruselas el antiguo contable de la Escuela europea de Uccle (Bruselas), la mayor de todas (con más de 3.400 alumnos) acusado de desviar hacia sus cuentas personales unos tres millones de euros del presupuesto del centro.
El presunto fraude se prolongó durante seis años (entre 2006 y 2012) sin que, al parecer, nadie percibiese que el contable pagaba dos veces las cotizaciones sociales del personal del centro: una a la seguridad social belga y otra, a sus propias cuentas.
"En los últimos años, el sistema de Escuelas Europeas ha atravesado importantes dificultades de gestión financiera", reconoce la Comisión en su último informe (fechado 23 de marzo) sobre la reforma de la estructura administrativa de los centros educativos.
Las deficiencias detectadas han obligado a adoptar un nuevo Reglamento financiero que desde el pasado 1 de enero y hasta 2020 centralizará gradualmente todos los pagos. Bruselas confía en que este control reforzado desemboque "en un nuevo modelo de gobernanza (...) que contribuya a reforzar la buena gestión financiera y la claridad y la responsabilidad".
Las dudas sobre el control financiero y la resistencia de las capitales a enviar su profesorado ponen en entredicho el futuro de las Escuelas. La amenaza de debacle parece seria y Bruselas quiere una solución urgente.
En su reciente informe, la CE reclama a los Gobiernos que inicien cuanto antes la búsqueda de "una solución que sea viable a partir del año escolar 2020-2021". Y exige que ese acuerdo pase por consagrar que "el nombramiento de profesores en comisión de servicios o su designación por los Estados miembros debe seguir siendo la columna vertebral del sistema".
En teoría, los Estados deben hacerse cargo de una parte de las Escuelas mediante el pago de los complementos salariales a los profesores nacionales destinados en comisión de servicio. Pero muchos gobiernos, sobre todo a raíz de los ajustes presupuestarios durante la reciente crisis, han evitado cubrir sus plazas para no tener que asumir esa factura.
La aportación de las capitales, que antes de la crisis cubría casi el 24% del presupuesto anual, ahora solo llega al 18%. El agujero parece llamado a agravarse con la salida de Reino Unido. Antes del brexit, Londres ya se negaba a enviar profesores aduciendo que su cuota de alumnos (apenas el 4%) no justificaba un gran despliegue. El problema es que la sección de inglés es la segunda más numerosa (solo precedida por la de francés) y el inglés es la segunda lengua más cursada (para el 60% de los alumnos) en unas escuelas con alumnos de 122 nacionalidades.
El repliegue de profesores nacionales, según la CE, tiene un impacto económico porque obliga a contratar profesores locales, cuyos salarios dependen al 100% del presupuesto comunitario (que ya cubre el 60% de la factura de las escuelas). Pero, sobre todo, puede tener repercusiones en la calidad educativa. Bruselas reconoce que esa evolución puede aumentar el número de cursos impartidos por profesores no nativos si la contratación local de hablantes de un idioma resulta difícil.
Los datos de las escuelas muestran que la contratación local aumentó un 42,4% entre 2014 y 2017. Y en 5 de las 13 escuelas, el número de profesores locales ya supera al de profesores en comisión de servicio.
El comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, se reunió a finales del año pasado con los directores de las escuelas para abordar el futuro de los centros. La cita constató las dificultades del sistema, en particular la resistencia del gobierno belga a construir una quinta Escuela en Bruselas para atender la creciente demanda; las dificultades de reclutar personal docente y administrativo; y el impacto del brexit. Oettinger cree que el próximo marco presupuestario de la UE (2021-2027) debería aprovecharse para consolidar una estructura escolar con 60 años de historia. Pero ese marco se anuncia ya con el mismo problema que las escuelas: menos ingresos y más gastos.
