El Gobierno deberá probar su responsabilidad al cumplir el Plan de Estabilidad

Mariano Rajoy tendrá muchas dificultades para mantener la política económica en un clima intensamente electoralista

Reuters

Las dificultades que deberá afrontar el Gobierno para ejecutar el programa de estabilidad 2018-2021, remitido el lunes a Bruselas, no están tanto en la letra del documento como en las presiones que probablemente deberá afrontar para defenderlo. El Gobierno que ha remitido a la Comisión Europea el plan 2018-2021 es muy diferente a aquel que llevaba el timón con firmeza en 2013 y su capacidad de maniobra es también sustancialmente menor que la que tenía entonces. Con un Parlamento fragmentado, un Gobierno en minoría y un intenso calendario electoral por delante, Mariano Rajoy tendrá muchas dificultades para mantener la política económica que ha sacado a España de la crisis más dura de su historia reciente y ha colocado a su economía a la cabeza de la zona euro en términos de crecimiento.

El programa 2018-2021 incluye, como parte de los peajes que la fragilidad parlamentaria del Gobierno está imponiendo a la política económica, el coste del acuerdo sobre pensiones suscrito con el PNV a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, una alianza que supondrá un coste total para la Seguridad Social de 2.631 millones de euros este año. Como se explica en el documento remitido a Bruselas, el impacto de la subida de las pensiones, acordada la semana pasada, generará una factura adicional de 1.522 millones de euros este año sobre las previsiones anteriores, así como de otros 2.200 millones en 2019. Un sobrecoste que el Gobierno confía en financiar con la denominada ‘tasa Google’ sobre las grandes empresas tecnológicas, que no deja de ser poco más que un parche frente al serio problema del déficit de la Seguridad Social.

El Ejecutivo de Rajoy necesita poco más que resistir para acabar una legislatura que en términos políticos está ya agotada, dado que el año que viene puede prorrogar el Presupuesto de 2018 sin necesidad de embarcarse en aritméticas forzadas y pactos parlamentarios. Pese a ello, las dificultades de cumplir las previsiones del programa de estabilidad 2018-2021 no vendrán solo de los sinsabores de gobernar en minoría, sino también de las presiones y tentaciones propias del clima electoral que España deberá afrontar en los próximos dos años, y que incluye una batería de comicios municipales, autonómicos y, finalmente, generales.

El Gobierno tiene el deber de resistir el tirón, mantener sus compromisos con Bruselas y la política económica que los hará posibles. No constituye un reto fácil, sino un ejercicio de seriedad, de firmeza y de responsabilidad política hacia España y su futuro.