Bruselas advierte que el riesgo de pobreza entre los trabajadores es el doble que entre los pensionistas

La CE certifica que los jubilados han mantenido su poder adquisitivo durante toda la crisis

Las personas de más de 65 años disfrutan de un ingreso medio más alto que los jóvenes

 La comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen. EFE Stephanie Lecocq
La comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen. EFE/ Stephanie Lecocq
Bruselas / Madrid

Los pensionistas españoles han mantenido su calidad de vida durante toda la crisis, han visto reducido drásticamente su riesgo de pobreza y exclusión social y disfrutan de una de las retribuciones más altas de la UE en relación con sus antiguos salarios como trabajador (tasa de reemplazo). Esa es la radiografía del sistema de pensiones español que ha publicado este lunes la Comisión Europea como parte de su periódico informe sobre la idoneidad de los sistemas de pensiones europeos.

El documento, elaborado por el departamento de Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, destaca “la importancia del sistema de pensiones español en mantener la calidad de vida de las personas mayores y, especialmente, la lucha contra la pobreza” en ese tramo de población.

El sistema, según Bruselas, ha permitido mantener el poder adquisitivo de los pensionistas durante toda la crisis (2008-2016). Y la fórmula de revalorización introducida con la polémica reforma de 2013 solo ha tenido un año (en 2017) impacto negativo en la adecuación de las pensiones al nivel de vida.

Los pensionistas, de hecho, han visto reducido su riesgo de pobreza y de exclusión social en casi 12 puntos porcentuales hasta situarse en el 14,4%, muy por debajo del que sufren los trabajadores en España (30,4%) e inferior a la media europea (18,3%).

“Los pensionistas españoles han mantenido en gran parte su calidad de vida durante la crisis”, certifica el informe de Thyssen, que actualiza el publicado en 2015. El documento subraya que la tasa de reemplazo incluso ha aumentado durante el período 2008-2016, en el que los salarios soportaron una brusca caída tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el descalabro bancario. Una tasa de reemplazo que sigue figurando entre las más altas de la UE, pues la primera pensión equiale a más del 80% del último salario. La consecuencia, según Bruselas, es que “la gente mayor en España disfruta de una mediana de ingresos más alta que los menores de 65 años”.

La Comisión advierte que el sistema afronta importantes desafíos, entre los que destaca la necesidad de “mantener un mercado laboral con carreras profesionales largas y con mayores contribuciones”. En este sentido, Bruselas recomienda al Gobierno español que sopese medidas para aumentar los ingresos del sistema. Y plantea como una de las posibles soluciones, la reducción de la brecha de género tanto en salarios como en tasa de actividad aumentando la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Así, el documento precisa que “en el contexto del corto plazo, respecto al actual déficit de la Seguridad Social, el Gobierno debería pensar como equilibrar las cuentas del sistema a la vez que garantiza la suficiencia de las pensiones”. Para ello aconseja al Ejecutivo que “considere medidas que garanticen un aumento adicional de los ingresos para garantizar un gasto eficiente en pensiones”.

Dicho esto, tras aconsejar a España que incentive las largas carreras de cotización y una mayor contribución de los trabajadores, sugiere que “al menos parte de la solución” para que los trabajadores con mayores ingresos mantengan su nivel de vida sea el fortalecimiento de los planes de pensiones colectivos en el seno de las empresas (planes de empleo). Según llama la atención Bruselas solo el 2% de los trabajadores españoles tiene uno de estos planes, y su inmensa mayoría trabaja para multinacionales.

En todo caso, todo apunta a que Bruselas elaboró este documento antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy, pusiera en suspenso las reformas de 2011 y 2013 y decidiera incumplir el factor de revalorización en 2018 y 2019, subiendo las pensiones más de un 0,25% y retrasara a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad. Por ello indican que dichas reformas tendrían como impacto la reducción de las cuantías de las pensiones y de la tasa de reemplazo en 10 puntos en los próximos 40 años. Así como la pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones.

No se refieren, por lo tanto, al efecto sobre el gasto de las incrementos de prestaciones aprobados en abril. Se prevé que la evaluación de Bruselas sobre estas dos inesperadas subidas de pensiones se produzca este mismo mes.

Pero en la conclusión final del documento conocido hoy, la CE da alguna pista de cómo podrían valorar, al menos el retraso del factor de sostenibilidad al 2023, al considerar que, aunque este ajuste serviría para adecuar las pensiones al aumento de la esperanza de vida, también “introduce un componente de fuerte desigualdad” entre quienes se jubilen antes y después de su entrada en vigor. De esto se podría deducir que quizas vean con buenos ojos una aplicación más suave de este factor.

 

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