No basta con retocar el sistema de pensiones

Hay que abrir un debate social y político sobre el reparto de la riqueza

No basta con retocar el sistema de pensiones

El actual sistema de pensiones por reparto (los pensionistas reciben su prestación gracias a las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en activo), desde su creación en el siglo XX, ha funcionado correctamente en entornos de explosión demográfica y relativamente pocos jubilados. Esta ecuación garantizaba la sostenibilidad y durabilidad del sistema, dado que de este modo, había más personas que cotizaban (activos) que personas que se beneficiaban de pensiones (inactivos).

En este sentido, hace casi 60 años que Miguel Delibes publicó La hoja roja, cuyo título hace referencia a la advertencia que recuerda al fumador el próximo fin de su librillo de papel. La metáfora que da título a la obra sirve para reflejar cómo, para el protagonista de la novela, la jubilación es la hoja roja. El mismo día de su jubilación tiene la percepción de que las manecillas del reloj no han de seguir girando por mucho tiempo. Y una de sus frases resume toda la trama de la novela cuando se dirige a su mujer: “Tendrás estorbo por poco tiempo”.

Pero en los años transcurridos desde que se escribió la novela han cambiado muchas cosas. Las personas se jubilaban del trabajo y la vida; hoy solo del trabajo. Así, la esperanza de vida era muy inferior a la registrada actualmente, lo que permitía disminuir el periodo de duración de las pensiones y su montante económico.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) uno de los principales retos que afronta España es el envejecimiento de su población, que está asociado al aumento de la esperanza de vida y es el gran problema para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada año los recién nacidos tienen una esperanza de vida superior en torno a los tres meses con relación a los nacidos en el año precedente. Así, en 1950 en España, la esperanza de vida al nacer era de 62 años frente a los 83 años de media en 2016, superando así a la media de la UE en más de tres años.

El envejecimiento actual y futuro de la población española no es debido a un fenómeno coyuntural, sino más bien estructural, duradero y que puede ser frenado temporalmente por la inmigración, es decir, por la entrada de población joven susceptible de incorporarse al mercado de trabajo. Ello no puede modificar, a largo plazo, la tendencia histórica del envejecimiento de la población, lo que se traduce en un aumento significativo de la longevidad y, consecuentemente, de la población en edad de jubilación.

El panorama se complica por la conjunción de varios factores que conviene analizar para comprender sus efectos sobre el sistema, y que conllevan que hoy se gaste más de lo que se ingresa, lo que hace peligrar su supervivencia. En concreto, la Seguridad Social, en 2016, registró un déficit de más de 18.000 millones de euros (del orden del 1,5% del PIB, que contrasta con el superávit observado antes de la crisis económica, del 2,2 % del PIB en 2007) y con un incremento del gasto en pensiones del orden del 3% anual. De continuar así las pensiones públicas no van a poder cubrir las necesidades de los beneficiarios.

El primero de los factores se refiere a la tasa de dependencia (pensionistas/afiliados ocupados), que en 2007 alcanzaba un ratio del 37% y que diez años después aumenta considerablemente (45%). El gasto en pensiones es mayor cuando aumenta la tasa.

El segundo factor está relacionado con la evolución de la tasa de empleo (proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar). En este caso, antes de la crisis, en 2007, se situaba en el 54,4%, frente a una reducción de más de cinco puntos porcentuales (49%) en 2017. A una menor tasa corresponde, por tanto, un mayor gasto en pensiones.

El gran desafío que tiene hoy la política es dar respuesta a la sostenibilidad de las pensiones. Por todo ello, es evidente que el equilibrio del sistema depende de tres variables: Primero, la tasa de cotizaciones por parte de las personas activas al sistema de la Seguridad Social; segundo, la edad de jubilación (cuya elevación disminuye considerablemente los gastos en pensiones); y por último, el importe de las pensiones (que varía con el modo de cálculo).

Sin embargo, aunque las previsiones de evolución del equilibrio financiero de nuestro sistema de jubilación no dejan de ser estimaciones que debemos tomar con grandes precauciones, no por ello deja de ser cierto que será necesario destinar una parte de nuestra riqueza nacional a asignar fondos en función de los compromisos políticos entre trabajadores (duración y tasa de cotización) y jubilados (nivel de reemplazo). Lo que, asociado con el aumento moderado de las contribuciones, constituye una forma de garantizar el mantenimiento de la paridad entre pensionistas y activos; un elemento esencial de la cohesión social.

Y es conveniente no olvidar que el sistema público de pensiones en España es el más importante de nuestros pilares que sostiene el Estado de bienestar social, por lo que el futuro y la sostenibilidad de las pensiones no están en los retoques sino en un proyecto político que vuelva a subordinar la riqueza al interés general. Y ello requiere necesariamente abrir un debate social y político sobre el reparto de la riqueza, que, en el ámbito de las pensiones, se debe centrar en primer lugar en qué nivel de ingresos se desea garantizar a las personas pensionistas.

Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

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