¿De dónde viene la crisis de las pensiones?
Es urgente adoptar medidas financieras y fiscales, pero también revisar la política laboral
Un importante antecedente de los Fondos de Pensiones en España se puede situar en el año 1987, cuando se promulgó la Ley 8/1987. Sin embargo, ya desde bastante antes, quienes estábamos ocupados en el estudio de estos temas veníamos analizando las recomendaciones y el impulso de la Directiva 80/987/CEE, del Consejo, de 20 de octubre de 1980.
Diferentes estudios e informes propiciaban la puesta en marcha de los agentes económicos, fundamentalmente de las entidades crediticias y por supuesto de la Administración, en el desarrollo de estos Fondos.
Un punto clave y que justificaba estas actuaciones lo constituía el argumento de desarrollar una figura de gran alcance que fuese capaz de complementar las pensiones privadas. Y es que desde hacía tiempo los expertos en demografía venían estudiando la previsible evolución de la pirámide poblacional española, que apuntaba con bastante claridad a donde se podía llegar y como hemos podido comprobar el tiempo les ha dado la razón.
Pues bien, con esos antecedentes se comenzaron a constituir los denominados Fondos de Pensiones y algunos otros productos como los Fondos de Jubilación. En unos casos se trataba tan solo de productos bancarios o de compañías aseguradoras, que aunque no cubrían exactamente el objetivo pretendido por los Fondos de Pensiones, si suponían poder disponer de recursos complementarios para el día que llegase la jubilación al trabajador.
El entramado jurídico y fiscal se construyó sobre la base de la seguridad de las inversiones y su permanencia a lo largo de la vida laboral del sujeto que se acogía a un determinado plan. El proceso contempló también, al principio con cierto éxito en determinadas compañías, a los llamados planes de pensiones de empresa, que suponían la aportación por parte de las empresas de cantidades que se asignaban al Fondo a nombre de los empleados, constituyendo una compensación económica más o menos relevante, y que permitían por tanto aumentar sus posiciones en el Fondo correspondiente.
La situación de estos Fondos ha ido evolucionando negativamente, por unas razones y por otras, básicamente regulatorias, económicas y fiscales. La legislación fiscal fundamentalmente no ha ayudado en absoluto a que los trabajadores encuentren estímulos para destinar cantidades a los Fondos de Pensiones. Muchos trabajadores intentan a duras penas destinar parte de su salario a este cometido. Bien es verdad que deducen en su declaración del impuesto de la renta de las personas físicas las aportaciones que llevan a cabo cada año, pero cuando llega el momento de su recuperación cae sobre ellos, todo el peso de una terrible fiscalidad que merma sus expectativas de una manera brutal. Resulta que cuando dejan de percibir su salario y se ven condenados a una pensión exigua llega Hacienda y se lleva una gran parte de su Fondo de Pensiones, tanto si lo pretenden recuperar de una vez como si lo desean ir recibiendo periódicamente.
Y estamos hablando de un tipo de trabajador, que indudablemente ha podido dotar recursos económicos a un Fondo de Pensiones, porque aquellos trabajadores jóvenes y no tan jóvenes que llegan a fin de mes apuradamente y que viven en una situación casi límite, que alguien les explique cómo complementar su futura pensión…
Tras la crisis económica mundial iniciada en 2007, se ha ido consolidando paulatinamente una fase de creación de empleo en España, pero de baja calidad, al menos en lo que a salarios se refiere, lo que impide en gran medida el ahorro de muchos trabajadores. Con ello además se resienten la demanda y la inversión. Por ejemplo, parece que sería deseable que España alcanzara una mejora en el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler y evidentemente sobre las posibles aportaciones a Fondos de Pensiones.
Otra cuestión a tener en cuenta se refiere a que los Fondos de Pensiones están inmersos en el mercado financiero y por ello sufren los avatares de la evolución de los mercados y de los diferentes productos financieros en los que invierten. Por ello los Fondos de Pensiones pueden evolucionar negativamente, en lo que a la rentabilidad de su patrimonio se refiere. Así, el partícipe de un Fondo de Pensiones puede además perder dinero a lo que añadirá también la comisión de la compañía gestora.
La situación de las pensiones en España es crítica. El debate se encuentra en la calle, en los medios y es objeto de discusión entre la clase política. Del llamado Fondo de Reserva constituido en el año 2000 y que alcanzó en 2011 su patrimonio máximo, con casi 67000 millones de euros, hoy quedan poco más de 8000 millones. El déficit está por encima de los 18000 millones. La situación es insostenible y a esto se une que los pensionistas tienen muy claro que no les alcanza lo que perciben y que las actualizaciones les separan de conservar el poder adquisitivo. Las autoridades se enfrentan a varias cuestiones. La afiliación a la Seguridad Social no permite ninguna alegría porque se diga lo que diga los salarios medios en España son ahora bajos. Mientras tanto los pensionistas se han movilizado y protestan por las calles de España. La pensión de jubilación media está entorno a los 1000 euros, aunque no es homogénea según comunidades Autónomas. Alguna se acerca a 750 euros y otras superan los 1300 euros, lo que irrita también a los menos favorecidos.
El índice de revalorización de las pensiones es otro factor a considerar. Vincula las actualizaciones a la evolución de los ingresos y gastos del sistema. El sistema se puso en vigor en 2014 y establece una revalorización entre el 0,25% y un máximo del IPC más un 0,5%. Durante los últimos cuatro años, se ha mantenido el 0,25%. La explicación de esta decisión se basa en el déficit de las cuentas.
Por todo lo anterior hay que concluir que se precisa una actuación rápida, decidida y consensuada entre las fuerzas políticas para solucionar este grave problema. Parecen necesarias medidas financieras y fiscales, así como una revisión de la política laboral general que permita afrontar el futuro de las pensiones con garantías.
Cecilio Moral es Catedrático y director del Máster en Finanzas de Icade
