Montoro se compromete a rebajar el IRPF a una parte de los jubilados en el Presupuesto de 2018
Hacienda estudia una deducción tributaria para las personas de edad muy avanzada Los jubilados aplican hoy los mismos tipos que los asalariados, aunque gozan de mayores exenciones
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy que el Gobierno pretende incluir en los Presupuestos Generales de este año una deducción en el IRPF para las personas de "edad muy avanzada". Se trata de un beneficio fiscal que el responsable de las cuentas públicas ya había prometido en el pasado. En cualquier caso, las protestas de los jubilados que se están repitiendo por toda España han sido fundamentales para que Hacienda incluya esta medida en los Presupuestos de este año, cuya aprobación no tiene garantizada.
Durante un acto organizado en Madrid por la Fundación Once, Montoro ha explicado que la deducción persigue reconocer que cuando una persona alcanza una edad "muy avanzada" hay unos "costes inherentes". Hacienda fijará así una deducción en la cuota, aunque el ministro no quiso detallar a partir de qué edad se aplicará y si será necesario cumplir ciertos requisitos para acceder al beneficio tributario.
La tarifa del impuesto vigente no discrimina por edad. Es decir, aplican los mismos tipos los asalariados al cobrar su nómina que los jubilados al recibir su pensión. Aunque la legislación sí contempla que el mínimo personal y familiar -la parte de renta exenta de tributación- aumente de los 5.550 euros que se aplican todos los contribuyentes a 6.700 euros para los mayores de 65 años y a 8.100 euros para los que superan los 75 años.
El Gobierno también ha prometido de forma recurrente aprobar una incentivo fiscal para los trabajadores que sigan su vida laboral cuando alcancen la edad de jubilación. Sin embargo, esta medida no se contempla para los Presupuestos de 2018.
El Ejecutivo, de momento, no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas y el anuncio de la rebaja del IRPF a los jubilados puede entenderse como una medida de presión. Sin Presupuestos, también ha quedado en el aire el pacto que selló el Gobierno con Ciudadanos y que contemplaba una rebaja del IRPF, incrementar el permiso de paternidad y mayores ayudas tributarias para las familias con hijos. En concreto, la formación naranja negoció con Hacienda dejar exento del IRPF a las rentas inferiores a 14.000 euros. Actualmente, el umbral de no tributación está fijado en 12.000 euros brutos. También existe el compromiso de rebajar el IRPF a las rentas inferiores a 18.000 euros.
Ciudadanos insiste en que no apoyará las cuentas de Montoro si el Ejecutivo no incluye una equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra y aparta a la senadora Pilar Barreiro, investigada por el caso Púnica.
El PSOE, por su parte, defiende una revalorización de las pensiones del 1,6%, una medida que tendría un coste estimado superior a los 1.700 millones y que los socialistas proponen financiar a través de la recaudación tributaria ordinaria. Es decir, el dinero saldría de los Presupuestos y no de las cotizaciones, que hoy no tienen margen para aguantar tal subida. El PSOE propuso recientemente la creación de dos nuevas figuras fiscales. Un recargo del 8% en el impuesto sobre sociedades a la banca y un gravamen sobre las transacciones financieras. Ambos impuestos aportarían, siempre según los cálculos del PSOE, 1.860 millones. Ante la inviabilidad de poner en marcha estos impuestos en el corto plazo, los socialistas abogan para financiar la subida de las pensiones a cargo del Presupuesto. Lo que no queda claro es qué partidas se dejarían de realizar o si la medida exigiría incrementar el déficit y, por lo tanto, también la deuda pública, que hoy se mueve en torno al 100% del PIB.
El futuro de las pensiones lleva tiempo en la agenda política, pero ahora figura como el tema principal. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han apoyado la solicitud de Unidos Podemos y Compromís para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar qué medidas plantea para garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social para la vejez.