Una protección razonable para los consumidores, pero también para las pymes

El argumento de los tribunales es que las comisiones por descubierto constituyen un doble castigo

La legislación de protección a los consumidores ha dado lugar a lo largo de los años a varias sentencias por abuso en el cobro de comisiones bancarias. No ha ocurrido lo mismo con las pequeñas empresas y los autónomos, aunque en los últimos tiempos se han acumulado distintos pronunciamientos judiciales que han anulado comisiones excesivas y cobradas de forma automática en descubiertos, saldo negativos y reclamación de posiciones deudoras. Los fallos, que en algún caso obligan a devolver al cliente la totalidad de lo cobrado, otorgan a pymes y empresarios individuales una protección similar a la que la regulación otorga a los consumidores en este tipo de situaciones.

El argumento de los tribunales es que el cobro de estos recargos constituye en realidad un doble castigo impuesto de forma automática y no responde a la prestación de un servicio real, tal y como exige la normativa bancaria. Las sentencias tienen en cuenta que la operativa habitual de las pequeñas empresas y los autónomos implica frecuentemente –y más aún en épocas de crisis– que las cuentas bancarias puedan quedarse en números rojos, una vez afrontados los pagos pendientes y mientras se está a la espera de cobrar los créditos y pagos adeudados. Se trata de una situación que ha propiciado que la imposición de estas comisiones haya llegado a suponer, en algún caso, una penalización de hasta 50.000 euros en total.

La coyuntura de bajos tipos de interés que vive la zona euro está perjudicando el negocio de la banca, que ha visto estrecharse considerablemente sus márgenes, al tiempo que ha tenido que someterse a unas exigentes normas de recapitalización. Pero ello no justifica una política abusiva en materia de comisiones que suponga trasladar al cliente costes que no le corresponden y que en el caso de las pymes y los autónomos se suman a las dificultades propias del trafico económico. En este tipo de situaciones, otorgar al pequeño negocio una protección equivalente a la establecida para el consumidor no parece un exceso, sino un respaldo razonable a la parte más débil en la relación comercial.