¿Podemos desterrar la pobreza energética?

La futura Ley de Cambio Climático debería incluir medidas para atajar el problema

En la España pre-crisis no existía la expresión, pero de unos años a esta parte ha cobrado protagonismo, al igual que en otros países europeos. Con pobreza nos referimos a la situación que sufren aquellas familias que no pueden pagar los servicios mínimos de energía para cubrir sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligadas a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar estas facturas. Según el III Informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis, esto afecta al 11% de los hogares españoles, algo más de 5.000.000 de personas, habiéndose incrementado un 22% entre 2012 y 2014. Cifras como estas son las que llevan a celebrar, desde hace tres años, la semana europea contra la pobreza energética.

Estamos ante un problema que aúna tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Desde el punto de vista económico, la pobreza energética apunta directamente a un modelo energético que, tratándose de un sector estratégico, ha permanecido ajeno a las necesidades de la población y ha disparado sus precios en los años más duros de la crisis. Si prestamos atención a lo social, como están demostrando todos los estudios de caracterización sociodemográfica, la pobreza energética afecta de forma especial a la población más vulnerable, que habita en viviendas en peores condiciones de aislamiento, con equipamiento poco eficiente, etc. Finalmente, si nos fijamos en las derivadas ambientales, observaremos que recrudece sus efectos en un contexto de incremento de olas de calor y de frío provocadas por el cambio climático. Tal es así, que hay estudios de la OMS que empiezan a estimar en un 30% las muertes adicionales en invierno relacionadas directamente con la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar. Vivir en una vivienda con estas carencias puede provocar serios problemas para la salud, tanto físicos como mentales, principalmente en la población más vulnerable, como son las personas de edad avanzada o los niños.

Detrás de la irrupción de este drama social hay distintas causas que se han dado cita en plena crisis económica: al incremento desmesurado del precio de la energía en los años más críticos ­un 70% en la última década según un análisis de FACUA– se ha unido la menor disponibilidad de renta de la población más vulnerable, que además, son generalmente los que habitan en viviendas que fueron construidas en pleno boom inmobiliario sin ningún criterio de eficiencia. Todo esto ha hecho que el mercado global de la energía haya entrado en la lógica de la “acumulación por desposesión” de la que hablaba Schumpetter.

La pobreza energética ha cobrado una dimensión tal que ayuntamientos, gobiernos autonómicos, entidades sociales y ambientales y no pocas empresas, han desarrollado iniciativas para impedir los cortes de suministro, incrementar la eficiencia energética de estos hogares, formar a la población afectada en mejores hábitos para ahorrar energía y revisar los contratos energéticos para adecuarlos a las necesidades de cada vivienda, tanto en la potencia contratada como en la modalidad de contratación. El trabajo desarrollado en una de estas iniciativas, Ni un hogar sin energía, ha demostrado un potencial de ahorro energético en torno al 30% y un retorno de la inversión de tres euros por cada uno invertido.

No obstante, es preciso ir más allá y, al mismo tiempo que se atiende a las necesidades inmediatas de las familias, hay que acudir al fondo del problema para encontrar soluciones duraderas y sostenibles. En España esto pasa, entre otras cosas, por poner en marcha un nuevo modelo energético basado en la eficiencia y en la consideración de la energía como un bien básico, virando hacia sistemas de generación distribuida y autoconsumo, en los que las empresas energéticas pueden tener también un papel relevante aportando tecnología e innovación. Según el informe Autoconsumo, lecciones aprendidas en la Unión Europea de la Fundación Renovables, “En 2013 casi una cuarta parte de la capacidad adicional solar en Europa (2.415 MW) se instaló en el sector residencial: en casas unifamiliares o viviendas de varios pisos. El autoconsumo contribuye de manera importante al desarrollo de la energía solar fotovoltaica en la actualidad en países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Italia.” A esto habría que sumar una apuesta decidida por la rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética, algo que además de ayudar a reducir las emisiones de CO2, el consumo energético y la correspondiente factura, generaría nuevos empleos en un sector especialmente castigado por la crisis. El estudio realizado en 2009 por Alexandra Delgado, Carlos Hernández Pezzi, Domingo Jiménez Beltrán y Joaquín Nieto, Rehabilitación energética de edificios. Respuesta clave y urgente ante la crisis, hablaba de que rehabilitar 2.250.000 viviendas y 150.000 edificios, tal como contemplaba el Plan de Rehabilitación 2009-2012, generaría más de 390.000 puestos de trabajo al año. Es una pena que no se aprovechara esa oportunidad en el momento preciso.

En estos momentos se está elaborando el borrador de lo que será la Ley de cambio climático y transición energética. No podemos dejar pasar esta oportunidad para incluir en la legislación las medidas que ayuden a acabar con este drama desde la raíz del problema. La transición energética y, en el fondo, de modelo económico, no debería dejar a nadie atrás.

 Cristina Monge es Directora de conversaciones de Ecodes

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