Un mapa fiscal y de financiación autonómica que hay que abordar

La crisis catalana y la falta de acuerdo en los Presupuestos han generado una parálisis política de la que hay que salir

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, interviene desde la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados. Efe

Entre los problemas que arrastra la población de Cataluña, embarcada en una aventura independentista cuya factura en todos los órdenes están aún por cerrar, hay uno que parece haber sido ignorado y casi desterrado de su agenda política: la sobrecarga fiscal que experimentan los ciudadanos de la comunidad. En 2018, Cataluña aparece de nuevo como la autonomía que exige un mayor esfuerzo tributario a los ciudadanos de rentas bajas y rentas medias bajas. En el tramo inferior a 32.000 euros, los catalanes son los contribuyentes que se llevan a casa el salario neto más recortado de España. En el extremo opuesto, los madrileños soportan el menor esfuerzo fiscal –en todos los tramos del impuesto– sobre las rentas de su trabajo.

Cataluña y Madrid son solo dos ejemplos del reino de taifas de la tributación sobre la renta en España, cuyo tramo autonómico –que equivale al 50% del impuesto– los Gobiernos regionales gestionan y han modificado en varias ocasiones en los últimos años. Esa capacidad normativa es uno de los resultados de la aplicación –todavía parcial– del principio de corresponsabilidad fiscal, cuya mejora constituye uno de los temas pendientes dentro del nuevo modelo de financiación autonómica.

En materia de impuestos, el Gobierno se comprometió con Ciudadanos a rebajar el IRPF para 2018 a aquellas rentas inferiores a los 18.000 euros y a considerar exentas a aquellas que no llegasen a 14.000. El PP prometió también rebajar el impuesto a todos los españoles antes de terminar la legislatura. Esas vueltas de tuerca fiscales no deben desligarse de la necesidad de acometer la reforma de la financiación autonómica, un incómodo nudo gordiano que es necesario cortar cuanto antes. De momento Mariano Rajoy no parece contar con aliados suficientes para iniciar el proceso ni para abordar otras reformas. La larga crisis catalana y la falta de acuerdo para los Presupuestos de 2018 parecen haber instalado al Gobierno en una parálisis legislativa que no beneficia a nadie y de la que es necesario salir.