Quiénes son los culpables de que España no tenga Presupuestos

Ciudadanos sí apoyó las cuentas de 2017, a pesar de que también se incumplió el pacto de investidura

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se estrechan la mano durante las negociaciones para la investidura en agosto de 2016.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se estrechan la mano durante las negociaciones para la investidura en agosto de 2016. EFE

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”. Este es el artículo 134.1 de la Constitución Española. Que la Ley de Presupuestos aparezca en la Carta Magna ya indica que no es una norma cualquiera. Es el mecanismo a través del cual funciona el Estado. Es cierto que la ausencia de Presupuestos no implica, como sucede en Estados Unidos, un cierre de la Administración. Con la aprobación del techo de gasto y a través de reales decretos se puede ir tirando, aunque no es lo deseable.

La Constitución indica que corresponde al Gobierno elaborar el Presupuesto y al Congreso aprobarlo. La responsabilidad es compartida, aunque en distinto grado. El Ejecutivo se ha negado a presentar el Presupuesto hasta no tener garantizado el apoyo parlamentario. Quiere evitar la imagen de derrota que supone que una mayoría del Congreso rechace las cuentas. Sin embargo, ese es un riesgo que un Ejecutivo debe correr. Hacienda ya tiene elaborados los Presupuestos y presentarlos ante el Congreso de los Diputados es una exigencia constitucional. La Carta Magna dice que el Gobierno debe elaborar los Presupuestos y no lo vincula al hecho de que exista una mayoría parlamentaria.

La ausencia de apoyos parlamentarios no es excusa para no presentar las cuentas

En términos puramente políticos, presentar los Presupuestos no es tan mala estrategia porque obliga a los otros partidos a responsabilizarse del fracaso. Los Presupuestos de 2018 que no han visto la luz contemplan una subida del sueldo de los funcionarios, un incremento de la financiación autonómica, un aumento del permiso de paternidad, una rebaja del IRPF y una reducción del 21% al 10% del IVA de las entradas de cine.Los partidos políticos deberían justificar los motivos por los que no apoyan estas cuentas, un trámite que el Gobierno les ha ahorrado al no presentar la ley en el Congreso. 

Ciudadanos es el principal aliado del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su presidente, Albert Rivera, aseguraba en 2017 que España tendría Presupuestos gracias a Ciudadanos y defendía que ello era beneficioso para la estabilidad. Y tenía razón. Ahora, en 2018 y en justa correspondencia, si el Estado no tiene las cuentas aprobadas también es responsabilidad de Ciudadanos. “Tenemos un acuerdo de investidura y nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. Está congelado mientras el PP incumpla. Por tanto, estamos a la espera de que cumpla”, decía recientemente el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien exige que los populares aparten a la senadora Pilar Barreiro, investigada por el caso Púnica para aprobar los Presupuestos. Es cierto que el pacto de investidura así lo exige. “El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”, se lee en uno de los puntos del acuerdo que firmaron ambos partidos.

Sin embargo, también es posible que el partido naranja se oponga a aprobar los Presupuestos por un cálculo electoral. Si el estricto cumplimiento del pacto fuera un requisito inexcusable, Ciudadanos tampoco habría apoyado el Presupuesto de 2017. El acuerdo firmado por ambos partidos se incumplió prácticamente desde el minuto uno. PP y C’s acordaron “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”. Es decir, el acuerdo contemplaba obligar a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal a tributar por todo el patrimonio aflorado y no solo por los rendimientos de los cuatro últimos ejercicios no prescritos. De hecho, el pacto contemplaba ingresar 1.000 millones por esta medida. Nada de ello se cumplió. Hacienda se limitó a enviar una genérica e insustancial carta a los amnistiados. El pacto de investidura se firmó en agosto y en noviembre prescribió la posibilidad de revisar las declaraciones de la amnistía. Ese incumplimiento no impidió que Ciudadanos apoyara el Presupuesto de 2017.

La negociación entre el Gobierno y el PNV, otra de las piezas clave para aprobar la Ley de Presupuestos de 2018, también parece llamada al fracaso. Hacienda negoció con las autoridades vascas una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses forales sin ni tan siquiera garantizarse el apoyo del PNV en el Congreso a la política económica del Ejecutivo.
En definitiva, cada hora que pasa, parece más probable que España pasará este año sin Presupuestos. De hecho, en Hacienda ya piensan en el próximo año 2019. El departamento de Cristóbal Montoro sacará adelante medidas como la mejora de la financiación autonómica o la subida del sueldo de los funcionarios a través de reales decreto que con toda seguridad recibirán el apoyo del Congreso. La situación es absurda, se niega el apoyo a los Presupuestos, pero se vota a favor separadamente de las medidas más relevantes que debería incluir.

El Gobierno, por su parte, quita importancia a estar sin Presupuestos y se cura en salud al asegurar que nada impide prorrogar las cuentas dos ejercicios seguidos. ¿España puede seguir sin Presupuestos? Sí, claro. Y si redujéramos a la mitad los 350 diputados del Congreso también sobreviviríamos. La cuestión es que la función del Gobierno y del Parlamento es hacer lo posible para aprobar las cuentas. A trabajar.

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