Los hoteleros culpan a Airbnb de los brotes de turismofobia en España

Reclaman sanciones en aquellas ciudades en las que no cumpla la ley

Madrid denuncia que el 90% de la oferta de la plataforma es ilegal

Hugo Rovira, director general de NH en España, Portugal, Francia e Italia; Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, y Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels
Hugo Rovira, director general de NH en España, Portugal, Francia e Italia; Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, y Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels

España cerrará este año rozando los 82 millones de turistas extranjeros. En seis años, el número de viajeros internacionales ha crecido en 30 millones, a una media de cinco millones al año. El problema es que ese incremento no ha sido igual en todos los destinos y no se ha repartido en el tiempo. Los patrones de los turistas se han mantenido imperturbables en ese período: hay seis autonomías (Canarias, Baleares, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía) que concentran el 90% de las llegadas y más de la mitad de ellas se producen en los tres meses de temporada alta (de julio a septiembre). La confluencia de todos esos factores ha provocado que a lo largo del pasado ejercicio hayan surgido las primeras manifestaciones de rechazo de los vecinos a los turistas en sitios donde el turismo masivo está generando efectos indeseados: deterioro de las infraestructuras, subida de precios, expulsión de los residentes. Es el caso de Barcelona y Madrid, con barrios literalmente colapsados por turistas atraídos por los precios baratos de las casas de plataformas como Airbnb, o de Ibiza, en el que la excesiva demanda ha llevado a una subida tan exagerada de los precios de la vivienda que han dejado sin acceso a los propios residentes.

En una jornada para hablar sobre destinos masificados, organizada por Mckinsey y the WorldTravel & Tourism Council (WTTC), los hoteleros y los municipios acusaron directamente a las plataformas de economía colaborativa, especialmente a Airbnb, de ser la causante de los brotes de rechazo al turismo que se han producido en España. Hugo Rovira, director general de NH para España, Portugal, Francia e Italia, subrayó que es un debate en el que no hay que demonizar a hoteleros ni a platafromas. “Sería deseable mayor capacidad de escucha y colaboración”. También destacó que sería deseable que las autonomías que han regulado la economía colaborativa, dispusieran también de voluntad y medios para sancionarles por incumplir la ley. “Si regulas, hay que sancionar a los que esquivan la legislación. Airbnb no comparte información con las administraciones y ninguna ha creado un método capaz para establecer multas, tal y como sucede con los controles de velocidad en la carretera”, subrayó Rovira.

Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, denunció que en Madrid han confluido el auge de la economía colaborativa y la explosión de los apartamentos turísticos, que se han duplicado desde el inicio de la crisis. “Hay que poner límites. El 25% de los apartamentos que se están construyendo en Madrid es para explotarlos posteriormente con usos turísticos. La gente de los barrios se está viendo desplazada. Es necesario regularlo y tiene que haber una competencia leal”, remarcó Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels, también reclamó regulaciones proporcionadas y sensatas, no como las que se han realizado en Madrid y Barcelona. En el primer caso criticó una política restrictiva hacia los apartamentos turísticos que posteriormente fue rechazada por las autoridades comunitarias y en el segundo por fijar una moratoria a la concesión de licencias para nuevos proyectos. “Colau optó por prohibir y renunció a regular”, señaló indignado. Sarasola, sin embargo, puso la nota discordante en el discurso de ataque contra Airbnb al acusar al “lobby hotelero” de generar ese clima de rechazo al turista. “La turismofobia ha sido culpa del lobby hotelero que ha criminalizado a Airbnb”, subrayó generando muestras de claro rechazo entre los empresarios asistentes.

Pero las críticas no solo vinieron del sector privado, sino también del sector público. Miguel Sanz, director general de Turismo de Madrid Destino, sociedad perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, denunció que el 90% de la oferta que tiene Airbnb en su plataforma en Madrid es ilegal. “Está realizando una actividad económica cuando en realidad dice que se trata de economía colaborativa. No comparte información con las administraciones. Y esa actitud provoca turismo masivo y externalidades negativas". Por su parte, Marián Muro, directora general de Turismo de Cataluña durante cinco años y actual directora en España del Grupo Juliá, también recalcó que Airbnb rechazó en 2013 el pacto que le propuso Cataluña para regular la oferta de alojamiento colaborativo, que contenía los mismos términos de los que se han firmado recientemente con Londres o Amsterdam.“Propusimos regular el alquiler de vivienda con una condición: la lista de viviendas tenía que tener un número de registro, porque era la única garantía de que el alojamiento estaba cumpliendo con la ley. Lo rechazaron y yo tuve que firmar una multa de 30.000 euros a Airbnb”.

En el acto se presentó un informe elaborado por WorldTravel & Tourism Council (WTTC) con algunas de las recomendaciones que deben seguir algunos de los destinos para aprender a convivir con el fenómeno del turismo masivo. “Más de 1.000 millones de personas van a estar en la clase media en 2030, eso va a provocar que el turismo siga creciendo hasta esa fecha y los destinos van a estar obligados a hacer cosas para gestionarlo”, aseguró Gloria Guevara, consejera delegada de WTTC. El estudio muestra algunas de las estrategias llevadas a cabo por destinos mundiales presionados por el turismo masivo. Todas están relacionadas con limitaciones o con tasas para disuadir la llegada masiva de viajeros. Así ha sucedido, por ejemplo, con la ciudad croata de Dubrovnik, cuyo casco histórico amurrallado, en el que están censados 1.000 habitantes, recibe más de 800.000 cruceristas al año. Para tratar de frenar el turismo masivo se ha propuesto un límite de 8.000 personas al mismo tiempo y un máximo de cruceros atracando en los puertos. En el parque nacional de Milford Track en Nueva Zelanda se ha reducido a 90 el número máximo de personas que pueden acceder en temporada alta o en Amsterdam se está probando a enseñar a los turistas el tiempo de espera que le queda para acceder a la visita en los principales monumentos y los resultados muestran que el 50% cambia su planificación anterior y que el 20% opta por desplazarse a otro lugar.

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