Hacienda y los sindicatos se dan de plazo febrero para pactar el salario de los funcionarios
El Gobierno insiste en que su objetivo es llevar a Consejo de Ministros las cuentas de este año a comienzos de marzo Los sindicatos exigen negociar a partir de la propuesta de septiembre que contemplaba alzas de hasta un 8% en tres años
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se reunieron este lunes con los representantes de los tres sindicatos mayoritarios de funcionarios: CC OO, UGT y CSIF para retomar las negociaciones sobre la mejora de los salarios y las condiciones laborales de este colectivo.
Tal y como explicó Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, la principal conclusión que arrojó el encuentro es que "el Gobierno quiere y necesita llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector público". Por este motivo, ambas partes se han marcado como límite este mes de febrero para poder cerrar un acuerdo que permita a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis y reinstaurar algunos de los derechos laborales y condiciones de trabajo que fueron modificadas en los planes de ajuste aprobados por el Ejecutivo.
Esas serán sus dos principales reivindicaciones, según coincidieron las tres organizaciones sindicales, y sin ellas no será posible suscribir ningún acuerdo. La próxima reunión se celebrará el lunes 12 de febrero y a ella asistirá ya solo la secretaria de Estado de Función Pública por parte del Ejecutivo.
Otro de los compromisos que ha suscrito el ministro de Hacienda es que haya o no presupuestos, que él insiste en que su intención es remitirlos al Consejo de Ministros y después al Parlamento como tarde la primera semana de abril, si se llega a un consenso con los sindicatos de funcionarios, el pacto se aplicará de manera inmediata.
"Hemos insistido bastante al Gobierno en este aspecto porque no queremos que nos ocurra lo que pasó en septiembre", añadió Lacuerda. Se refería de este modo a cómo el Ejecutivo decidió de manera unilateral suspender las negociaciones iniciadas a finales de verano pasado una vez que tuvo la certeza de que los presupuestos de 2017 tendrían que ser prorrogados.
Sobre si alguna de las partes ha movido sus planteamientos de partida, los líderes sindicales coincidieron en que la reunión de este lunes no era el momento para mostrar todavía todas las cartas y sí las líneas básicas.
Así, Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CC OO, advirtió que las organizaciones sindicales se han limitado a explicar al ministro que si en la nueva propuesta del Ejecutivo no se vislumbra una recuperación del poder adquisitivo perdido y se restituye el Estatuto Básico del Empleado Público, "no habrá acuerdo". "No entendemos por qué se han perdido más de dos meses de negociación y, por supuesto, tenemos claro que nuestro punto de partida o suelo es la propuesta salarial planteada por el Gobierno en septiembre pasado", argumentó Fernández.
El Ministerio de Hacienda propuso en septiembre una subida salarial para los próximos tres años (2018, 2019 y 2020) que oscilaría entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8%. El desglose de esta mejora de las retribuciones estaría compuesto por un alza fija del 1,5% para este año, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020. A estos incrementos se les sumaría la parte variable de la mejora que estaría ligada a la evolución de la economía.
De esta manera, la parte variable podría convertirse en un alza adicional del 0,25% este ejercicio, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. Si se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional pasaría a ser del 0,5% este año y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En total, el salario de los empleados públicos se vería incrementado, en el mejor de los escenarios, un 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2020. Unido a los deslizamientos, el Gobierno ya comunicó en septiembre que redondearía al alza los aumentos para que sumaran en 2020 un 8%.
Los sindicatos volvieron a recordarle este lunes a Montoro que la subida salarial de este colectivo no puede estar referenciada a las previsiones que elabora el Ejecutivo, ya que este se puede equivocar o pueden ocurrir imprevistos que hagan, por ejemplo, que la inflación se dispare o no se pueda cumplir con el objetivo de déficit.
Por todo ello insistieron en que su postura de partida serán estas cantidades, "no nos moveremos ni un milímetro hacia atrás", insistieron.
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