Las pensiones no se arreglan con parches

La propuesta de Pedro Sánchez de gravar a la banca es insuficiente: hace falta una reforma integral

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En nuestro país, la política fiscal agita el debate político cuando se anuncian subidas impositivas y se apacigua cuando se proponen amables rebajas en el pago de los impuestos, habitualmente, porque se omite explicar los gastos o inversiones que dejarán de financiarse por la menor recaudación.

En esta ocasión, la propuesta anunciada por el líder socialista, Pedro Sánchez, de crear un impuesto a los bancos para contribuir a reducir el abultado déficit de la Seguridad Social y pagar las pensiones ha vuelto a añadir unos grados centígrados al acalorado ambiente político. Voces de todo tono y timbre han salido a la palestra para defender o arremeter contra la propuesta fiscal escasamente recaudatoria, pero incardinada dentro de un conjunto de medidas para equilibrar los gastos de la Seguridad Social.

El limitado alcance del impuesto a la banca es que la recaudación de este tributo extraordinario no alcanzaría los 1.000 millones de euros –según estiman desde el PSOE-, cuando el déficit de la Seguridad Social escala por encima de los 18.000 millones. Sin embargo, lo que está en juego es el futuro de las pensiones, uno de los principales y más sensibles pilares de nuestro Estado del Bienestar, y eso sin pensar ni siquiera en tratar un horizonte temporal para equiparar el importe de las prestaciones a las pagadas en los países de nuestro entorno.

De hecho, el Tesoro Público prestará este año 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar sus nóminas a los pensionistas, de manera que el Gobierno suma un nuevo préstamo al de 10.192 millones que pidió el año pasado para abonar las extras de las pensiones. Y ambas cantidades se añaden a los 74.437 millones de euros que el Ejecutivo ha sacado del Fondo de Reserva desde 2012. De esta forma, la brecha que Mariano Rajoy ha abierto en el sistema se ensancha hasta los 100.000 millones de euros, al tiempo que los fondos de la “hucha” de las pensiones han menguado a pasos agigantados hasta los 8.000 millones.

Por ello, plantear un impuesto finalista por esa cuantía no parece suficiente, aun añadiéndole la recaudación que se lograría por la tasa que también proponen para gravar las transacciones financieras, por la que el PSOE calcula que podrían ingresarse unos 1.700 millones de euros, y que el propio Gobierno lo contempla si se aplicara a nivel europeo, incluso con una mayor ambición recaudatoria.

No obstante, quienes lo critican advirtiendo de que ambos impuestos los terminarían pagando los clientes, vía comisiones, deberían tener en cuenta que ésta es una opinión por la que nunca se podrían aumentar los impuestos a las empresas, bien porque admiten que no existe competencia en el sector, bien porque consideran que cuando se han aprobado bajadas de impuestos se tendría que haber producido una rebaja en los precios o servicios ofertados, algo que no ha ocurrido.

En cualquier caso, la propuesta fiscal de Sánchez se incluye dentro de una batería de medidas para reducir el déficit de la Seguridad Social. Es decir, no creo que deba concebirse como una solución por sí misma, pero tampoco como un plan descabellado e impertinente, como no pocos quieren hacernos ver.

Pedro Sánchez aludió al “sudor de la frente” con el que los españoles contribuyeron al rescate del sector bancario, alegando que sería “justo” que ahora sea la banca quien ayude a sostener el sistema de pensiones. Como técnico del Ministerio de Hacienda no quiero entrar en la ética, ni en la estética, de decir lo que es de justicia o no. Pero, dando por supuesto que la mejor garantía para la sostenibilidad del sistema público sería la creación de empleo de calidad y el aumento del número de contribuyentes a la Seguridad Social, tampoco considero que haya muchas dudas de que más injusto sería establecer un gravamen extraordinario para los trabajadores en el IRPF, como se está haciendo en Francia, o subiendo impuestos indirectos como el IVA, tal y como propone la comisión de expertos para el nuevo modelo de financiación autonómica. La figura impositiva extraordinaria sobre la banca que propone el PSOE sería un “recargo” del Impuesto de Sociedades del 8%, según ha explicado el secretario de Economía de los socialistas, Manuel Escudero. Y es este mecanismo de articular el gravamen el que puede hacer naufragar ese resultado estimado por los socialistas, dadas las muy reducidas bases imponibles que presentan los bancos, tras los correspondientes ajustes de sus resultados contables; apenas una Base imponible positiva de 10.746 millones y una cuota líquida de 3.050 millones declarada por las 267 entidades crediticias del país de mayor o menor dimensión.

Por tanto, dicho gravamen tendría un efecto recaudatorio mayor si se planteara sobre el resultado contable positivo de las entidades financieras.

En definitiva, el debate político escurre el bulto. Parece encallado frente a un callejón con las salidas tapiadas. El PP no quiere cargar con el peso que le supondría ser el partido que agote la hucha, mientras que los grupos de la oposición tampoco parecen estar en condiciones de alcanzar un gran pacto que garantice el futuro de las pensiones.

Frente a la falta de ingresos para sufragar el gasto, en España urge aprobar una reforma fiscal que se traduzca en un sistema más suficiente y equitativo, ya que uno de los principales problemas actuales es la falta de suficiencia para el mantenimiento del Estado de Bienestar, como se contempla en nuestra Constitución.

Es necesario, pues, plantear una nueva dimensión de la fiscalidad en España. No sólo para aumentar la recaudación, que podría incrementarse en 60.000 millones igualando nuestra presión fiscal a la media europea, sino para que paguen quienes defraudan y más tienen, no quienes más lo necesitan.

Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)

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