Rajoy defiende en Bruselas un impuesto al sector financiero más duro que el del PSOE

El Gobierno sólo contempla una tasa si se aplica a nivel europeo

Reino Unido o Francia han optado por gravar más a la banca

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, conversa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, conversa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

El sector financiero ha desempeñado un papel fundamental en el desencadenamiento de la crisis, pero han sido los poderes públicos y los ciudadanos europeos en su conjunto quienes han tenido que soportar los costes de la misma”. Este es uno de los argumentos que aparecen en la propuesta de directiva que la Comisión Europea presentó en 2013 con el apoyo de once países para fijar un impuesto sobre transacciones financieras (ITF). El texto constata que “el sector financiero en su conjunto ha registrado una elevada rentabilidad”, en parte por la ayuda explícita o implícita de los Estados. España es uno de los once países que defienden esta propuesta de directiva que de momento está paralizada. El ministro de Economía, Luis de Guindos ha defendido este tributo que bebe de la llamada Tasa Tobin y el pasado noviembre reclamó un acuerdo europeo para llevarlo a la práctica. El tributo que figura en la propuesta de directiva es mucho más duro que el propuesto por el PSOE sobre las transacciones financieras.

Aun así, el PP ya ha mostrado su rechazo a la idea del PSOE de establecer nuevas figuras impositivas sobre la banca. El Gobierno entiende que medidas de este tipo deben aprobarse de forma coordinada con la UE para evitar deslocalizaciones y distorsiones mayores de las derivadas del propio tributo.

El PSOE, sin embargo, recuerda que países como Reino Unido o Francia reaccionaron con mayor celeridad y mantienen gravámenes adicionales sobre la banca. La particularidad de la propuesta socialista es que vinculan la creación de dos nuevos tributos al sostenimiento del sistema de pensiones. Un carácter finalista que PP o Ciudadanos han rechazado.

En concreto, los socialistas abogan por fijar un recargo del 8% en el impuesto sobre sociedades que recaería sobre la banca. Se trata de una figura idéntica, con el mismo tipo nominal, que el tributo que ya existe en el Reino Unido. Según el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, el impuesto permitiría recaudar 860 millones.

El otro tributo que propone el PSOEes un impuesto sobre transacciones financieras que se aplicará en la compraventa de activos de empresas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Tampoco aquí el PSOE es innovador. Este tributo existe en Francia, cuyo tipo inicialmente estaba previsto que fuera del 0,1%. Posteriormente aumentó hasta el 0,2% y en 2017 quedó fijado en el 0,3% actual. El PSOE, en su propuesta, se decanta por un gravamen del 0,1%. Según sus cálculos, podrían recaudarse 1.000 millones de euros.

El tributo francés, además, tiene otros componentes que no figuran en la propuesta socialista como gravar las operaciones financieras de alta frecuencia (a muy corto plazo) y seguros de impagos (CDS) sobre títulos de deuda soberana de la UE. Ambas medidas se justificaron para frenar la especulación.

Los opositores a los gravámenes complementarios sobre la banca o al impuesto sobre transacciones financieras argumentan que el coste real acabará repercutiendo en los clientes y recuerdan que, en un mundo globalizado, la capacidad de los inversores para eludir las cargas tributarias es muy elevada. Además, apuntan que un impuesto no puede crearse como ánimo de revancha por la responsabilidad de las entidades financieras en la crisis desatada a partir de 2008.

La propuesta de la Comisión Europea, hoy paralizada y que defiende el Gobierno de Rajoy, es mucho más ambiciosa que el planteamiento del PSOE. Los once países que defendían inicialmente el ITF (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) apostaban por gravar todas las transacciones financieras, es decir, a diferencia de Francia o de la propuesta del PSOE, no se limita a las compañías con mayor facturación. Ante la falta de consenso, los once países que apuestan por el impuesto sobre transacciones financieras manifestaron su voluntad de aplicar la medida a través de la cooperación reforzada, una vía que contempla la legislación comunitaria para sortear la ausencia de unanimidad.

Inicialmente, la Comisión Europea calculó que si los once países aplicaban el impuesto sobre transacciones financieras podrían recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros. De éstos, 4.500 millones le corresponderían a España. Y hubo estudios que elevaron esta cifra hasta los 7.500 millones. En cualquier caso, la salida de Estonia del grupo de once países partidarios del ITF, el brexit y la incertidumbre acerca de las consecuencias de la aplicación de este impuesto dejaron el proyecto en vía muerta. Veremos si resucita.

¿Qué han hecho otros países?

Gravamen bancario. Con la crisis financiera, diversos países pusieron sus ojos sobre la banca. Reino Unido, Francia, Alemania o Portugal aprobaron a partir de 2011 un gravamen bancario, que se aplica con carácter general sobre el pasivo de la banca. Es decir, no tiene en cuenta los beneficios. En España, lo más parecido al gravamen bancario fue el impuesto sobre depósitos bancarios que aprobaron Andalucía, Extremadura o Cataluña. En 2012, Hacienda aprobó este impuesto a escala estatal y con un tipo del 0%, que en 2014 quedó fijado en el actual 0,03%. El impuesto recauda en torno a 240 millones.
ITF. Un informe de la Universidad de Alcalá elaborado por que José M. Domínguez y José M. López Jiménez apunta que Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Rumanía, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza son países que han establecido algún tipo de impuesto concreto a las transacciones financieras. En el caso de Suecia, el impuesto originó la pérdida de buena parte de su sistema financiero. Una experiencia que esgrimen quienes se oponen a la aprobación de un tributo de estas características en España.

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