Santander, Bankia y Caixabank no podrán recuperar la deuda de 1.350 millones de Castor

El Constitucional anula parte del RDL de rescate del almacén siniestrado Energía y la CNMC ya no podrán cobrar a los usuarios la deuda que adquirieron estos bancos

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado parcialmente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en su día por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña y 50 diputados del Grupo Socialista, contra el Real Decreto Ley de octubre de 2014 que establecía el rescate financiero del almacenamiento de gas Castor. Concretamente, el TC ha anulado los artículos 4 a 6 que regulan el sistema compensatorio de la inversión que se había realizado en la planta ubicada frente a las costas Vinaroz (Castellón), que el Gobierno había clausurado un año antes tras los microseísmos que se produjeron con las primeras inyecciones de gas.

Según la sentencia que se conoció ayer, no había justificación para que el sistema de compensación de Castor se aprobara mediante un real decreto ley, pues estos solo pueden aprobarse en caso de situaciones urgentes o de extraordinaria necesidad, por lo que debía haberse tramitado como un proyecto de ley en el Parlamento. Por el contrario, el fallo del Constitucional no pone en cuestión la hibernación ni la extinción de la concesión a Escal UGS (sociedad participada por ACS, con un 66% y la canadiense del mismo nombre, con un 33,3%, que construyó la instalación) que revirtió de esta manera al Estado, que la traspasó a Enagás.

Muy lejos de la creencia popular, estas empresas no tienen que devolver ninguna cantidad, pues ya un par de años antes habían colocado la deuda de la inversión que se le había reconocido (1.350 millones de euros) entre cientos de bonistas, uno de ellos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta entidad y, muy especialmente ACS, se convirtieron en avalistas de estos inversores, en cuyo contrato figuraba que los avales se ejecutarían en el caso de que Castor no entrase en funcionamiento antes de fin de noviembre de 2014. Por tanto, el real decreto ley de octubre de ese año, sí evitó la ejecución de esas garantías, lo que benefició no solo a ACS, sino también al BEI.

La norma reconocía la devolución de los 1.350 millones a los bonistas de Castor, una deuda que pagaría el sistema gasístico (esto es, los consumidores de gas a través de su factura) en 30 años y traspasaba al operador del sistema, Enagás, la concesión de la instalación hibernada y los derechos de cobro de la deuda que se endosó a los usuarios. Sin embargo, la compañía que preside Antonio Llardén, la titulizó o colocó a un alto interés (el 4,3%) a tres grandes bancos: Santander, Caixabank y Bankia. Una colocación “a puerta cerrada”, como criticaron las grandes eléctricas a las que no se dejó titulizar directamente su déficit de tarifa, y previa a la aprobación del RDL, de hecho, ya figuraba en él las condiciones de la colocación; los consumidores están obligados a pagar 80 millones al año, un coste que se calificó de prioritario entre los costes del sistema.

Son por tanto estas entidades las dueñas o cesionarias de una deuda que, tras la sentencia del Constitucional, no tienen derecho a recuperar. Además, deben devolver los 240 millones que han recibido en los tres últimos años. “Ya no hay fundamento jurídico para que el Ministerio de Energía incluya en las tarifas de acceso del gas natural el coste financiero de Castor [los citados 80 millones de euros], ni para que la CNMC se lo liquide a estos bancos”, señalan fuentes jurídicas.

El conflicto, pues, está asegurado. Santander, Caixabank y Bankia podrían exigir responsabilidades patrimoniales al Estado legislador. Y, de perder el pleito, sería el Tesoro (y, por tanto, los contribuyentes) el que pagase la deuda de Castor.

Como bien señala el Ministerio de Energía en una nota de prensa, el TC no cuestiona el fondo del asunto (el fallo no habla de “pagos indebidos”), sino la forma: que el Gobierno debía haber aprobado una ley y no un real decreto ley. Pero, aunque podría subsanar este defecto tramitando una nueva ley, esta opción queda descartada: el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene en la actualidad mayoría absoluta en el Congreso y difícilmente encontraría apoyos sobre un asunto tan polémico y vidrioso como el pago de la inversión de Castor.