REE pagará en efectivo los más de 1.000 millones en que se ha valorado Hispasat

REE financiará la compra “con los dividendos no distribuidos”

El grupo pacta un documento con Nadal para blindar la filial regulada

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Ya sea por las reticencias del ministro de Energía, Álvaro Nadal, preocupado ante las posibles críticas de la opinión pública por la compra de Hispasat por parte de una empresa netamente regulada como es Red Eléctrica (que se financia a través de la tarifa eléctrica), o por una estrategia financiera dirigida a evitar un mayor endeudamiento, la compañía que preside José Folgado ha optado por pagar en efectivo los más de mil millones de euros en que se ha valorado la operación.

 Como mucho, se recurrirá a “un crédito puente”, según fuentes próximas a la misma, para adquirir las participaciones que Abertis y la francesa Eutelsat tienen en la compañía española de satélites.

De esta manera, la matriz del grupo, Red Eléctrica Corporación, tirará de las reservas que, a 31 de diciembre de 2016, ascendían a 2.223 millones de euros. Las mismas fuentes matizan que se trata “más exactamente, de los beneficios que la compañía no ha distribuido como dividendos a sus accionistas”.

Estos sí proceden casi en su totalidad de la actividad regulada del grupo, que representa un 90% de la facturación, y son de libre disposición. A través de los peajes eléctricos, REE recibe unos ingresos (1.743 millones en 2018, según la propuesta de orden de peajes) con los que se le retribuyen sus inversiones y los costes de mantenimiento y operación de las redes. Además, recibe un beneficio (¿rentabilidad más que razonable?) que, en un 70%, reparte entre sus accionistas. Es el 30% restante el que ha generado las reservas que figuran en el balance y de las que saldrían los fondos para pagar la transacción.

El retraso en la compra de Hispasat, cuyas negociaciones -según el entorno de REE-, comenzaron el pasado enero, dos meses antes del lanzamiento de la opa sobre Abertis por parte del grupo Atlantia, se ha atribuido tanto a la batalla que libra el Gobierno (o una parte de él) contra la oferta italiana, con competidora incluida (la de ACS), como al hecho de que sean dos los vendedores de Hispasat: Abertis, con un 57% del capital y Eutelsat, con otro 33,69%. En este sentido, REE mantiene abiertas dos opciones: o compra a cada una su participación, al mismo precio, o Abertis compra el paquete de su socio francés (que tiene desde el pasado julio una opción de venta al grupo español de concesiones de autopistas) y posteriormente, REE compra por separado ambos paquetes, que suman el 90,74%.

Sin embargo, tras la demora se encuentra el empeño del ministro Nadal de blindar al máximo la actividad regulada de REE y de que esta no quede contaminada por el nuevo negocio del grupo. Una separación de actividades a la que obliga la Ley del Sector Eléctrico desde 1997 y que en REE dicen cumplir más que sobradamente. De hecho, mantiene desde hace años una filial internacional, con la que controla varias eléctricas en Perú y Chile. Según esta norma, REE “tiene un objeto social único, exclusivo y excluyente.

Pese a todo, el ministerio y sus abogados negocian desde eprincipios del pasado verano con REE la firma de un documento que, en realidad, viene a subrayar las obligaciones legales de la matriz de REE respecto a su filial regulada, Red Eléctrica de España. “Estamos viendo propuestas de la empresa de cómo cumplir con estos requisitos”, indican desde el ministerio.

Según fuentes empresariales, la compañía ha dado el visto bueno a la última versión remitida por el departamento de Álvaro Nadal, que exige que lo firme como paso previo a la compra de Hispasat a sus propietarios privados (casi un 10% de la sociedad está en manos públicas). Se trata de un memorándum que formará parte del contrato de compra para evitar que las actividades del TSO queden contaminadas por el nuevo negocio de REE, que adquirirá Reintel, la filial que gestiona los 32.000 kilómetros de fibra óptica que compró en 2015 a Adif.

Según fuentes del Ministerio de Energía, el documento establece “que tienen que ser negocios totalmente separados; que la actividad financiera de ambos tiene que estar perfectamente separada y que el capital de una empresa no puede verse afectado por la otra”. Esto es, que “si hubiese pérdidas en el negocio satelital estas no mermaran el del sistema eléctrico”.

Y añade que “la sociedad regulada debe ser diferente del resto de sociedades; tendrían que tener rating separados en la deuda; no puede haber avales de la deuda de una sobre la otra ni préstamos entre ellas”. Lo que ocurra en el negocio no regulado no pueda afectar al negocio regulado.

Por el momento, la operación no ha pasado por el consejo de administración de REE, y únicamente ha analizado el valor estratégico de un nuevo negocio, el de satélites.

Notificación a la CNMV

Todo apunta a que la compra de Hispasat por parte de REE se producirá antes de que termine el incierto proceso de opas sobre Abertis. Y con ella, el ministro de Energía se quedará sin una de las bazas con la que ha venido a presionar a Atlantia: que la compra de Abertis, por tener el control de la empresa española de satélites que ofrece servicios, entre otros, al Ministerio de Defensa, requiere de la solicitud administrativa previa de Atlantia. Así se lo ha hecho saber a la propia CNMV, a la que ha advertido que, sin dicha solicitud, la oferta “es defectuosa”.

Otro argumento para exigir a los italianos que pasen por la ventanilla del Gobierno, es que Abertis es concesionaria de autopistas del Estado. Ambas razones han sido rechazadas por la propia CNMV, que entiende que se trata de una simple cambio de propiedad de las acciones de Abertis, que seguirá manteniendo la concesión y seguirá bajo la regulación española.

Esta actitud choca con las reticencias que están mostrando no solo en REE, sino en el propio Ministerio de Energía sobre la obligación de notificar, llegado el momento, la compra de Hispasat a la CNMC. Una obligación que distintas fuentes jurídicas consultadas no ponen en duda.

En REE consideran que no es necesaria la notificación porque quien adquiere Hispasat no es la sociedad regulada. Sin embargo, la Ley de Creación de la CNMC, en su adicional 9ª, se refiere también a las matrices de empresas reguladas. Aunque se trata de una simple notificación, el organismo supervisor podría imponer condiciones a la compra.

La venta de la empresa de satélites sorteará el deber de pasividad de Abertis

Abertis está dispuesta a hacer caja soltando el 57% de Hispasat a pesar de encontrarse inmersa en un proceso de opas. Fuentes empresariales apuntan que la dirección que encabeza Francisco Reynés estima que la operación apenas variará la valoración del grupo, a la vista de la aportación del operador de satélites a la cuenta de resultados. La filial presidida por Elena Pisonero entregó el año pasado 175 millones de ebitda de los 3.240 millones declarados por Abertis.

Pero el económico no es el único argumento que sostiene la posibilidad de vender sin transgredir el deber de pasividad que corresponde a Abertis en medio de las opas de Atlantia y Hochtief. La concesionaria lleva un año negociando la colocación de Hispasat a REE, abriendo los contactos poco antes de que Atlantia se acercara al conglomerado catalán para comunicar sus planes de opa. Y desde el punto de vista estratégico, Abertis considera que la gestión de órbitas satélites escapa de su actividad principal como operadora de autopistas. La existencia de un comprador también evita que la empresa tenga que hacerse cargo del 33,7% del accionista francés Eutelsat, a la que se reconoció una opción de salida por 302 millones.

El grupo opado decidió en septiembre guardarse el nuevo plan estratégico 2018-2020 para evitar contrastar su proyecto con el que propone Atlantia. Pero no ha eludido mantener un fuerte ritmo inversor lo largo del año: en junio y agosto acordó mejoras en las concesiones argentinas por 680 millones de dólares a cambio de plazo concesional, y previamente se había reforzado en el capital de A4 Holding y Sanef.

Derecho de veto

El estatus de empresa estratégica que el Estado concedió a Hispasat por acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 1997, tras la concesión del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria, se ha convertido en la principal herramienta en manos del Gobierno para tratar de supervisar la venta de Abertis. Conocido su derecho de veto a un cambio accionarial en Hispasat, la italiana Atlantia ya dijo que estaba dispuesta a poner la empresa en manos públicas. Se trataba de no ir al choque con el Estado.

La germana Hochtief, por su parte, declaró a Hispasat activo transferible para aligerar la carga económica de su opa. Con todo, esta última, filial de ACS, ha pedido autorizaciones al Gobierno para la toma de control de Abertis, sus concesiones e Hispasat. Un trámite por el que no ha pasado Atlantia. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó ayer durante su intervención en el foro Nueva Economía que “si los servicios jurídicos y la Abogacía del Estado dicen que tienen que solicitar autorización, nuestra obligación es pedirla, y es lo que estamos trasladando a la CNMV”.

Una orden “sencilla de entender”

Los servicios jurídicos de Fomento y Energía, apoyándose en la legislación sobre concesiones, en el blindaje público de Hispasat y en un informe de la Abogacía del Estado, han concluido que Atlantia necesita el plácet del Gobierno para comprar Abertis. De hecho, han pedido a la CNMV que anule la autorización concedida en su día a la opa del grupo italiano y le pida la citada autorización. El ministro de Fomento aseguró ayer que el deber de supervisión del Gobierno es una cuestión “sencilla de entender”.

El regulador bursátil tiene un mes para contestar los requerimientos de los dos ministerios, pero todo parece indicar que mantendrá la decisión de autorizar la opa italiana. El desencuentro puede acabar con un contencioso- administrativo interpuesto por el Gobierno.

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