La CNMV reclama más mujeres y jóvenes en los Consejos de Administración

Exige más claridad en las retribuciones variables en las sociedades cotizadas

La OCDE pide a los consejos una mayor implicación de los inversores institucionales

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Las normas de buen gobierno en España fijan como objetivo prioritario la diversidad de género, de tal manera que el 30% de los integrantes del consejo de administración de una compañía deberán ser mujeres en 2020. Una meta de la que se encuentran actualmente lejos las sociedades españolas. “Estamos bastante estancados. El porcentaje de mujeres en las empresas que cotizan en el IBEX 35 es del 19,7%”, ha apuntado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, durante la clausura de la conferencia Global Corporation Center, organizada por la Fundación EY y el IE Business School. Además de esa posición de retraso resaltó el hecho de que solo el 4% de las mujeres en los Consejos de Administración son ejecutivas. “El resto son todas externas”, remarcó. Pero el principio de diversidad que marca el Código de Buen Gobierno va mucho más allá del género y establece objetivos de diversidad en la edad, que España tampoco cumple. “Los estatutos no deben marcar la edad máxima de un consejero, pero hay propuestas interesantes, como la promovida en Francia, que establece que un tercio no debe exceder de los 70 años”, ha apuntado. En su opinión, las sociedades españolas están al mismo nivel que las del resto de países desarrollados: la edad media del consejo es de 60 años, frente a los 62 de EE UU o los 58 de media en Reino Unido, Francia o Italia. “Lo que hemos detectado es que en algunas cotizadas la media es de 69 años”, ha subrayado.

Albella aprovechó su intervención para criticar el excesivo sobredimensionamiento de los consejos de administración en España y reclamar un adelgazamiento. “El número de consejeros debería estar entre 5 y 15; la media en España es de 13,5. La cifra idónea sería entre ocho y diez. También reclamó mayor nivel de detalle tanto en las retribuciones a los consejos mediante planes de pensiones o instrumentos de ahorro a largo plazo como de la retribución variable que perciben.

En el acto también intervino, aunque por videoconferencia, el director general de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Pierre Poret, que reclamó un esfuerzo adicional a los consejos de administración de las sociedades para que impliquen a los inversores institucionales en el gobierno corporativo de las empresas. “Hay una reconcentración de la propiedad de las empresas. El 90% está en manos de inversores institucionales y es necesario implicarlos en las decisiones estratégicas”, apuntó. Rafael Piqueras, secretario del consejo de Enagás, remarcó también la importancia de tener una política de buen gobierno alineada con los inversores. “Hasta hace pocos años, los grandes fondos de inversión eran pasivas en las juntas o no votaban. Ahora han pasado a ser activos y cuenta con el apoyo de los proxy advisors (asesores en materia de gobierno corporativo). De hecho el 58% de los votos de la última junta de Enagas procedió de inversores institucionales”, ha subrayado.

Otro de los problemas detectados a la hora de aplicar políticas de buen gobierno es el gran número de normas en la materia y el exceso de regulación que sufren algunos sectores. Es el caso del sector financiero, en el que además de la supervisión del Estado también están sometidos a la inspección del Banco Central Europeo. “Estamos sometidos a una complejidad normativa brutal”, ha señalado el secretario general del consejo de administración de Banco Santander, Jaime Pérez Renovales. En su opinión, el principal cambio que se ha producido en materia de buen gobierno es que antes no había sanciones por no aplicarlo y ahora sí lo hace. “El supervisor examina la política de riesgos de la entidad o las conductas de comercialización. Si considera que la sociedad no esta bien administrada, puede reclamar requisitos adicionales de capital por defectos de buen gobierno”, ha señalado.

La información no financiera es otro de los aspectos más novedosos de las distintas legislaciones en materia de buen gobierno. “Las empresas estamos obligadas a presentar en nuestras memorias la información necesaria para entender e impacto de nuestra actividad en cuestiones sociales, medioambientales o en derechos humanos”, ha remarcado Mari Luz Medrano, vicesecretaria del Consejo de Administración de Telefónica. Una información que antes quedaba en un segundo plano frente a los datos económicos y que ahora ha ganado protagonismo. “Ahora se valoran los informes de gobierno corporativo para invertir o desinvertir”, ha señalado el secretario del Consejo de Enagás.

El sector público también ha estado representado por Concepción Ortiz, secretaria general del Consejo de la SEPI, quién ha subrayado la complejidad que afronta la aplicación del gobierno corporativo en un sector excesivamente condicionado por la disposición presupuestaria. “Esta marca si podemos subir las retribuciones, si podemos contratar y las líneas de la negociación colectiva”, ha remarcado. En su opinión, el principal reto al que se enfrentan los consejeros de una entidad pública es delimitar su responsabilidad en la toma de decisiones. “En el ámbito civil existe la culpa in vigilando (culpa en la vigilancia) y en el ámbito penal aparece la figura de cooperador necesario, que puede ser aplicado a los abogados que nos asesoran”, ha concluído.

Normas