El futuro judicial del ciudadano Puigdemont

Ante la estrambótica situación creada por los independentistas, solo queda esperar la respuesta de los tribunales

Carles Puigdemont
El expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Dejen actuar a la justicia, critiquen si quieren sus tiempos, pero no la Justicia. Como profesor de Derecho siempre me han horrorizado aquellas voces que dicen no creer en la Justicia. Sin ella, ¿qué somos como sociedad, qué nos queda, dónde asirnos? La situación creada por los independentistas en Cataluña cada vez se vuelve más estrambótica. Tragicómica. Sin responder ya ni siquiera a ninguna partitura. Todo es una farsa, volátil, cambiante, como un suflé que eclosionó en la nada. Pero cuidado con las euforias. Cuidado con subestimar al nacionalismo. Las ideas y las ideologías nos cambian a todos. Miren la radiografía soberanista en solo cinco años ante una misma sociedad y unos mismos políticos.

Más allá de que todo huele a pacto y ciertas componendas entre unos y otros, incluidos los antitéticos, pues cómo se explica un artículo 155 tan descafeinado o suave con una aplicación tan liviana en las formas, fondos y tiempos y convocatoria electoral inminente que puede no desbloquear nada, al contrario, cómo una DUI que parece ser lo que es pero al mismo tiempo se enmascara en ambigüedad perenne, quién debe ahora actuar es la justicia. Sin que interfieran connotaciones mediáticas ni políticas. La querella del fiscal y el más que seguro procesamiento y subsunción de la calidad de investigado de los principales actores de todo este esperpento empieza a abrirse paso. Sedición, rebelión, malversación, etc, son delitos que se imputan a Puigdemont y a miembros de su Gobierno y del Parlamento de Cataluña.

Algunos juristas ya apuntan ciertas dificultades de imputar por delito de rebelión al expresidente catalán. No así los demás. Es obvio que la noción violencia ha de entenderse en un ámbito amplio, genérico. No tanto violencia física, cuanto violentar las instituciones. Que es lo que se hizo en verdad. Tergiversar funciones, competencias y legalidades a través de las instituciones, creando una falsa y aparente legalidad paralela a través de normas autodenominadas de desconexión y transición. De lo que no cabe duda es del delito de sedición, como tampoco aquellas votaciones del 6 y 7 de septiembre donde unánimemente, presidenta del Parlamento, mesa y los 72 diputados presentes votaron al unísono. No así, el viernes pasado, donde gráficamente votaron no una serie de diputados y otros tres votaron no pero sin que se sepa quiénes más dos en blanco. De nada sirvió la advertencia cierta y contundente de los letrados del Parlamento. Se ignoraron deliberada y groseramente. Del delito de malversación, nos remitimos a cómo, de repente, en el procesamiento a Artur Mas, tal delito se diluyó en las otras figuras. Curiosamente el que podría haber llevado a prisión al procesado.

Judicialmente sí es muy posible que, de abrirse procesamiento, acabe en la cárcel el ya ciudadano Puigdemont, como también que en no mucho tiempo hubiera un indulto. Una prisión no solo para él sino también para otros políticos que han sido pieza clave en todo lo sucedido. Esto no era un capricho de niños consentidos. Pero cada vez parece que lo fue y se quiere que así sea. Sorprende que un ministro diga que el Gobierno vería con buenos ojos que Puigdemont fuere candidato el 21 de diciembre. ¿A qué jugamos? Pues a contentar a todos. O dicho de otro modo, a apaciguar a la opinión pública, volver a adormecerla. Anestesiarla. A seguir jugando con los ciudadanos. Unos y otros. Estado débil, Gobierno débil, nación adormecida es sinónimo de tormenta perfecta cuando la osadía y el arrojo sin escrúpulos saltan a la palestra. Y como siempre, todo llega demasiado tarde. Y si hoy estamos en este punto, y esto no ha terminado todavía, y alguna componenda habrá y alguna concesión y privilegio vendrá, al tiempo, ha sido más fruto de la pasividad y la improvisación.

Tuvo suerte en tres ámbitos el Gobierno y se encontró con algo que no esperaba. La intervención del jefe del Estado, más que simbólica, esencial para frenar esta deriva, la reacción espontánea de miles de españoles que por vez primera se han sentido públicamente orgullosos de sus símbolos y las manifestaciones espontáneas en plazas de pueblos y ciudades ya el día 30 de septiembre. No controladas por ninguno de los partidos políticos, los mismos que instauraron el régimen del 1978 y que ahora fenece. Alumbremos uno nuevo, con inteligencia y valentía como la de nuestros padres y abuelos, pero no le cortemos las alas con un bipartidismo imperfecto y apisonador como se hizo. Las virtudes de la transición democrática acabaron en los vicios de los partidos políticos.

¿Quién dijo asilo? No, no hay bases para el mismo.

Abel Veiga es profesor de Derecho de la Universidad Comillas.

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