Puigdemont se atrinchera en Bruselas a pesar del Gobierno belga

El expresidente de la Generalitat desconfía de la imparcialidad de la justicia española El primer ministro belga le advierte que será tratado "como cualquier ciudadano europeo"

El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que acepta la decisión del gobierno central de convocar elecciones catalanas para el próximo 21 de diciembre pero que su intención es permanecer en Bruselas hasta que se le garantice "un juicio justo" en España, una condición que, en su opinión, no se da en estos momentos.

Los exconsejeros del Govern que le acompañaban sí tomaron un avión de vuelta a Barcelona a última hora de la noche y varios de ellos avanzaron su intención de comparecer ante la Audiencia Nacional, que les ha citado a todos el jueves.

La presencia del expresidente en Bélgica amenaza con provocar un conflicto interno en el gobierno del país (una coalición de liberales y conservadores con independentistas flamencos) y en desencadenar una crisis diplomática con España.

Puigdemont llegó el lunes por la mañana a Bruselas, pocas horas antes de que la fiscalía presentase una querella contra él acusándole de rebelión, sedición y malversación de fondos. El expresidente ha asegurado este martes, durante una multitudinaria rueda de prensa, que su presencia en Bruselas se debe al hecho de que "es la capital de Europa" y que "el viaje no tiene nada que ver con Bélgica".

El mismo lunes, sin embargo, se reunió con un abogado belga especializado en procesos de extradición y conocido por su éxito en frenar el traslado a España de una persona acusada de pertenencia a ETA.

El abogado ha confirmado el encuentro y su disposición para defender al ex presidente en caso de que se quede a residir en Bélgica e intente resistirse a responder ante la justicia en España. Puigdemont dejó claro en la rueda de prensa que esa es su intención porque, asegura,"no se dan las condiciones [para volver a España]", un país donde, según aseguró, se le persigue "por las ideas y por llevar a cabo nuestro programa electoral".

La intencion de Puigdemont de esquivar o dilatar, en la medida de lo posible, el proceso judicial en España contrasta con su aceptaación de la convocatoria de elecciones en Cataluña. El expresidente ha asegurado en Bruselas que apoya la cita en las urnas y que confía en una victoria de los independentistas, aunque se pregunta si "el gobierno y el Partido Popular respetarían una derrota"  de los constitucionalistas.,

Nada más conocerse las intenciones de Puigdemont, el primer ministro belga, el liberal Charles Michel, ha emitido un comunicado subrayando que el expresidente catalán "no está en Bélgica ni por invitación ni a iniciativa del gobierno belga". Michel ha señalado que Puigdemont será tratado como cualquier ciudadano europeo, "con los mismos derechos y deberes, ni más ni menos".

Las palabras de Michel intentan desactivar un conflicto diplomático con España que viene fraguándose desde el referéndum de independencia que la Generalitat intentó celebrar el pasado 1 de octubre. Los rifirrafes se han sucedido después de que varios miembros independentistas del gobierno de Michel expresaran su "admiración" por la consulta planteada por Puigdemont y que sugirieran la posibilidad de que el ex presidente del govern pidiese asilo tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.

Desde la llegada de Puigdemont a Bruselas, el gobierno belga ha evitado escrupulosamente cualquier contacto oficial con el ex presidente, que se ha encontrado en la ciudad, junto a los consejeros que le acompañan, sin ninguna agenda de reuniones más allá de los encuentros con los eurodiputados del PdCAT y de la comparecencia organizada a salto de mata durante la mañana del martes en el club de prensa internacional en Bruselas.

El gobierno de Michel, sin embargo, no tendrá fácil librarse de Puigdemont, que puede permanecer en el país hasta tres meses sin dar explicaciones a las autoridades y acogiéndose a la libre circulación de personas prevista en la UE.

Puigdemont, además, parece dispuesto a calibrar desde Bélgica la conveniencia o no de acudir a los requerimientos de la justicia española. En caso de resistencia, las autoridades españolas tendrían que cursar una orden europea de detención y entrega. En teoría, esa orden debe ejecutarse a los 10 días si el detenido acepta el traslado o a los 60 días si se resiste, siempre y cuando los jueces locales acepten la extradición. Pero Bélgica figura, junto a Alemania, entre los países con un ratio más bajo de personas entregadas por peticiones de detención recibidas.