Demanda civil
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Presentan la primera demanda civil por el colapso de Popular

Una particular que acudió a la ampliación de capital de 2016 reclama 9.996 euros

Su abogado alega que la entidad captó fondos utilizando información falsa

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popular, intervenido el pasado junio y vendido por un euro simbólico a Banco Santander dejando sin dinero a sus accionistas y bonistas, presenta un nuevo frente.

Por primera vez, una firma particular ha presentado una demanda civil reclamando el dinero que invirtió en la entidad en la ampliación de capital que Popular celebró en junio de 2016, más los intereses generados desde entonces.

En concreto, solicita que se le abonen 9.996 euros. Su abogado, Felipe Izquierdo, que acompañó a la organización de consumidores OCU en la querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del extinto banco, considera que la vía civil es compatible con la penal.

Así ocurrió, recuerda, con el caso Bankia, donde el Tribunal Supremo ya ratificó que salió a Bolsa utilizando información no veraz en un procedimiento civil que devino en un proceso de devolución generalizada a los inversores particulares, mientras que el juicio oral por la causa penal está pendiente de abrirse.

Izquierdo considera probado que Banco Popular amplió capital, por 2.500 millones de euros en junio de 2015, utilizando también información que no era fiable, como demostraría la propia comunicación de Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado abril, informando de errores en las cuentas del ejercicio anterior.

Los argumentos de la demanda

“En el folleto de la ampliación, el Banco Popular estima unas pérdidas para el ejercicio 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros, es decir, existió un resultado manifiestamente contrario al publicitado en el folleto, elevándose el desfase en nada más y nada menos que en 1.485 millones de euros (un 75% más), pudiendo concluirse por tanto que los datos económicos publicitados en el folleto eran como mínimo gravosamente inexactos”, recoge la demanda, al a que ha tenido acceso este diario.

“Si lo anterior fuera poco, que desde luego no lo es, resulta que en fecha 3 de abril de 2.017, el Consejo de Administración del Banco Popular comunica a la CNMV un Hecho Relevante en el que reformulan las cuentas de 2.016 ahondando en mayores pérdidas y desvelando otra serie de importantes irregularidades”, prosigue el documento, recordando que la entidad evitó pese a todo reformular las cuentas del año anterior.

La “reformulación las nuevas cuentas las tendrían que firmar el nuevo presidente y sus nuevos consejeros y desde luego, el señor Saracho por nada del mundo quería asumir futuras responsabilidades (civiles y/o penales) de su antecesor en el cargo señor Ron (12 años de presidente)”, argumenta.

Las circunstancias de la compra

La demandante es una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos “que en 11 años de existencia jamás había adquirido acciones de clase alguna”, reza el texto remitido al juzgado. Sin embargo, al acudir a su sucursal de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a solicitar un crédito de 100.000 euros para la compra de un camión, asegura la demanda, “tanto el comercial como el director de dicha oficina bancaria le exponen la conveniencia de suscribir acciones de la ampliación de capital”.

Como resultado, la demandante adquirió 6.630 acciones de Banco Popular el 20 de junio de 2016, con un coste de 8.287,50 euros, al que hay que añadir 1.709,32 euros correspondientes a la compra de derechos realizada el 7 de junio de 2016. En total, 9.996,82 euros que reclama, por vicio en el consentimiento, junto a los intereses generados y las costas

Otras vías judiciales en marcha

La demanda civil presentada será previsiblemente la primera de muchas. En opinión de Izquierdo, es el camino más fácil y rápido para aquellos que acudieran a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, mientras, aduce, que los accionistas más antiguos deberán esperar a ver si la investigación que pueda abrirse por la vía penal demuestra irregularidades anteriores a la del folleto de aquella operación.

El propio Izquierdo, de la mano de la OCU, ha presentado una querella criminal contra le excúpula de Popular en la Audiencia Nacional, medida que permite interrumpir la prescripción para las reclamaciones, expone.

En paralelo, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, o el despacho Durán & Durán, también emprendieron actuaciones por la vía penal. 

Más allá, esta misma semana trascendía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha comenzado a aceptar los recursos presentados por accionistas de Banco Popular. Para Izquierdo, esta última es la principal alternativa para los grandes inversores de la entidad, aquellos que no podrán alegar que desconocían la situación real de la entidad o que debían fiarse únicamente de la información del folleto.

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