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La venta del Popular llega a los tribunales europeos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite a trámite el recurso contra la JUR El banco fue vendido por un euro

Emilio Saracho, último presidente del Banco Popular
Emilio Saracho, último presidente del Banco PopularPablo Monge

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite el recurso que interpuso la OCU contra la JUR (Junta Única de Resolución) por la decisión de intervenir en el Banco Popular y la posterior compra de esta entidad bancaria por parte del Santander. A pesar de ser previsible (salvo fallo en la forma todas las denuncias son admitidas) este será la primera vez que la venta del banco es juzgada por una corte internacional.

La desolución de la Junta Única de Resolución y del FROB provocó que la entidad presidida, en ese momento, por Emilio Saracho fuese vendida en cuestión de horas, por un euro al Banco Santander. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han mostrado su satisfacción con esta admisión al considerar que esta resolución es “un paso más para conseguir que los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión recuperen su dinero, así como una compensación por el perjuicio sufrido”.

Desde la OCU han recordado a aquellos inversores y accionistas minoritarios afectados que pueden sumarse a la plataforma de Movilízate. Hasta el momento, más de 19.500 afectados se han puesto en contacto con la Organización a través de esta plataforma.

Varias querellas de la OCU

Esta no es la primera denuncia por la compra del Popular que es admitida a trámite. El pasado 17 de julio, la Audiencia Nacional también aceptaba la querella interpuesta por la OCU contra la resolución del FROB. En el auto, el tribunal también solicitaba al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que presentase ante la misma sala en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refería el acto impugnado.

Además de estas dos causas, la OCU también se querelló contra la antigua cúpula del Banco Popular a los que acusaba de falsedad contable y fraude contra los inversores y solicitaba que se instruyese una causa para investigar el colapso de la entidad.

También desde esta organización rechazaron la oferta que el Banco Santander realizó a los inversores que acudieron a la última ampliación de capital de la entidad colapsada y que les permitía recuperar su dinero siempre que renunciasen a emprender acciones legales contra el banco, al considerar que “encubría un acuerdo extrajudicial”.

No solo la OCU denuncia

Además de la OCU distintas organizaciones se han querellado contra la compra del Popular. La Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) través del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el despacho Durán & Durán emprendieron acciones legales exigiendo dilucidar las posibles responsabilidades penales de la desaparición del banco y compensar a quien ha perdido su dinero.

La Aemec señaló al último presidente, Emilio Saracho, y a uno de los principales inversores de Popular, el grupo de la familia Del Valle, al que acusaban de haber apostado a la baja contra la acción. El bufete Durán & Durán presentó una denuncia penal contra Saracho por su “fuerte vinculación con Banco Santander” y con JP Morgan, firma de la que fue vicepresidente hasta que llegó a Popular, y a la que se contrató para el fallido proceso de venta del banco.

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