Las acusaciones penales por el fin de Popular se arman desde tres frentes opuestos
Los denunciantes chocan entre sí al apuntar a Ron, Saracho, al FROB o a Santander Aemec convoca una Asamblea de accionistas de Popular para este jueves
La Audiencia Nacional ha recibido ya dos denuncias y una querella por la precipitada resolución de Banco Popular, ante la pérdida causada a sus más de 305.000 accionistas con la desaparición de los títulos y la venta de la entidad a Banco Santander por un euro simbólico.
En solo dos días, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la asociación de accionistas Aemec, a través del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el despacho Durán & Durán emprendieron acciones legales exigiendo dilucidar las posibles responsabilidades penales de la desaparición del banco y resarcir a quien ha perdido su dinero.
Sin embargo, cada uno de los tres ha acudido a la Justicia con muy distinto argumentario, lo que deriva en tres tesis judiciales que reflejan en parte los reproches cruzados entre los exresponsables del banco.
Mientras unos acusan de la debacle a la cúpula de Popular de la etapa en que estuvo presidido por Ángel Ron (hasta el pasado febrero), otros cargan contra su sucesor, Emilio Saracho, y hay quien subraya las relaciones de este con Santander y JP Morgan o el papel de las autoridades. En paralelo los afectados ultiman un aluvión de acciones civiles para recuperar el dinero y la asociación Adicae prepara un recurso contencioso administrativo contra autoridades como el FROB o la JUR.
La primera denuncia la presentó el 8 de junio (un día después de la venta del banco a Santander) el abogado Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, en calidad de secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que acudió a la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional para solicitar que se investigue lo que él define como la “incautación” de Popular.
La denuncia sostiene que “Ron fue víctima del turbulento proceso de destrucción del banco puesto en marcha” por el grupo inversor mexicano de la familia Del Valle, que asumen que apostó a la baja contra la acción; la consejera Reyes Calderón, como su portavoz, y Saracho, como gestor de la entidad hasta su disolución.
Bajo esta tesis, Cremades representa ya a cientos de accionistas minoritarios y a otros de calado, como la Unión Europea de Inversiones, compuesta por familias ligadas al Opus Dei, que era miembro de la sindicatura de accionistas de Popular –cercana a Ron– y del consejo. El colectivo también se plantea actuar contra las autoridades públicas que avalaron la resolución.
Un día después, la OCU registró ante la Audiencia una querella criminal contra Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios. Les acusan de falsedad contable y fraude contra inversores, poniendo el foco en la ampliación de capital de 2.500 millones que Popular hizo en 2016, año sobre cuyas cuentas ha admitido errores millonarios.
Finalmente, aquel mismo viernes 9 de junio, el abogado Miguel Durán, exdirector general de la ONCE que creó el bufete Durán & Durán con su sobrino, presentó una denuncia penal contra Saracho, centrando el tiro en su “fuerte vinculación con Banco Santander” y con J.P. Morgan, firma de la que fue vicepresidente global hasta hacerse cargo del banco español, y a la que, bajo su presidencia, se contrató para el fallido proceso de venta previo a la resolución.
“Es de todo punto sospechoso que tras su nombramiento como presidente de Banco Popular”, reza la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, Saracho contratara lo servicios “precisamente de la compañía que le acababa de indemnizar”, con unos “86 millones de euros”, para mediar en la venta del banco por 20 millones más el 1% del importe de transacción. Durán, que representa ya a un millar de accionistas, también cuestiona que “la venta haya recaído por un euro en la que fue la anterior compañía para la que trabajó” Saracho.
El juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia entre otros, decidirá qué hacer con las distintas (y a veces opuestas) acusaciones.
Aemec convoca una asamblea de accionistas
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha convocado una Asamblea de accionistas de Banco Popular que se celebrará este jueves 22 de junio a las 19.30 horas en ESNE Escuela Universitaria de diseño, Innovación y tecnología, en la madrileña avenida de Alfonso XIII.
Aemec convoca a todos los interesados en acudir, con un aforo máximo de 400 personas que se espera completar dado que hay más de 300.000 accionistas de Banco Popular que perdieron toda su inversión el pasado miércoles 7 de junio, cuando la entidad fue resuelta por las autoridades europeas y vendida a Banco Santander por un euro simbólico.
La cita supondrá el mayor encuentro de afectados por el fin de Popular desde la desaparición de la entidad y desde Aemec explican que el objetivo es facilitar a los interesados la información que no han facilitado las autoridades y avanzar las líneas maestras de la estrategia judicial que seguirá la asociación.
