El desmantelamiento de la central de Garoña costará más de 300 millones

La planta tiene que construir un almacén individual para sus residuos

Enresa será la titular mientras se desmantele pero el emplazamiento volverá a Nuclenor

central nuclear garoña

Una vez despejadas las dudas sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, a la que el Gobierno ha denegado la renovación del permiso de explotación, sus propietarias, Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor, se disponen a colaborar en el desmantelamiento de la planta burgalesa, del que se ocupará la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Según fuentes próximas a esta compañía pública, el coste de la gestión de los residuos de Garoña y su desmantelamiento superaría los 300 millones de euros. La única planta que se ha desmantelado tras un cierre ordenado (un caso aparte es el de Vandellós I, que se cerró en 1988 tras un grave accidente), ha sido la de José Cabrera o Zorita, propiedad de Gas Natural Fenosa. El proceso en este caso se presupuestó en 170 millones, pero, según las mismas fuentes su coste ha alcanzado los 260 millones.

Una vez que el Ministerio de Energía publique la orden con la denegación del permiso de Garoña y, previo informe del CSN, aquel autorizará el plan de desmantelamiento de la central. Se inicia entonces un periodo de predesmantelamiento, en el que Nuclenor deberá extraer de la piscina el combustible gastado, altamente radiactivo, que depositará fuera de la central. Asimismo, deberá enviar al almacén de El Cabril, de Enresa, los residuos de baja y media actividad.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó en su día a Garoña la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos, que se ubicará en el exterior de la planta, a la vista de la demora en la construcción del ATC (almacén centralizado) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El ATI recibió el año pasado la declaración de impacto ambiental (DIA), del Ministerio de Medio Ambiente, así como la licencia de obra del ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña. Dicha licencia se otorgó para un presupuesto de 12 millones, que incluye el coste del almacén y el de los primeros cinco contenedores, según Enresa. Con una capacidad para 32 bidones o 6.000 toneladas de residuos, el ATI podrá utilizarse hasta un máximo de 10 años.

Sobre esta cuestión, hay quien teme que las instituciones vascas, especialmente, la Diputación de Álava, las que “realmente han logrado el cierre de Garoña, tras presionar a Iberdrola y a cambio de apoyar los Presupuestos del Gobierno para 2018”, según fuentes políticas, rechacen la construcción del ATI.

De no ser así, según los contratos estándar firmados entre Enresa y las eléctricas, el proceso seguirá su ruta. El denominado predesmantelamiento durará seis años, tiempo necesario para que se reduzca la radiactividad y permita trabajar con seguridad. Aunque Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, este plazo no se descuenta de los citados seis años, “porque se trataba de una para programada y no un cese de la actividad y el agua ha estado circulando”.

Respecto al desmantelamiento en sí, del que se ocupará Enresa (el “explotador responsable” al que se traspasará la titularidad de la central transcurridos esos seis años), no hey un plazo fijo, aunque Enresa suele calcularlo en 10 años.Por tanto, la clausura definitiva no llegará antes de 2033. El proceso requerirá de una DIA y la autorización prevista en el Tratado de Euratom, donde se evalúa el posible impacto transfronterizo.

En el caso de Zorita, se prevé que los trabajos terminen en 2018 (el más delicado, el desmontaje de la vasija del reactor se realizó en 2015), si bien, el problema de de esta planta es que el ATCpueda estar en funcionamiento ese año para poder trasladar a él los residuos radiactivos, más de 2.000 toneladas, la mitad de baja y media intensidad.

Con la declaración de clausura, previo dictamen del CSNE, las eléctricas recuperarían el emplazamiento, que no dejará de ser de su propiedad. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de fijar restricciones al uso de los terrenos. En el caso de los de Zorita, Gas Natural ha manifestado en alguna ocasión su intención de levantar en ellos una central de ciclo combinado. Pocos confían en que se pueda volver a construir en ninguno de ellos otra nuclear.

La plantilla se lamenta

El comité de empresa de Garoña desmintió ayer en un comunicado que el Ministerio de Energía haya acordado con los trabajadores un plan social sobre el mantenimiento del empleo con pre-jubilaciones o recolocaciones, como aseguró su titular, Álvaro Nadal, el martes. “Hay acordada una declaración de intenciones con mecanismos para negociar, pero llegar a un acuerdo “razonable” dependerá de Nuclenor”.

El anuncio del cierre definitivo de la central “ha llenado de tristeza y decepción a los trabajadores”, pues “se trata de “una decisión político-económica y no técnica” que “ha generado una gran inquietud, por la incertidumbre que se abre”, añade. Garoña mantiene una plantilla de 235 personas tras la jubilación de más de más de un centenar.

4.000 millones para gestión de residuos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) dispone de un fondo de más de 4.000 millones de euros para la gestión de los residuos del parque nuclear y el desmantelamiento de las centrales cuando el Gobierno o el CSN (sus dictámenes negativos son vinculantes). Se trata de aportaciones de las eléctricas a través de distintas tasas sobre los residuos o la generación eléctrica.

El último (y sexto) Plan Nacional de Residuos se aprobó en 2006 y, aunque la ley exige que se revise cada cuatro años, ningún Gobierno en este tiempo ha aprobado el séptimo plan. Según el todavía vigente de hace más de una década, los fondos necesarios para abordar la gestión de los desechos atómicos de las centrales nucleares españolas y su desmantelamiento son de unos 13.000 millones, frente a los citados 4.000 millones.

De esos fondos han salido las ayudas para los municipios afectados por el cierre de Garoña que, a fecha de 6 de julio de 2013, aprobó Rodríguez Zapatero cuatro años antes, en 2009, y que nunca se llevó a cabo. Según fuentes políticas, la comarca del Valle de Tobalina, recibió, al menos en los tres primeros años, 25 millones anuales que libró el antiguo Ministerio de Industria. Entre los planes del entonces ministro, Miguel Sebastián, figuraba un parador y una fábrica de separación de residuos, presupuestada en 80 millones, que nunca vieron la luz.

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