Polonia se juega 100.000 millones en fondos europeos por su deriva política

Bruselas advierte de consecuencias presupuestarias si Varsovia viola el Estado de derecho

El país de Kaczynski es el que más ayudas recibe en toda la UE

"Cadena de la luz" en Varsovia, organizada por la oposición, contra los cambios en la ley judicial y la Suprema Corte. EFEBARTLOMIEJ ZBOROWSKI
"Cadena de la luz" en Varsovia, organizada por la oposición, contra los cambios en la ley judicial y la Suprema Corte. EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Polonia es el país de la UE con más fondos estructurales asignados para el período 2014-2020 y el quinto receptor de subsidios agrícolas. Un aluvión de más de 100.000 millones de euros que podría empezar a secarse si el gobierno polaco de Beata Szydlo mantiene su enfrentamiento con Bruselas y la Comisión Europea concluye que Varsovia está violando los valores esenciales de la UE.

Este mismo miércoles, 26 de julio, la Comisión Europea tiene previsto estudiar la activación contra Polonia del artículo 7 del Tratado de la UE, un instrumento jamás utilizado y que permite durísimas sanciones políticas contra el país que viole los valores fundamentales del club europeo. Bruselas acusa al Gobierno polaco de intentar acabar con la independencia del sistema judicial del país y de poner en peligro el Estado de derecho.

El presidente polaco, Andrzej Duda, ha anunciado este lunes que vetará parte de la reforma judicial, maniobra que intenta evitar el choque frontal con la CE o, al menos, ganar tiempo. Bruselas se ha limitado a señalar que toma nota de la decisión de Duda y el miércoles analizará la situación.

Varsovia, en cualquier caso, confía en librarse del castigo político con la ayuda de aliados como Hungría. Pero si se confirman los cargos, Polonia puede sufrir unas represalias presupuestarias difíciles de asimilar para un país en el que los fondos estructurales de la UE equivalen al 2,7% de su PIB anual y suponen el 54% de la inversión pública, según un reciente informe de la CE.

Las cantidades pendientes de cobro en los próximos tres años son considerables, porque a diciembre de 2016, Polonia solo había absorbido el 22% de los fondos asignados para los siete años del período presupuestario.

Impulso millonario

86.100 millones de euros en fondos estructurales tiene asignados Polonia hasta 2020. En el período anterior (2007-2013) recibió 68.000 millones de euros, cifras gigantescas para un país con un PIB de menos de medio billón de euros. Desde que ingresó en la UE (en 2004) Polonia ha doblado su PIB. Y con los fondos del período actual, Varsovai espea constriir o modernizar 3.900 kilòmetros de carreteras y 2.2450 kilómetros de ferrocarril, entre otras infraestructuras.

"Todo el clima que se está creando en torno a Polonia tendrá efectos muy adversos en la discusión presupuestaria", advirtió la semana pasada la comisaria europea de Mercado Interior, la polaca Elzbieta Bienkowska. "Estoy segura de que [el conflicto] acabará trasladándose al debate presupuestario", añadió Bienkowska, que llegó a Bruselas en 2014, designada por el anterior gobierno polaco del partido Plataforma Cívica, hoy en la oposición.

Las palabras de Bienkowska, aparentemente ambiguas, aluden con claridad a las múltiples vías de castigo económico de que dispone la UE. Una amenaza que Bruselas todavía no ha invocado de manera oficial, pero que aparece cada vez con más frecuencia en los mensajes dirigidos al gobierno polaco.

Los principales líderes europeos, desde Merkel a Macron, y desde Tusk a Juncker, han recordado a Polonia que no puede aspirar a ser la gran beneficiada del presupuesto comunitario y, al mismo tiempo, saltarse las normas fundamentales del club.

Algunos juristas comunitarios sostienen que la aplicación a rajatabla del artículo 7, si llegara a aprobarse, podría llevar aparejado el recorte de fondos de cohesión y de los subsidios agrícolas. Pero incluso sin llegar a ese extremo, sobre el que no hay unanimidad, la amenaza económica sobre Varsovia va ganando peso a medida que el partido en el poder, Derecho y Justicia, acentúa su deriva política hacia modelos que Bruselas considera inaceptables.

El brexit (salida del Reino Unido de la UE) ofrece la vía más inmediata de castigo porque la retirada de Londres provocará un agujero presupuestario de más de 10.000 millones de euros. Bruselas ya ha advertido de que el boquete obligará a recortar varias partidas, entre las que figuran en primer lugar las que más benefician a Polonia.

La mera bajada de los flujos hacia Varsovia podría poner en dificultades a un Gobierno que basa gran parte de su éxito en un aumento del gasto social. Las cuentas públicas ya acusan el impacto de programas como el de apoyo a las familias (115 euros al mes por cada hijo), que en 2017 supondrá un gasto equivalente al 1,2% del PIB polaco, según los datos de la CE.

La CE calcula que, con las previsiones actuales, Polonia podría rebasar el límite del déficit público (3%) en 2018 o 2019. Una infracción al Pacto de Estabilidad que también expondría al Gobierno polaco a un recorte de fondos estructurales si se resistiera a acatar las instrucciones de Bruselas.

A más largo plazo, la amenaza que se cierne sobre Polonia también es doble. Por un lado, Berlín y París pretenden reforzar la vigilancia sobre los valores democráticos y vincular el desembolso de los fondos europeos a un estricto respeto a los derechos fundamentales. Bruselas no ve con buenos ojos esa reforma, por temor a que los países se enzarcen en batallas ideológicas, pero los cambios podrían abrirse paso si la deriva de Polonia se acentúa.

Más peligroso para Varsovia puede resultar la orientación de los fondos hacia un reparto por objetivos y méritos sin asignaciones nacionales en función de la renta. Ese es el modelo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, el llamado Plan Juncker, en el que Polonia aparece claramente rezagada en relación con su PIB.

Cuando ya se ha movilizado el 66% de los 315.000 millones de euros en inversión previstos en el Plan, Polonia solo ha captado 1.800 millones de financiación (para una inversión total de unos 6.500 millones), menos de la mitad que España (4.500 millones de financiación para una inversión de 28.000 millones).

Bruselas no oculta su deseo de extender el modelo del plan Juncker a una parte de los fondos estructurales, un cambio que se espera aplicar en primer lugar en las regiones más desarrolladas pero que, en función del baremo que se utilice, podría dejar a parte de Polonia sin el derecho automático a fondos multimillonarios.

El castigo más visible previsto en el artículo 7 es la suspensión del derecho de voto en las instituciones comunitarias, lo que convertiría al gobierno polaco en un paria a nivel europeo.

Los procedimientos para llegar a esa humillación son largos y requieren al menos un voto unánime de los otros 27 Estados miembros, por lo que parece imposible que puede llegar a materializarse en un Consejo donde se sientan otros gobiernos euroescépticos como el de Reino Unido o Hungría

Pero la parte preventiva del artículo 7 no requiere la unanimidad. Puede activarse con el voto favorable de cuatro quintos de los socios, es decir, 22 Estados, y con el consentimiento del Parlamento Europeo, mediante mayoría absoluta de la cámara (376 votos) y dos tercios a favor de los votos emitidos.

Con ese mecanismo preventivo, el Consejo Europeo daría por sentado que en Polonia existe un "riesgo claro de violación grave" de los valores de la UE, enumerado por el Tratado como "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

La 'bomba nuclear' de la UE

Al artículo 7 del Tratado de la UE se le califica a menudo como la 'bomba nuclear' de las instituciones europeas porque parece pensado para ser solo esgrimido como arma disuasoria. Bruselas nunca se ha atrevido a invocarlo, pero el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, aseguró la semana pasada que en el caso de Polonia "estamos muy cerca de recurrir al artículo 7.

El castigo más visible de ese artículo es la suspensión del derecho de voto en las instituciones comunitarias, lo que convertiría al gobierno polaco en un paria a nivel europeo.

Los procedimientos para llegar a esa humillación son largos y requieren al menos un voto unánime de los otros 27 Estados miembros, por lo que parece imposible que puede llegar a materializarse en un Consejo donde se sientan otros gobiernos euroescépticos como el de Reino Unido o Hungría.

Pero la parte preventiva del artículo 7 no requiere la unanimidad. Puede activarse con el voto favorable de cuatro quintos de los socios, es decir, 22 Estados, y con el consentimiento del Parlamento Europeo, mediante mayoría absoluta de la cámara (376 votos) y dos tercios a favor de los votos emitidos.

Con ese mecanismo preventivo, el Consejo Europeo daría por sentado que en Polonia existe un "riesgo claro de violación grave" de los valores de la UE, enumerado por el Tratado como "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". Y a partir de ese momento, el gobierno polaco quedaría sujeto a la vigilancia del Consejo Europeo, que "comprobará de forma periódica" el respeto de Varsovia a los derechos fundamentales de la UE. Toda una intervención política comparable a la que soportan los países sometidos a vigilancia presupuestaria reforzada. Pero con un impacto en la opinión pública potencialmente muchísimo mayor.

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