La banca espera concesiones en la ley final de regulación bancaria

El sector da por hecho que la trasposición de Mifid 2 facilitará el cobro de incentivos

Las asociaciones de usuarios, lideradas por Adicae, se oponen

Luis de Guindos, ministro de Economía. pulsa en la foto
Luis de Guindos, ministro de Economía.

España, y también otros países europeos, va con retraso. La supuestamente revolucionaria directiva europea Mifid 2 para que los mercados financieros funcionen mejor, aprobada en mayo de 2014 y prevista para su entrada en vigor el pasado enero, ni siquiera ha sido sometida a consulta pública. La fecha límite oficial venció el pasado 3 de julio.

La misión es que esta norma, una trasposición de la europea aunque el Gobierno cuenta con margen para realizar modificaciones de calado, esté lista antes de que finalice el presente ejercicio, para que entre en vigor el 3 de enero de 2018.

El plan inicial del Ministerio de Economía es publicar el texto casi definitivo, a falta de los últimos retoques y de eventuales modificaciones en su tramitación parlamentaria, este mismo mes, según fuentes financieras conocedoras de la situación. Si bien, existe la posibilidad de que se aplace a septiembre.

La cartera que pilota Luis de Guindos ya diseñó una suerte de esquema de cómo elaboraría la adaptación de la directiva a la normativa española. Este fue sometido a consulta preliminar el 15 de marzo y el plazo concluyó el 3 de mayo. En la normativa final será capital para el sector financiero cómo se regula el cobro de incentivos por la venta de productos.

El objetivo es publicar el texto este mismo mes, aunque se abre la puerta a que se retrase hasta septiembre

Una directiva delegada restringe a tres supuestos la capacidad de las entidades –léase, bancos y empresas de servicios de inversión– de embolsarse una parte de las comisiones del fabricante del producto en concepto de un incentivo para su venta.

Fuentes del sector dan por hecho que se introducirá un cuarto supuesto, como han solicitado las patronales financieras. La Asociación Española de Banca (AEB) ya especificó que la regulación debe considerar “las redes de distribución como son las oficinas o el esfuerzo digital (internet o teléfono), que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes”, como explicó a este periódico su portavoz, José Luis Martínez Campuzano.

En la patronal, defienden que debe darse una facilidad a esa red de sucursales con personal formado y con herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente.

Desde la asociaciones de usuarios, entre las que destaca Adicae, que ha mantenido una reciente reunión sobre este tema al más alto nivel, se mantiene una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que una entidad cuente con una amplia red. Así, fuentes conocedoras de las negociaciones prevén que Economía sea ecuánime: se dará más libertad al sector pero al tiempo se respetará el espíritu de la directiva original.

Los fondos de inversión son uno de los productos que más dinero dejan a los bancos. Las gestoras ingresaron el año pasado 2.238 millones de euros en comisiones de gestión y de este dinero, entregaron 1.432 millones de euros, el 64% del total, a los distribuidores. Los grandes grupos financieros a través de sus poderosas redes de oficinas son los grandes beneficiados.

CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankia suman un patrimonio en fondos españoles de más a 160.000 millones de euros a través de sus gestoras. Es el 64% de los más de 251.000 millones del total de la industria a cierre de junio.

Los incentivos estarán justificados si “no benefician directamente a la empresa receptora, sus accionistas o empleados sin un beneficio tangible para el cliente en cuestión”. Este deberá disfrutar de “la prestación de un servicio adicional o de nivel superior”. Y habrán de cumplir alguno de los tres puntos de la directiva.

Primero, que se ofrezca asesoramiento –no independiente pues en el independiente está prohibido el cobro– de productos de terceros y no solo propios, y que se comparen sus características. Segundo, también bajo asesoramiento, cuando la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.

La tercera posibilidad, que permite la venta sin necesidad de asesorar se refiere a dar acceso “a un precio competitivo, a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente satisfagan las necesidades del cliente”, así como otros servicios que le ayuden a adoptar decisiones de inversiones.

Reino Unido presiona para irse después

  • Las peticiones del sector fueron avaladas por varios de los países de la UE. El gran triunvirato de la Unión –Alemania, Francia y Reino Unido– logró que el 23 de junio del año pasado se aplazara un año la entrada en vigor de la segunda edición de la directiva primigenia directiva Mifid, operativa desde finales de 2007. Uno de los estados que más insistió en el retraso fue Reino Unido, que ese mismo día votó en referéndum abandonar la UE.
  • La trasposición de Mifid 2 requerirá de varios reales decretos y una avalancha de circulares por parte de la CNMV. Entre los nuevos poderes que la norma otorgará al supervisor que preside Sebastián Albella está el de “suspender la comercialización o venta de instrumentos financieros” cuando se cumplan determinados requisitos.
  • La obligación de ofrecer productos de terceros para cobrar incentivos es uno de los fantasmas de las entidades financieras españolas, que consideran que gestoras ajenas, principalmente extranjeras, se aprovecharán de sus sucursales.
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