Nadal también revisará a la baja la rentabilidad de las grandes eléctricas

La fórmula de revisión es la misma que las de las renovables

La normativa protege a las redes de una caída brusca y pronunciada

Recorte a las renovables
Álvaro Nadal, ministro de Energía, en el Congreso de los Diputados el miércoles. Efe

El revuelo generado por las declaraciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, donde reconoció su disposición a recortar “la rentabilidad razonable” de las energías renovables a partir de 2020, se ha extendido a las grandes eléctricas tradicionales (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España Viesgo y Red Eléctrica). Y es que la fórmula de cálculo y revisión de dicha rentabilidad para las actividades reguladas (la distribución y, en el caso de REE, el transporte de electricidad) es la misma en términos generales que la de las energías verdes.

 No obstante, en el caso de las redes de distribución y transporte en alta tensión, el recorte no sería ni tan pronunciado ni tan brusco como el que se le avecina a las renovables (del 7,38% al 4,1%, aproximadamente, según datos de hoy), ya que las redes están protegidas legalmente con unos límites.

Eso sí, tanto en el sector eléctrico tradicional como en el de las renovables coinciden sin fisura en que la modificación de la rentabilidad de todos estos activos “no puede ser automática”, como sostiene el Ministerio de Energía, sino que requerirá del trámite de una ley, que tendrá que aprobar un Parlamento en el que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta.

Según el punto 4 del artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico, que fue modificada en 2013, la retribución “de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de energías de origen renovable, cogeneración y residuos”, así como “la de la producción en los sistemas extrapeninsulares, se fijará teniendo en cuenta el ciclo económico, la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada” por periodos de seis años.

En ambos casos, esta rentabilidad se fijó por seis años (hasta el 31 de diciembre de 2019) teniendo en cuenta el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos (para las redes eléctricas) y 300 puntos básicos (en el caso de las renovables). Teniendo en cuenta el hundimiento del interés del bono en este tiempo, y la intención del Gobierno de no tocar el diferencial (una variable que sí puede modificar), este considera que, sin mover un dedo, la rentabilidad caerá automáticamente.

Más allá de la discrepancia jurídica entre las empresas y el ministerio (el citado artículo de la Ley Eléctrica señala que si no se revisan mediante una norma con rango de ley, los actuales parámetros retributivos “se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio siguiente”), lo cierto es que la distribución y el transporte tienen un colchón que frenará la caída.

En este sentido, un reglamento posterior, que también fija la obligación de aprobar una ley, establece que el ministerio podrá fijar el valor del diferencial que determinaría la nueva rentabilidad de las redes. Para ello tendrá en cuenta que se trata de una actividad regulada de bajo riesgo (de ahí que se le apliquen ahora 200 puntos básicos, frente a los 300 puntos de las renovables) y tendrá en cuenta la evolución del ciclo económico, la demanda prevista y los costes de financiación de las empresas de transporte y distribución, teniendo en cuenta los de las empresas europeas del sector.

En ningún caso -y esto es lo que lo diferencia de la regulación de las renovables- “la variación de la tasa de retribución financiera empleada entre dos años consecutivos podrá ser superior en valor absoluto a 50 puntos básicos”. De ser así, como así se prevé, se diferirá en el número de años necesarios para no superar ese límite. En otras palabras, la rentabilidad razonable de las redes (ahora del 6,5%) no bajaría bruscamente en 2020 como la de las renovables, sino que el recorte de la rentabilidad se diferiría en los siguientes seis años (como máximo, un 0,5% anual).

Nueva polémica

El debate está servido. Fuentes del sector de renovables critican un sistema de revisión, según el cual, se podría llegar a reconocer más rentabilidad a las redes de distribución y transporte, siendo actividades de menor riesgo (funcionan en régimen de monopolio), como señala la propia normativa. Por otro lado, consideran que la evolución del rendimiento de las obligaciones del Estado “no refleja el ciclo económico, sino la salud de las cuentas públicas”.

También entre las grandes de Unesa consideran desfasado un mecanismo. “ideado de urgencia para acabar con el déficit de tarifa”. En su opinión, este sistema debería ser provisional y no una atadura para los próximos años”.

Se da la circunstancia -recuerdan en el sector-,que el Gobierno de Mariano Rajoy argumentó que el mecanismo “era un blindaje, por si ganaba el PSOE las elecciones”.

Una bajada de la luz que la ley prohíbe

En su comparecencia de la semana pasada en el Congreso, Álvaro Nadal reconocía por primera vez públicamente su intención -vía pasividad- de bajar la rentabilidad de las renovables a partir de 2020. Una medida que, según sus palabras, permitiría bajar la parte regulada de la factura de la luz entre un 5% y un 10%.

Esta afirmación irritó en el sector, pues la ley prohíbe destinar los excedentes que se generen en el sistema otra cosa que no sea amortizar la abultada deuda eléctrica. Sorprende una afirmación tan engañosa del ministro, “que conoce bien la ley”, señalan en el sector. De hecho, ha decidido destinar el actual superávit (más de mil millones de euros) a las indemnizaciones derivadas de sentencias y laudos. Una medida que ha tenido que incluir en la Ley de Presupuestos de este año, una norma con el rengo suficiente para cambiar la Ley Eléctrica.

u Otra cuestión, que el ministro esté dispuesto a cambiar la ley para poder bajar los peajes con cargo a los superávit, como el que se derivaría de un fuerte recorte de la rentabilidad de las renovables. En tanto no lo haga así, la luz no puede bajar. Hay quien asegura que la lectura es la contraria, esto es, “que si no procede a nuevos recortes, tendría que subir los peajes entre un 5% y un 10%”, dado que se agota el margen de los ingresos por los impuestos a la generación.

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