Nadal quiere recortar a casi la mitad la rentabilidad de las plantas renovables

Energía transmite que la retribución bajará a partir del año 2020 Las empresas dicen que para ello hay que cambiar la ley, y el ministerio, que es automático

Parque fotovoltaico y eólico.GETTY IMAGES

En reuniones mantenidas en las últimas semanas entre el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y empresarios del sector de las renovables, el alto cargo del ministerio que dirige Álvaro Nadal comunicó a sus interlocutores la intención del Gobierno de promover un recorte de “la rentabilidad razonable” que la ley garantiza actualmente a las energías verdes.

Frente a un 7,39% para las plantas que recibían primas a la producción de electricidad antes de la reforma eléctrica de 2013 y un 7,5% para las posteriores a dicha reforma (una mínima parte del total), la rentabilidad se situaría (a valores de hoy) entre el 4,1% y el 4,3% a partir del 31 de diciembre de 2019, según fuentes políticas.

Una intención que explicaría el aviso a navegantes que el ministro lanzó la semana pasada a los pequeños inversores fotovoltaicos que son captados por empresas que prometen una alta rentabilidad (ni más ni menos que la que garantiza ahora la ley), a los que recomendó no invertir en proyectos o participar en las subastas de capacidad dirigidas, según sus palabras, a profesionales. La alarma se ha traducido, de momento, en la investigación abierta por el Banco de España y la CNMV a una pequeña compañía, Parques Solares de Navarra, a petición del propio ministro.

Más allá de las consecuencias económicas para el sector, el Gobierno ha suscitado un importante debate por el cómo quiere sustanciar este nuevo recorte. La normativa que regula el enrevesado sistema de retribución de las renovables aprobado por el Gobierno del PP en 2013, que se basa en parámetros, permite modificar el relativo al valor sobre el que gira la rentabilidad razonable garantizada por la propia Ley del Sector Eléctrico.

Esta fijó un primer periodo regulatorio para las renovables que comenzó en julio de 2013 (fecha en que se aprobó el real decreto-ley sobre la reforma) y termina el 31 de diciembre de 2019. El segundo periodo comenzará por tanto el 1 de enero de 2020. Para el primer periodo, la rentabilidad se calculó con el rendimiento del bono del Estado a 10 años en los 10 años anteriores a la aprobación de dicho RDL más un diferencial de 300 puntos básicos, de donde se deriva el 7,39% que rige desde entonces para casi todas las plantas.

La ley eléctrica (en su artículo 14) permite, no obstante, la revisión de dicho parámetro retributivo antes de que comience el siguiente periodo, el 1 de enero de 2020. De lo contrario, “se entenderán prorrogados [los parámetros y, por tanto, la actual rentabilidad] para todo el periodo siguiente”. Y añade que estos cambios “se fijarán por ley”.

Como la fórmula para fijar la rentabilidad razonable será siempre “un índice de referencia más un diferencial”, y el índice se quedó incluido en la norma, al Gobierno le queda la potestad de fijar el diferencial. El citado índice de referencia sigue siendo el rendimiento del bono a 10 años en los dos años previos al mes de mayo anterior al del inicio del nuevo periodo regulatorio. Esto es, la media entre mayo de este año y mayo de 2019.

Interpretaciones

El Ministerio de Energía interpreta que, dada la caída en este tiempo del interés del bono y, de no proceder a ningún cambio legal para aumentar el actual diferencial de 300 puntos básicos, la rentabilidad de las renovables caerá a algo más del 4% (cálculo sobre los índices actuales). De esta manera, defiende una interpretación de la ley que le permitiría rebajar automáticamente la rentabilidad sin mover un dedo.

Sin embargo, las empresas niegan la mayor y consideran que, si el Gobierno no cambia la ley, la rentabilidad actual (los citados 7,39% y 7,5%) se prorrogaría más allá de 2020. Porque, aunque la normativa ya incluye la referencia a aplicar, esta por sí sola no se prorroga. “Estamos hablando de un parámetro, el de la tasa de rentabilidad, que tiene dos componentes que no se pueden disociar, la referencia y el diferencial, por lo que para su modificación es necesario tramitar un proyecto de ley en las Cortes Generales antes del 1 de enero de 2020”, aseguran fuentes empresariales. En otros ámbitos jurídicos reconocen que la normativa se presta a interpretación.

Al parecer, el Gobierno quiere evitar la tramitación de proyecto de ley en el Parlamento, pues ello le obligaría a buscar apoyos. Pero, ¿qué partidos políticos estarían dispuestos a apoyar al Grupo Popular en un recorte semejante al sector de las renovables, que ya sufrió un importante tajo en 2013? Máxime cuando el primer laudo dictado por el Ciadi sobre un arbitraje contra dicho recorte ha resultado condenatorio para Reino de España.

¿Una reforma eléctrica agotada?

 

De la posición revisionista del Gobierno sobre la retribución de las energías verdes dan cuenta los comentarios que ha remitido a la UE sobre la nueva directiva de renovables, que adelantó el sábado CincoDías. Frente a la posición de la directiva de prohibir medidas retroactivas que impacten negativamente en los proyectos, España propone eliminar dicha prohibición.

 

 

En su lugar, plantea que se “adapten las remuneraciones a las circunstancias del mercado” o a “marcos legales de los Estados” vigentes cuando se concedió la ayuda. En resumen, que los incentivos no se congelen toda la vida útil de la planta, se puedan revisar y así lo tengan en cuenta los inversores cuando afronten los proyectos.

 

 

Con esta posición favorable a nuevos recortes, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, deja entrever que la reforma eléctrica con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso atajar el problema del déficit de tarifa (esencialmente, con recortes a las renovables, subidas de tarifa y la creación de impuestos energéticos) resulta insuficiente y el margen del sistema eléctrico se agota. Aunque el recorte rondó los 3.000 millones de euros, los incentivos a las renovables aún supera los 6.000 millones de euros. Además, hay varios peligros al acecho: el recurso de las eléctricas contra los citados impuestos o el coste de nuevos laudos favorables a los inversores internacionales que denunciaron los recortes de 2013.