Reglamento 'Volkswagen'

La UE verificará las emisiones de los vehículos en circulación: multas de hasta 30.000 euros

Cada país deberá revisar al menos 1 de cada 50.000 automóviles al año

El proyecto de Reglamento sobre homologación de vehículos se pactó ayer por los ministros de Industria de la UE

La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, conversa con el viceministro de Industria y Comercio checo, Vladimir Bartl, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo de Competitividad en Bruselas (Bélgica) hoy, 29 de mayo de 2017. EFEStephanie Lecocq
La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, conversa con el viceministro de Industria y Comercio checo, Vladimir Bartl, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo de Competitividad en Bruselas (Bélgica) hoy, 29 de mayo de 2017. EFE/Stephanie Lecocq EFE
Bruselas / Madrid

Europea verificará el nivel real de emisiones de los automóviles puestos en circulación y podrá imponer multas a los fabricantes de 30.000 euros por cada coche que emita por encima de los límites legales impuestos, según el proyecto de Reglamento sobre homologación de vehículos pactado ayer por los ministros de Industria de la UE.

La normativa actual sólo impone controles previos a la comercialización, una exigencia que se considera muy limitada tras el descubrimiento en EE UU del fraude en los motores diésel de Volkswagen. “Dos años después del escándalo, seguimos oyendo acusaciones, revelaciones e investigaciones. Es hora de que tengamos un sistema de homologación creíble y a prueba de fraudes”, señaló la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska.

Estas pruebas se realizan en laboratorio y suelen diferir de media en un 30% respecto del nivel de emisiones de los vehículos en situación de conducción real por la propia concepción del análisis y lo que se examina.

Sin embargo, el dieselgate abrió la sospecha de que, tal y como hizo la marca alemana, otros fabricantes hayan instalado software en sus centralitas que manipula las emisiones de gases contaminantes cuando los vehículos están en el banco de pruebas del laboratorio. Es por ello que la iniciativa de medir las emisiones en condiciones reales está acelerando su aprobación.

Por primera vez, la Comisión Europea podrá realizar sus propios controles e imponer multas a fabricantes e importadores por cada vehículo que incumpla. Bruselas no ha podido sancionar de ningún modo a Volkswagen por el caso de la manipulación porque esta potestad estaba en los países sede de la compañía (Alemania para Volkswagen o España para Seat). Bruselas no era competente hasta ahora.

El nuevo Reglamento, cuya versión definitiva debe negociarse con el Parlamento Europeo, prevé que cada país verifique al menos uno de cada 50.000 vehículos matriculados. 

Bruselas considera que la norma “garantizará que los fabricantes cumplen de manera estricta con los con los requisitos de seguridad, medio ambiente y fabricación”. Pero el número de controles pactados por los ministros hace dudar que sea suficiente para verificar el nivel real de emisiones del parque automovilístico. Por ejemplo, España solo tendría que examinar 29 vehículos al año.

En el caso de Volkswagen, por ejemplo, apenas se controlarían 70 vehículos de los casi 3,5 millones que vende en Europa al año.

El Parlamento Europeo reclama un umbral de controles mucho más alto, de hasta el 20% de los vehículos matriculados. Y fuentes comunitarias confían en que, durante el regateo que ahora se inicia entre los ministros y los europarlamentarios, la cifra final de controles se eleve un poco.

Financiación indirecta

El Reglamento también modificará el sistema de retribución de los controles técnicos de homologación. Ahora, los fabricantes pagan directamente a los servicios encargados de verificar el nivel de emisiones previamente a la puesta en circulación del vehículo. Bruselas considera que esa relación comercial se presta a un conflicto de interés porque los servicios técnicos podrían suavizar los controles o hacer la vista gorda para no perder a sus clientes.

La nueva norma obligará a los Estados a imponer a los fabricantes una tasa de homologación, cuyos ingresos se destinarán a retribuir a los servicios técnicos encargados de la homologación. La CE confía en que esa financiación indirecta rompa los vínculos comerciales entre empresas de homologación y fabricantes de automóviles.

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