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Mitos, verdades y mentiras en el impuesto sobre sucesiones

Se atribuye al tributo un supuesto alud de cambios de residencia El aumento de la renuncia de herencias no se debe al impuesto

Alejandro Meraviglia

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo relativamente menor por recaudación, pero se ha convertido en la figura fiscal más controvertida. Existe una plataforma que propugna su supresión llamada Stop Impuesto de Sucesiones, en los últimos meses se han celebrado en Andalucía y Asturias manifestaciones con miles de personas clamando por su derogación y programas de televisión de máxima audiencia han dedicado horas de emisión mostrando los casos de familias que aseguran que el gravamen les ha arruinado la vida.

La percepción de que el impuesto sobre sucesiones supone una doble imposición –pagas por bienes por los que tus padres ya tributaron– es uno de los factores que contribuye a su mala fama. Los partidarios de su derogación defienden que el impuesto está generando un alud de cambios de domicilio de comunidades autónomas que aplican el impuesto hacia otras que lo tienen bonificado. También argumentan que se trata de un impuesto anacrónico, que se bate en retirada en la mayoría de países y que está detrás del incremento exponencial de las renuncias de herencias.

Buena parte de los contribuyentes considera injusto el impuesto al entender que provoca una doble tributación”

¿Es todo esto cierto? Los datos sugieren que los partidarios de suprimir el tributo exageran sus efectos. Estos son los mitos, las verdades y las mentiras sobre el impuesto de sucesiones.

Gravar fiscalmente las herencias no es nuevo. En el Reino Unido, por ejemplo, ya en 1694 se estableció un gravamen sobre la sucesión. En España, el tributo actual tiene un antecesor inmediato en el impuesto general sobre sucesiones de 1967, aunque se puede buscar un origen remoto en la manda pía forzosa, un tributo sobre las herencias que se fijó en España y sus colonias durante la Guerra de la Independencia.

Los partidarios de suprimir el impuesto de sucesiones suelen argumentar que se trata de una figura fiscal anacrónica, que ha desaparecido en muchos países. Sin embargo, ello no es exacto. La mayor parte de sistemas tributarios de Estados desarrollados grava las herencias.

Lo que sí es cierto es que el impuesto ha perdido importancia y en muchos países de la UE, como Italia o Portugal, la recaudación no llega al 0,1% del PIB. En el caso español, el impuesto sobre sucesiones aporta 2.780 millones, un 0,3% del PIB, una décima más que la media de la UE. En el Reino Unido, la recaudación supone el 0,2% del PIB. Bélgica con un 0,7% y Francia con un 0,6% son los dos Estados de la UE_que más recaudan.

“Cada año, 40.000 andaluces se empadronan en Madrid para no pagar el impuesto sobre sucesiones”. Este dato lo ha repetido el PP de Andalucía en su campaña para reclamar la derogación de un tributo sobre el que los gobiernos autonómicos tienen amplia competencia. Juanma Moreno, líder del PP en Andalucía, denunció en Twitter este supuesto éxodo fiscal.

Madrid es una comunidad que mantiene bonificado al 99% el impuesto para herencias y donaciones entre familiares directos. En cambio, Andalucía aplica el tributo para legados que superan los 250.000 euros. ¿Es creíble que 40.000 andaluces se empadronen al año en Madrid para evitar el impuesto? No. Si fuera cierto, significaría que, en cuatro años, el equivalente a una ciudad como Cádiz se hubiera desplazado a Madrid. Los últimos datos del INE indican que, en 2015, 12.588 andaluces se trasladaron de Andalucía a Madrid y 8.103 siguieron el camino contrario. Es más probable que los cambios de residencia se deban a motivos labores, familiares y hasta amorosos antes que fiscales. Hay que tener en cuenta que la legislación establece que en las herencias se aplicará, con carácter general, la legislación de la comunidad autónoma en la que el difunto hubiera vivido más tiempo en los últimos cinco años.

Que los datos desmientan que existan cambios masivos de domicilio por motivos fiscales no significa que no se produzcan. Los asesores fiscales confirman que el fenómeno existe, especialmente en familias con elevados patrimonios y con recursos suficientes para fijar su domicilio fiscal –que no siempre coincide con el real– allí donde más les convenga.

Otro de los grandes argumentos de los partidarios de suprimir el impuesto de sucesiones es que esta figura fiscal es la culpable del incremento de la renuncia de herencias. La estadística del Consejo General del Notariado refleja que, en 2016, de las 384.633 herencias que se tramitaron en España, 38.791 fueron rechazadas. Suponen el 10%. Desde 2007, el número de renuncias se ha triplicado.

La tesis de que el incremento de los desistimientos se debe al impuesto tiene importantes lagunas. En el año 2007, cuando solo el 3% de herencias se rechazaba, existía el impuesto sobre sucesiones y, además, en muchas comunidades era más elevado que el de hoy. Lo que ha cambiado desde 2007 es que España ha sufrido una crisis inmobiliaria sin precedentes y en un contexto de elevado endeudamiento privado.

Además, la mayor parte de la riqueza de las familias está en el ladrillo. Todos estos factores provocan que muchos legados estén formados por inmuebles, que han perdido valor y sobre los que es probable que pesen hipotecas que superan el precio de mercado. Un cóctel perfecto para entender el incremento exponencial de la renuncia de herencias.

Por otro lado, desde el PP de Andalucía o Asturias, dos regiones en las que se grava más que la media las sucesiones, se defiende que en ambas comunidades se producen más renuncias de herencias. En Asturias, del total de herencias tramitadas en 2016 se rechazaron el 16%, una cifra muy superior a la media y que podría indicar que la hipótesis es cierta. Sin embargo, otros datos invitan a la cautela. Canarias, donde prácticamente no se aplica el tributo, es la segunda comunidad con más renuncias.

Aragón merece una mención especial. Es una comunidad que mantiene un impuesto de sucesiones relativamente elevado y, sin embargo, solo registró un 7%_de rechazos de herencias. El caso de Aragón es significativo porque por ley establece que los ciudadanos que reciben una herencia solo responderán de las deudas con los bienes del propio legado. Esta seguridad para los herederos, y no el impuesto, es lo que está detrás del menor número de renuncias.

No hay ningún impuesto que genere tanta animadversión como el impuesto sobre sucesiones. Las manifestaciones en Asturias y Andalucía y próximamente en Extremadura son una muestra de ello. Y se trata de un fenómeno global. Encuestas en el Reino Unido también reflejan que el impuesto de sucesiones es el que tiene más detractores.

Los defensores de la figura fiscal consideran justo que se grave más la ganancia obtenida sin esfuerzo

El odio hacia el tributo se explica por el hecho de que el impuesto de sucesiones exige tributar en el momento de la muerte por algo que ya se tributó en vida. Sin embargo, en puridad, no hay doble imposición porque el impuesto grava una transferencia de riqueza que pasa de unas manos a otras. El hecho imponible es identificable.

Esto no significa que no existan argumentos para reclamar su supresión y para defender, por ejemplo, que el tributo perjudica el ahorro o que, simplemente, recae sobre aquellos que tienen menos recursos para realizar una planificación fiscal que les permita sortear a Hacienda.

Una herencia suele reflejar el esfuerzo de una persona a lo largo de su vida, son los bienes que amasó y por los que ya tributó. “¿Qué derecho tiene el Estado ahora a quedarse con parte del legado que un contribuyente ha dejado para sus hijos?”, se preguntan los opositores al impuesto.

En cambio, los defensores del impuesto hacen hincapié en que el tributo desempeña un papel en la redistribución de la riqueza y consideran de justicia tributaria gravar las ganancias que ha obtenido un contribuyente sin esfuerzo. En Canarias, donde el impuesto sobre sucesiones es el más bajo de España, un contribuyente que herede 800.000 euros pagará en impuestos 134 euros. En cambio, un trabajador que gane un sueldo de 20.000 euros anuales abonará a Hacienda 2.338 euros.

El impuesto sobre sucesiones se ha ganado un puesto en los magazines matinales de televisión, en los que aparecen contribuyentes relatando que una herencia les ha arruinado. Uno de los casos más mediáticos fue el de Clavelina, una octogenaria asturiana que se convirtió en un referente para aquellos que denuncian la diferencia de trato fiscal en función de la comunidad autónoma. Esta “heroína”, como la bautizaron en televisión, heredó 300.000 euros de su hermano y tuvo que abonar 80.000. Asesorada por la organización Stop Impuesto de Sucesiones, aseguraba que, si hubiera residido en Madrid, solo debería haber pagado 800 euros. Denunció que era injusto que los asturianos fueran “ciudadanos de segunda” y recibieran un peor trato.

Más que entre comunidades, el agravio se produce en función de si rige la ley autonómica o estatal

Es cierto que morir en una u otra comunidad puede variar y mucho la cuota a pagar en sucesiones. Siempre se cita el ejemplo del REAF, en el que una herencia de 800.000 euros supone pagar 164.000 en Andalucía y no llega a 135 euros en Canarias o 1.600 en Madrid (ver gráfico).

Sin embargo, en el caso de Clavelina, ello carecía de importancia. El dinero que heredó esta contribuyente procedía de un hermano que vivía en Venezuela y falleció allí. En estos casos no se aplica la normativa autonómica, sino la estatal. Por lo tanto, esta contribuyente hubiera pagado lo mismo en cualquier autonomía.

Los mayores agravios en el impuesto de sucesiones se producen en función de si se aplica la normativa autonómica o estatal. De hecho, la Comisión Europea ya obligó a España a modificar la normativa del impuesto sobre sucesiones y donaciones porque los no residentes estaban obligados a aplicar la normativa estatal y, por tanto, no podían beneficiarse de las bonificaciones autonómicas. Pero el cambio solo afectó a los europeos, y la discriminación se mantiene para los no residentes extracomunitarios.

En mayor o menor medida, todas las comunidades han establecido bonificaciones para las herencias entre familiares directos, esto es, aquellas que pasan de padres a hijos. La cuota a pagar sí que se dispara cuando la herencia procede de un primo, tío o un familiar lejano.

Es otra de las ideas que ha repetido el líder del PP andaluz, Juanma Moreno. La tesis señala que la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado al 99% el impuesto para herencias directas, logra más ingresos que el resto. ¿Es cierto? Los datos de la Agencia Tributaria de enero a octubre de este año reflejan que la recaudación del impuesto sobre sucesiones cayó un 0,46%. En el mismo período, Madrid ingresó un 40% más hasta alcanzar los 461 millones, la mayor cifra registrada en el conjunto de comunidades autónomas. Un importe muy superior a los 386 millones logrados por Andalucía. Ello indicaría que Juanma Moreno lleva razón. Sin embargo, este relevante incremento se debe sobre todo a una operación puntual como es la tributación de la herencia del que fuera presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, fallecido en septiembre de 2014.

 La liquidación fiscal de esta relevante herencia se produjo el año pasado y, además, la bonificación del 99% que rige para familiares directos no fue aplicable en el caso del sobrino de Isidoro Álvarez y actual presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. Así, el incremento se debe precisamente a que Madrid no bonifica el impuesto cuando la herencia no se traspasa a familiares directos.

En los últimos cinco años, Cataluña es la comunidad que más ha ingresado por el impuesto sobre sucesiones: 392 millones anuales de media, seguida de Madrid (385 millones) y Andalucía (344 millones). Es lógico que las comunidades más ricas y también las más grandes ingresen más que el resto. Cuando se relaciona la recaudación con el PIB autonómico, Asturias figura como la comunidad que más partido saca al impuesto sobre sucesiones. Entre 2010 y 2015, recaudó de media anual 111,5 millones, un 0,5% de su PIB. Le siguen Aragón y Cantabria, con un 0,38%. En términos relativos, Andalucía (0,24% del PIB) recauda más que Madrid, que ingresa de media el 0,2% de su PIB.

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