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A fondo
Tribuna
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Cuando el IPC presiona los salarios y no al revés

El empeño en mantener los salarios indizados a la inflación empieza a estar fuera de juego, como se ha demostrado en los últimos años

Los salarios y la inflación han mantenido siempre una relación conyugal muy intensa en las economías con altas tasas de asalarización como la española. Desde que se normalizaron las relaciones industriales en los setenta, los sindicatos trataron de convertir la negociación colectiva, ya fuese confederal o empresarial, en un mecanismo defensivo para mantener su poder de compra; replicaban en las alzas salariales de cada año la subida de los precios del año precedente o, en su defecto, el avance esperado por el IPC; con este mecanismo contribuían a cebar la propia inflación o, en el mejor de los casos, se excluían de la lucha por combatirla, dejando en manos únicamente del resto de los agentes económicos (las políticas fiscales, monetarias y cambiarias) el control de la inflación que erosionaba rentas y capacidad competitiva.

Impotentes para lograrlo, los Gobiernos y los empresarios convencieron a los sindicalistas para cambiar el mecanismo y negociar siempre sobre la inflación prevista, cuyo objetivo fijaba Economía intencionadamente a la baja. Los sindicatos compraron el formato mientras generaba empleo de forma creciente, pero dejaron de hacerlo cuando la devaluación salarial para superar la última crisis se ha cebado con los nuevos empleos.

Ahora, defienden el viejo libreto que dice que los convenios deben recomponer las rentas que deteriora la inflación, y que si el IPC es elevado deben subir los salarios al menos lo mismo para no perder capacidad de compra. Si eso genera una espiral inflacionista, puesto que los salarios pesan algo más del 50% del PIB, son el primero de los costes empresariales y determinan la formación final de los precios, creen que es un problema de la autoridad económica.

El empeño en mantener los salarios indizados a la inflación empieza a estar fuera de juego, como se ha demostrado en los últimos años, cuando la desinflación ha facilitado la desindexación y ha proporcionado ganancias de las rentas laborales y jugosos avances del empleo. Pero en caso de que el sector privado de la economía quiera aferrarse a los vicios del pasado, debe hacerse teniendo en cuenta varios detalles. Primero. El 3% de inflación interanual es puntual (de enero), y aunque la tasa se mantenga elevada unos meses, la media de tasas interanuales flexionará a la baja, seguramente por debajo del 2%.

Segundo. El 66% de la inflación interanual actual, del 3%, es coyuntural, y la tasa subyacente, que marca el ritmo del núcleo duro del IPC, es del 1,1%, y parece referencia más razonable para pactar salarios.

Tercero. Si los competidores con los que las empresas españolas se juegan los cuartos son europeos, la referencia debe ser la inflación subyacente de la Unión Europea, inferior también a la española.

Cuarto. Dado que la economía es heterogénea y la negociación debe ser asimétrica y ajustarse a cada empresa, deben ajustarse las alzas de costes a la cartera de pedidos y a la productividad empresarial.

Y quinto: si se indizan los salarios y se baja al detalle sectorial por exclusión de la situación empresarial, utilícese el IPC de cada actividad. La industria, más expuesta a los mercados externos, con su tasa, y los servicios, también.

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