Luz verde al CETA

La letra pequeña del acuerdo de libre comercio de la UE y Canadá

No se reconoce como inversores a sociedades instrumentales o empresas sin actividad para evitar que pleiteen con los Estados

CETA
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El Parlamento Europeo dio el miércoles luz verde al acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE, que derriba las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas regiones y abre el mercado de la contratación pública a las empresas europeas. De esta forma acaban, tan solo de forma parcial, unas negociaciones que arrancaron hace nueve años y que se han visto enturbiadas por los efectos devastadores de la crisis económica iniciada en 2009. El proceso de globalización se frenó y en su lugar empezaron a triunfar las tesis proteccionistas en el comercio mundial, ejemplificadas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, el parlamento belga de la región de Valonia, que se opuso a la ratificación del pacto, obligó a cancelar durante unos días el vuelo del presidente canadiense, Justin Trudeau, que se dirigía a Bruselas para firmar el acuerdo con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk.

El tratado entra en vigor hoy solo de forma transitoria, gracias a los votos de populares, liberales y socialistas, ya que su ratificación definitiva solo se producirá cuando obtenga el visto bueno de todos los parlamentos europeos. Esa fue la condición que impuso la canciller alemana, Angela Merkel, al resto de socios ante sus reticencias a aceptar estándares medioambientales o sociales inferiores a los vigentes en Europa y a dar más peso a las multinacionales frente a los estados.

Este último punto, recogido en los mecanismos de protección al inversor, fue modificado para sortear las suspicacias europeas: se excluye de la figura de inversor (aquel que puede reclamar ante un país) a las sociedades instrumentales y a aquellas que no tienen operaciones comerciales y se limita la posibilidad de reclamación por expropiación, de tal manera que no se pueda demandar simplemente por el hecho de que se apruebe una medida de política económica tenga impacto económico en una inversión empresarial. En caso de que haya conflicto entre Estado y empresas se fija un primer plazo de noventa días de consultas y si no hay acuerdo, la causa pasa a un tribunal de arbitraje, compuesto por quince miembros (cinco elegidos por el Estado, cinco por la compañía y cinco por el tribunal).

Los dos principales beneficios del acuerdo, según fuentes diplomáticas, son el acceso al mercado de la contratación pública y la posibilidad de utilizar a Canadá como centro para las operaciones con México y EE UU, dos países con los que tiene suscrito un acuerdo de libre comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés). Las más beneficiadas, en el caso español, serán las empresas constructoras, las ingenierías y las energéticas, ya con una presencia importante en Canadá. La cartera de proyectos de ACS es muy voluminosa (el último ha sido la construcción y explotación del nuevo puente sobre el río Saint Lawrence, en Montreal, por un importe de 1.850 millones de euros; Técnicas Reunidas se adjudicó a finales del pasado ejercicio la construcción de una planta de cogeneración por 178 millones y Ferroatlántica, del grupo Villar Mir, ha elegido ese país para abrir su primera planta el año que viene, para lo que invertirá 382 millones de euros). Esas mismas fuentes resaltan la importancia de los planes inversores previstos para el oeste del país, con una cifra cercana a los 130.000 millones de euros al año, que impulsarán los contratos y las adquisiciones en las compañías energéticas, tal y como sucedió con la compra de Coastal por parte de Cepsa.

La ventaja de la pertenencia al NAFTA, sin embargo, se ha diluido como consecuencia del anuncio de Trump de revisarlo. Una decisión justificada por la política impulsada por EEUU para tratar de enjugar los abultados déficit comerciales que mantiene con cuatro países (China, Japón, Alemania y México). Las autoridades estadounidenses ya han anunciado que impulsarán la política de “América Primero” para tratar de evitar que más empresas deslocalicen empleo y actividad en busca de costes más bajos. También han acusado a esos cuatro países de devaluar artificialmente sus monedas para impulsar sus exportaciones.

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