Información no financiera y diversidad

Si la cosa queda en cumplir el expediente, la UE habría puesto en bandeja un negocio a consultoras de RSE y bufetes

La estrategia Europa 2020 se implementa con vistas a la consecución de una sociedad más próspera y solidaria. Y por lo que a las empresas se refiere, busca orientarse en esa línea desde tres polos legales: una directiva –en fase de preparación– contra las prácticas de elusión fiscal, aplicable, en su día a toda organización sujeta al impuesto de sociedades en la UE; una segunda directiva sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, y la Directiva 2014/95/UE, sobre divulgación de información no financiera y diversidad, que fue traspuesta y está en vigor en España desde el día primero de año. ¿Qué significa todo esto y qué podría significar?

Significa que la ley va a pedirles a las empresas que, a través de informes que se habrán de publicar ya en 2018, den cuenta no solo de lo que ya viene siendo exigido desde siempre respecto a los estados financieros –balance de situación a 31 de diciembre, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria económica–, sino también de lo que ahora se denomina informe sobre impactos ASG. Se trata de los impactos que el ejercicio de la actividad empresarial tiene en lo ambiental, en lo social y en el modo como se lleva a efecto el gobierno corporativo. Pero esto con un matiz: mientras que lo relativo a la información económico-financiera tiene obligatoriedad innegociable y formato estandarizado, esto otro nuevo permite mayor flexibilidad a la hora del reporte y se instrumenta en el marco de la soft-law, desde el principio conocido como cumplir o explicar. Es decir: cumplir con lo que se pide –divulgar cierta información no financiera– o explicar por qué no se divulga lo que se pide que se divulgue.

"Las empresas tendrán que informar de su impacto en lo ambiental, lo social y acerca de su gobierno corporativo"

Lo que se pide es dar cuenta, en aquella triple instancia ASG, de los distintos aspectos: salud y seguridad, utilización de energías renovables, emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de la contaminación atmosférica, derechos humanos, corrupción, sobornos y mecanismos para prevenir las malas prácticas, la igualdad, la gestión de la diversidad, el diálogo social, el diálogo con las comunidades y los distintos grupos de interés, el derecho a información y consulta, los derechos sindicales...

Las organizaciones concernidas de forma inmediata se agrupan en cuatro ámbitos. De una parte, están las denominadas grandes empresas, es decir, aquellas que tienen un balance superior a 20 millones de euros o un volumen de negocio neto mayor de 40. En segundo término están las que tengan una media anual de 500 trabajadores al cierre del ejercicio. En tercera instancia la directiva menciona a “compañías consideradas de interés público” o, lo que es lo mismo, las cotizadas y, al menos, las de los sectores bancario y asegurador, sin perjuicio de que los diversos estados amplíen el grupo con otras especificaciones. Y, finalmente, vendrían aquellas empresas cuya matriz tenga la sede en un país de la Unión Europea y/o que coticen en alguno de los mercados bursátiles de la Unión.

Hasta aquí, lo que significa la directiva. Pero podría significar mucho más. A saber: una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa, mediante una economía integradora, a través de una empresa sostenible y una gestión responsable. Ahora bien, si la cosa se queda en cumplir el expediente o, peor aún, en confundir transparencia con claridad (apabullar con datos, aunque podría pasar por un ejercicio formal de transparencia, podría resultar, en todo caso, muy poco clarificador) sin ir a lo hondo de la cuestión, las autoridades de la Unión habrían puesto en bandeja un suculento negocio a consultoras de RSE, que elaboran memorias de sostenibilidad, y a bufetes especializados.

Pero si todo se queda en eso, habríamos de preguntarnos si para ese viaje hacían falta tantas alforjas. Con desilusión, cabría sentenciar, como hacía mi padre en casos similares: “Esto de la directiva sobre información no financiera ye como si me llames aparte y nun me dices na”.

José Luis Fernández Fernández es director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial (Icade) de la Universidad Pontificia Comillas.