La construcción de los asuntos públicos en la empresa
Vivimos tiempos inciertos. En 2016, la palabra del año fue “posverdad”, una suerte de eufemismo para la manipulación de la opinión pública en el espacio público. Según Oxford Dictionaries, la entidad que promueve esta selección, la posverdad se define como aquellos acontecimientos en los que los hechos veraces y objetivos son menos influyentes en la opinión pública que la apelación a la emoción y las creencias personales. Esta división entre ideas y creencias casa con los escritos de Ortega y Gasset, ya que las primeras se tienen y en las segundas, se está. Afectar, modificar o transformar una creencia es una tarea hercúlea, casi imposible, si no se cuenta con la colaboración del interesado.
En este contexto de posverdad, que puede intuirse en la elección de Trump, los referenda de Colombia y Reino Unido, así como en otras tantas situaciones sociopolíticas de 2016, tiene sentido leer el informe “La visión empresarial de los public affairs en España” que han publicado la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) En los tiempos actuales, la incertidumbre que rige los mercados, el entorno y las relaciones externas de las instituciones supone un desafío al modo de gobernar las empresas que comienzan a entender que la profesionalización del lobby, la comunicación estratégica y las relaciones institucionales es fuente de ventaja competitiva. La demanda está al alza. En la capacidad de articular las ideas, el framing de interpretación de la realidad, las organizaciones pueden conseguir sus objetivos, mejorar su capacidad de liderazgo. Esto supone un reto tanto para las empresas establecidas y con recorrido, las start-ups y las empresas familiares. La capacidad de actuar en el espacio público no depende del tamaño o la historia de la empresa. Ahí el camino de la razón está trufado de llamadas a la emoción. ¡Qué menos que una democracia sentimental!.
El informe explica cómo los despachos profesionales, las organizaciones sociales y las no gubernamentales y las empresas han desarrollado los public affairs con esa u otra denominación. La integración dentro del organigrama no es asunto sencillo, cuando se le afectan competencias propias de la comunicación externa, las relaciones institucionales, la regulación o la responsabilidad social. Reportar al consejero delegado, al director general o bien directamente al presidente depende de la estructura organizativa.
Sí hay más consenso en la utilidad que se le presupone. El 98% de los encuestados cree que se puede influir en la regulación de las actividades sectoriales y el 94% considera que se mejorar el entorno de negocio. El 100% de las asociaciones profesionales considera que la mejora del entorno es la tarea principal.
El punto clave para la mejora de la gobernanza del sector público es la relación de transparencia, la rendición de cuentas, el registro y la regulación de los asuntos públicos. Los interesados, así concluye el informe, son partidarios del registro obligatorio, así como de las restricciones a las denominadas “puertas giratorias”. A título personal, yo mantengo mis reservas sobre el registro en la medida en que no asegura la rendición de cuentas y supone una barrera artificial de entrada.
En suma, el informe arroja luz sobre una cuestión candente en la actividad de los servicios profesionales, cuyas barreras se han diluido. Las consultoras son ahora también auditoras, elaboran planes de comunicación o de sostenibilidad, presionan para la mejora del entorno en una dirección y promueven un tipo de internacionalización y relaciones comerciales. Veremos qué tipo de noticias sobre lobby, public affairs y diplomacia corporativa nos trae este movido principio de 2017.
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