Tarjetas ‘black’: el juicio a una era llega a su fin
El juicio por el gasto de 12 millones de euros quedará visto para sentencia en enero
“La situación exige 65 juicios individualizados”, reclamó hace unos días, en su alegato final del juicio por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, Ignacio Ayala, abogado del expresidente de las dos entidades, Rodrigo Rato, advirtiendo del riesgo de acabar “por juzgar una época, un modelo, una historia. Que se realice un juicio moral”, no ya sobre la debacle de la mayor entidad financiera rescatada en España, sino por el colapso del sistema de cajas de ahorro.
“Nada tiene que ver el tema de las tarjetas con la crisis de Bankia. Hay que juzgar los hechos de ayer con los ojos de ayer. Si no, podemos incurrir en sesgo retrospectivo”, había reclamado antes en su turno Carlos Aguilar, letrado del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
Efectivamente, lo que deberá dilucidar el tribunal que preside Ángela Murillo en el macrojuicio que se celebra desde finales de septiembre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, y que quedará visto para sentencia en enero, es si las famosas visas, a las que 65 exdirectivos y exconsejeros de las dos entidades cargaron 12 millones de euros desde 2003 a 2012, fueron un sistema ideado para saquear las arcas de estas entidades y, de ser así, cuál es la responsabilidad de cada imputado en los presuntos delitos de apropiación indebida, que aprecia el fiscal Alejandro Luzón, y también de administración desleal, según el resto de acusaciones.
Podría decirse que el sexagésimo sexto imputado durante el proceso ha sido la prueba de cargo de la acusación, la hoja excel con el desglose de gasto de cada acusado. Bankia ha asegurado que fue una aséptica traslación de los datos contables de la entidad a un formato comprensible, mientras que las defensas han incidido en que este proceso supone una “manipulación” de la prueba, que por otra parte presentaría gastos que los acusados no reconocen en su totalidad. Este punto puso de relieve algunas contradicciones de las defensas.
Aunque la mayoría se han desmarcado del argumentario de la instrucción de que las visas eran para gastos de representación –fin que difícilmente justifica compras que van desde lencería a arte sacro– y se acogen a la tesis de que eran una suerte de complemento salarial, se trataría entonces de una extraña retribución que incentiva como pocas el consumo desaforado –quien más gasta, más gana– y sin control, pues no pocos acusados han descubierto ahora que su visa fue clonada.
Luego está la explicación de Rato de que las tarjetas que él dispuso en su etapa en Bankia eran un instrumento de liquidez ideado para acceder a su salario. Un invento extraordinario, que el común de los mortales ya conoce simplemente como tarjeta de crédito.
Aunque el tribunal aceptó en su día la inclusión de la hoja de excel en el juicio, está por ver su peso en la sentencia pues los magistrados ya advirtieron ante las cuestiones prejudiciales que admitirla no impide que “el material probatorio pueda ser finalmente endeble, lo que ya se verá”. Con todo, para quien esgrime que la tarjeta era salario, la finalidad de los gastos poca relevancia tiene.
Otra vía de defensa, apuntalada por Blesa y emulada por otros, es acusar a su predecesor, Jaime Terceiro, de crear este sistema. Este último juró que en su etapa las tarjetas eran “white”, y únicamente para gastos de representación motivo por el cual durante su mandato aparecían mencionadas en documentos oficiales y luego desaparecieron durante años.
Fuera de la sala, en los pasillos de la Audiencia, los acusados han tratado de trasladar la idea de que están siendo los cabezas de turco de todo el sector financiero pese a tratarse de un montante menor, 12 millones en el océano de un rescate de 60.000, y en todo caso de un pecado venial: aceptar una tarjeta, no hacer muchas preguntas y gastar como hacían todos allí.
Más allá de lo que les depare la sentencia por sus actos, y sin prejuicio de lo que planteaban los abogados de Rato y Blesa en su alegato, lo cierto es que si el proceso no debe ser el juicio a una era, sí ha servido para ilustrarla. El tiempo de unas entidades que, atravesando un periodo de bonanza económica y alegrías inmobiliarias, fraguaron un modelo de gestión demasiado ocupado en tener presentes a las distintas “sensibilidades” de las fuerzas vivas, según las definía Rafael Spottorno en referencia a políticos de todas las tendencias, sindicatos o patronales que participaron de la fiesta, como para preocuparse por contar con los mejores perfiles profesionales o fomentar un espíritu crítico con la gestión bancaria, como así han demostrado algunos de los acusados que, si bien gastaron todo lo posible con las visas, reconocen que no asistían a las reuniones y ni siquiera recuerdan a qué comisiones pertenecían.
Un sistema que, independientemente de lo que se dictamine sobre su legalidad, pareció engrasarse con las tarjetas black en este caso, según sostiene la acusación popular, lo que si bien no es el motivo del juicio, sí debe ofrecer una valiosa lección a la sociedad, los políticos, responsables de entidades y supervisores sobre las cautelas necesarias para recuperar algo de lustre y mantener fuera de sospecha a un sector tan fundamental para la economía como es la banca.
