Juicio por las visas opacas

El fiscal pide 14 años de cárcel por cada millón gastado con las ‘black’

El fiscal pide 171 años de cárcel para el colectivo mientras Bankia, que exime a muchos directivos, reclama 60

Tarjetas black Gastos y penas de cárcel pulsa en la foto

Los abogados del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y el de su sucesor en el cargo y posterior responsable de Bankia, Rodrigo Rato, arrancarán hoy previsiblemente el turno de los alegatos finales de defensa de los 65 acusados en el juicio por las tarjetas black que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) desde finales del mes de septiembre.

Los procesados, a los que se acusa de haber cargado 12 millones de euros en gastos personales a unas visas opacas al fisco y sin amparo legal, se enfrentan a penas conjuntas de decenas de años de cárcel, la devolución de lo gastado, su inhabilitación para ejercer la actividad bancaria y a multas de miles de euros. Sin embargo, la magnitud de las peticiones de condena oscila con fuerza en función de la parte que las ha solicitado.

El fiscal Alejandro Luzón reclama, por ejemplo, una pena de seis años de prisión para Blesa, además de una multa diaria de 300 euros durante 12 meses (109.500 euros), la misma sanción que insta imponer a Rato, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel. Para el resto, las peticiones del Ministerio Fiscal oscilan entre uno y cuatro años de encarcelamiento y multas de 54.000 a 81.000 euros, aunque no pide sanción alguna para una decena de acusados.

En conjunto, la Fiscalía, que solo aprecia delitos continuados de apropiación indebida, pide una pena total de 171 años de prisión para el conjunto de 65 acusados y multas por valor de 3,7 millones de euros. El fiscal aprecia circunstancias atenuantes para 18 de los procesados que devolvieron o consignado el dinero que habían gastado con sus visas opacas antes de la apertura del juicio oral.

Las cifras contrastan con los 98 años y 9 meses de cárcel que suman el listado de peticiones de cárcel reclamados por Fernando Aizpún, el abogado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su escrito de conclusiones definitivas como acusación particular.

La pena máxima que reclama, y que reserva a Rato, Blesa y otra docena de exconsejeros de Caja Madrid, es de tres años de prisión. Para el resto, salvando un par de peticiones por encima de los dos años de condena, pide penas de entre los seis meses al año y medio.

El FROB ha fijado sus peticiones de pena en base al grado de responsabilidad en el diseño del sistema de tarjetas; su grado de gestión en la imposición de límites o entrega de PIN para la retirada de efectivo; y la cuantía gastada con estos plásticos.

También tiene en cuenta como atenuante la decisión de devolver el dinero antes de la apertura del juicio oral y de forma “muy cualificada” en el caso de que lo reingresaran inmediatamente tras conocerse las irregularidades.

La diferencia de criterio es clara también en cuanto a las sanciones, que oscilan entre los 1.350 y los 5.475 euros, y sin petición de factura para otra docena de consejeros y miembros de la comisión de control. Las multas solicitadas en total por parte del FROB suman 110.775 euros.

Una cifra que superan Bankia y su matriz BFA, al reclamar 132.525 euros en sanciones que van de los 675 a los 4.500 euros. Sin embargo, la entidad financiera que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri pide para sus antiguos gestores las penas más bajas de prisión: un total de 60 años, pese a que asume que además de apropiación indebida pudo haber administración desleal. El letrado de Bankia, Joaquín Burkhalterm, de hecho, no reclama pena alguna para una docena de directivos al considerar que no tenían responsabilidad equiparable a la de los consejeros.

A la hora de realizar las distintas peticiones e condena, Bankia diferencia entre quienes eran los principales responsables de las entidades; los consejeros; los miembros de la comisión de control y los representantes de la Comunidad de Madrid; discriminando en cada grupo quienes dispusieron de cantidades superiores o inferiores a los 50.000 euros y atenuando la carga sobre quienes repararon con prontitud el daño causado.

Las peticiones más elevadas las hace la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que preside Gonzalo Postigo y representa el letrado Andrés Herzog. La acusación popular pide 10 años de cárcel para Rato, Blesa y el exdirector financiero y principal responsable de la gestín de las visas, Ildefonso Sánchez Barcoj, y otros seis años de prisión para los otros 62 acusados, dejando en manos del tribunal imponer la multa que corresponda y sin admitir indulgencias.

Muchos de los acusados no llegarían a ingresar en prisión de confirmarse algunas de estas peticiones de condena, puesto que es usual eximir a los procesados que carecen de antecedentes penales cuando son sentenciados a penas de dos años o menos.

En términos de peticiones de condena conjunta, en todo caso, la CIC reclama 33 años de cárcel por cada millón cargado a las tarjetas black; la Fiscalía solicita 14 años y 3 meses por millón; el FROB, algo más de ocho años y Bankia un lustro a la sombra por cada millón gastado con las tarjetas opacas.

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