El 80% de los usuarios en pobreza energética carece del bono social
Endesa propone a Industria y la CNMC un modelo más equitativo Supondría dejar sin bono eléctrico a 700.000 de los beneficiarios actuales, hasta 1,8 millones
En su última junta de accionistas Endesa informó que había elaborado una propuesta de bono social de la tarifa eléctrica que iba a remitir a Industria y la CNMC. La compañía avanzó que su propuesta ligaba el derecho a un descuento en la factura de la luz a los ingresos familiares y subrayaba la necesidad de utilizar el actual fondo de eficiencia energética en el aislamiento de las viviendas.
En el informe, al que ha tenido acceso CincoDías, la compañía hace suya una parte de la propuesta de real decreto del Gobierno sobre el bono social (una norma de la vasta reforma eléctrica que nunca se aplicó), de mantener los actuales criterios que dan derecho al bono eléctrico, pero (esta era la novedad de la nonata propuesta del PP) siempre que no se superasen ciertos umbrales de renta. Dichos criterios son los mismos que estableció el exministro de Industria Miguel Sebastián, inventor del bono: ser familia numerosa;tener más de 60 años y pensión mínima; menos de 3 kW de potencia contratada o ser una familia con todos los miembros en paro.
En esta línea, Endesa propone mantener el bono social para titulares de pensiones mínimas y familias con todos los miembros en paro, pero fija límites de renta a las familias numerosas y los usuarios con menos de 3 kW de potencia, que suponen un 75% del total. El coste del bono (que podría ser un descuento del 25% en el precio regulado de la energía (PVPC) o un 60% del término fijo de los peajes, lo que incentivaría el ahorro) deberían financiarlo, según Endesa, el Estado y el resto de consumidores en la tarifa, y no las eléctricas como ocurre ahora.
Familias numerosas
Solo un 19% de las familias numerosas (casi 1,2 millones) está acogida al bono social de la tarifa. Una “autoselección” que permitirá que, con el umbral de renta que plantea Endesa, mantenga este beneficio un 70% del colectivo. También el 60% de los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratada.
Además, para los clientes en verdadera situación de pobreza, plantea crear otro fondo para costearles el 100% de la factura (se financiaría igual que el anterior y participarían los Servicios Sociales de los ayuntamientos), además de un tercer fondo de eficiencia (200 millones de la tarifa)para mejorar el aislamiento de las viviendas de estas familias, que gestionaría el IDAE.
La nueva definición del bono social parte de la base de que, al no estar ligado a la renta, el actual lo reciben familias no precisamente vulnerables (aproximadamente, medio millón). Endesa, que tiene firmados un centenar de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que dan cobertura a 11,7 millones de hogares de 27 provincias, estima que del número de hogares que acude a los servicios sociales, casi el 80% de los mismos no tiene bono social. A falta de estadísticas, según extrapola Endesa, este tipo de clientes sumaría 116.600 con una facturación de 18,9 millones y una medio en los recibos aplazados de 230 euros.
El bono de Endesa, si bien resulta más equitativo, también es mucho más restrictivo. De hecho, reduciría el actual número de beneficiarios de 2,5 millones a 1,6 millones (los que tendrían derecho al descuento) que se sumarían a los 161.000 en pobreza extrema a los que se financiaría el 100% del recibo. También el coste se recortaría de los 188 millones anuales del actual modelo, que pagan las eléctricas verticalmente integradas, a 150 millones. Pese a la crisis, el número de beneficiarios del bono eléctrico ha caído un 18% entre 2009 y 2014, en parte por el trasvase de clientes al mercado libre, donde desaparece el derecho al bono.
Un límite de ingresos ligado al salario mínimo
La propuesta de Endesa para reformar el bono social de la tarifa parte del reconocimiento de que la pobreza energética en España “es una realidad”. La eléctrica la atribuye a la caída de ingresos en los hogares y también a otros dos factores: el mal aislamiento de las viviendas y el fuerte encarecimiento de los precios eléctricos en los últimos años debido al incremento de costes ajenos al suministro y los impuestos, que suponen más de la mitad de la factura.
Endesa plantea un modelo más equitativo que el actual, que no deje a nadie que no pueda pagar sin suministro, pero, a su vez, con menos fondos (150 millones frente a los 188 actuales), menos beneficiarios (1,8 millones frente a los 2,4 millones actuales)y que se financiarían con cargo a los Presupuestos del Estado y la propia tarifa. También plantea gravar el uso de combustibles fósiles.
Cuando se creó el bono social en 2009, las cinco eléctricas de Unesa se vieron obligadas a financiarlo, pero una sentencia del Supremo les permitió liberarse de esta carga, que pasó al resto de usuarios. En el marco de la reforma eléctrica, Industria, que supuestamente eliminó la discriminación que criticó el fallo del Supremo, volvió a imponerles este coste (más concretamente, a todos los grupos que tengan generación, distribución y comercialización), lo que de nuevo han recurrido.
Respetando a las pensiones mínimas y las familias con todos sus integrantes en paro, Endesa propone unos umbrales de renta mínimos para que familias numerosas o viviendas con menos de 3 de kW de potencia contratada puedan disfrutar de un descuento. Estos umbrales son los siguientes: para la primera persona de la unidad familiar, un 120% del salario mínimo interprofesional (SMI), esto es, 10.841 euros;segunda persona, el 70% del SMI, o 6.324 euros y el 50% del SMI, o 4.517 euros, para terceras personas y siguientes.
Del millón de cortes de luz al año, solo el 2% son vulnerables
La decisión de Endesa de proponer un cambio en el bono social está relacionada con la situación que se vive en Cataluña. Endesa, como otras eléctricas, ha firmado convenios con comunidades y ayuntamientos para no cortar el suministro a personas en situación de pobreza identificadas por los servicios sociales, a cambio de que el consistorio sufrague sus facturas.
Endesa calcula en su informe que al año se producen 1,07 millones de cortes de luz, de los que la mitad le corresponden a ella. En el 70% de los casos, la luz se restituye en pocos días y solo un 2% responde a razones de pobreza, según la eléctrica. El resto se debe, entre otros, a impagos por cierre de negocios o usuarios que pagan in extremis.
La normativa catalana obliga a comunidad ayuntamientos a constituir un fondo de cinco millones y otro por igual cuantía las suministradoras eléctricas para para pobreza energética. Se trata de tres normas: un decreto de 2013, absorbido por una ley de 2014 y otra ley de 2015 de iniciativa popular. La de 2014 la llevó al Constitucional el Gobierno argumentando que las eléctricas ya financian el bono social de los peajes, por lo que la aportación a otro fondo es una doble financiación. Y, aunque la denuncia ha sido admitida a trámite, el TC no ha suspendido su aplicación.
Por su parte, la ley de 2015 prohíbe cortar la luz sin la autorización expresa de los servicios sociales. Al no estar desarrollada, se mantiene, según Endesa, el suministro a clientes morosos que no están en situación de pobreza.
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