Pobreza energética o simplemente pobreza

El próximo Gobierno debe revisar una normativa que beneficie a la población vulnerable

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La legislatura ha tocado a su fin sin que el Gobierno haya tomado ni una sola medida contra lo que se ha dado en llamar pobreza energética. Y eso que tiene en su haber una vasta reforma eléctrica que ha supuesto la aprobación de más de una veintena de normas de todo tipo, entre las que se encontraba una propuesta de real decreto sobre el bono social de la tarifa, que, como reconocía recientemente el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se ha quedado en el cajón para el próximo que dirija el Ministerio de Industria.

 Hay quien considera que mejor que haya sido así, ya que esa propuesta del Gobierno del PP restringía aún más el bono social, un mecanismo de descuento ideado por el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, del todo imperfecto, pues no está ligado a la renta familiar. Según la norma aún vigente, tienen derecho al bono en su primera vivienda las familias numerosas;los usuarios con una potencia contratada inferior a 3 KW; los hogares con todos los miembros en paro y los pensionistas con pensión mínima. Grupos sociales que, excepto las familias con todos sus miembros en paro, pueden tener rentas altas (muchos pensionistas pueden tener otros ingresos además de su pensión).

De haberse aprobado la propuesta inicial del ministerio que dirige José Manuel Soria, la situación habría empeorado, ya que, aunque ligaba la percepción de este derecho a la renta (unos 20.000 euros anuales), mantenía también las condiciones arbitrarias (desde el punto de vista de la escasez energética) impuestas por Sebastián. Esto es, tendrían derecho al bono social los consumidores con ese límite de ingresos que, a la vez, fuesen familias numerosas, con todos sus miembros en paro, con menos de 3 kW o con pensión mínima.

Según cálculos del sector, esta medida habría dejado sin el descuento a casi la mitad de los usuarios acogidos al mismo, que ronda los cuatro millones. En Industria aseguran que esa propuesta inicial había sufrido algunos cambios, que, en cualquier caso, han quedado también en agua de borrajas. Tampoco esas modificaciones habrían hecho más justo el bono social.

Los ayuntamientos están sustituyendo el papel del Estado sufragando la factura de los ciudadanos a los que se les corta la luz por no poder pagarla

A saber, en esa reforma nonata, el Gobierno mantenía todos los requisitos (en el caso de las familias numerosas de dos clases: con más o con menos de cinco hijos), excepto el de los 3 KW de potencia, por considerar que tras ella se pueden esconder “apartamentos de solteros con rentas altas”. Este es el único caso en que el bono se aplica de forma automática, ya que la eléctrica tiene estos datos y puede hacer el descuento directamente. El resto de grupos deben solicitarlo.

Contrario a las directivas

Una de las razones en las que Industria se escuda para no haber abordado su reforma del bono social, es la imposibilidad de conocer los datos de renta de los ciudadanos y evitar que las eléctricas manejen datos confidenciales. Una evidencia que solo tiene una solución, como reconocen en el propio ministerio:para recibir el bono social es necesario que Hacienda expida los correspondientes certificados anuales (lo más justo es que la renta que se establezca sea per cápita) y que los usuarios se los entreguen a su comercializadora de referencia. Algo a tener en cuenta es que, por el momento, solo pueden percibir el bono social quienes estén acogidos al precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), al que tienen derecho los domésticos y pymes con menos de 10 kW de potencia contratada. No lo tienen, por tanto, quienes hayan contratado su suministro con una comercializadora en el mercado libre.

Fuentes del sector hacen otra interpretación de la inacción del Gobierno respecto a la tarifa social de la luz:que su propuesta no cumplía la directiva comunitaria que obliga a proteger a la población vulnerable de rentas bajas. Además, en un expediente de infracción abierto en febrero contra España, la Comisión Europea ha puesto en cuestión el sistema de financiación del bono.

Cuando este se creó, en 2009, se acordó que las grandes eléctricas verticalmente integradas lo financiarían. Aunque estas lo aceptaron, Iberdrola lo recurrió en los tribunales y estos le dieron la razón. A un bono no equitativo se sumó otra injusticia:lo tuvieron que pagar con carácter retroactivo el resto de los consumidores en los peajes. Hace dos años, el Gobierno impuso esta obligación no solo a las grandes eléctricas, sino a todo grupo, sea cual fuese su tamaño, verticalmente integrado, esto es, con actividad de generación, comercialización y distribución. Algo que Bruselas también considera arbitrario. Ante tanta traba, hay voces que piden que este tipo de ayuda sea financiada lisa y llanamente por el Estado.

Aunque el Gobierno no ha modificado las condiciones del bono, sí ha recortado su beneficio. Así, cuando inicialmente este suponía la congelación de toda la factura respecto a 2009, el Ejecutivo del PP, lo convirtió en un descuento del 25% del PVPC. Este precio supone más o menos la mitad del recibo, que incluye también los peajes de acceso y otros cargos del sistema.

Atendiendo a la encuesta del INE sobre las personas que dicen no poder mantener la temperatura adecuada en su hogar (aunque todos apuntan a la electricidad, el gas también juega un importante papel), la población en situación de pobreza energética ha aumentado. Pero también ha disminuido el número de beneficiados del imperfecto bono social. Según los últimos datos de la CNMC, a finales del año pasado algo más de cuatro millones puntos de suministro estaban acogidos al bono social, la mayoría (2,5 millones por tener una potencia inferior a 3 kW), un 8,4% menos que el año anterior.

Como venía a decir recientemente José Manuel Soria, la pobreza energética es consecuencia del paro o es simplemente pobreza. Con un matiz: siendo la electricidad un servicio esencial, o como quiera definirse, su precio se ha casi duplicado a lo largo de la larga crisis. Y los Gobiernos han hecho poco o nada adecuadamente.

En los últimos tiempos, muchos ayuntamientos han tomado las riendas creando fondos para sufragar las facturas de los ciudadanos a los que se les corta la luz por no poder pagar. Una labor que corresponde al Estado y que las eléctricas han aplaudido pues son las grandes beneficiadas de unos convenios con los siempre ganan pues consisten, a grandes rasgos, en no cortar el suministro a cambio de cobrar la factura con fondos municipales.