Una estrategia para la transición energética
No tiene sentido que el gas, la gasolina o el gasóleo, como emisores que son, estén exentos de pagar por sus emisiones de CO2
España tiene un compromiso incuestionable con los objetivos medioambientales internacionales. Ahora que ya hay un nuevo Gobierno, y coincidiendo con la celebración de la cumbre de Marrakech, es oportuno plantearse cómo va a enfocar España la transición energética para avanzar hacia una economía baja en emisiones. Sin duda será necesario seguir impulsando las energías renovables. Pero, a diferencia de etapas anteriores, el impulso ha de ser más selectivo, midiendo el impacto económico de las medidas y los efectos de su financiación. En este sentido, cabe plantear varias reflexiones.
Todo apunta a que la contribución de los biocombustibles será limitada, toda vez que la propia Comisión Europea se plantea prohibir las ayudas a los biocombustibles de primera generación a partir de 2020 por su impacto negativo sobre el medio ambiente. Por ello, la mayor parte del esfuerzo seguirá recayendo sobre las fuentes renovables de generación eléctrica (en especial, la eólica y la fotovoltaica, cuyos costes se han reducido de forma significativa), acometiendo al mismo tiempo la electrificación de la economía.
La previsible mayor penetración de la generación renovable exigirá la presencia de instalaciones convencionales capaces de garantizar la cobertura de la demanda con centrales flexibles (centrales de gas de ciclo combinado) que actúen como respaldo, para que no se interrumpa el suministro eléctrico en caso de falta de viento o de sol. Sin embargo, esa misma mayor penetración de la generación renovable deprimirá los ingresos de estas centrales de respaldo, lo cual obliga a replantearse la necesidad y el diseño de mecanismos de retribución a la capacidad de generación, para asegurar el suministro eléctrico.
Otra de las incógnitas es el futuro de las centrales nucleares. Estas evitan la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que su cierre necesitaría de ingentes inversiones en energías renovables, adicionales a las ya previstas y difícilmente asumibles por los consumidores. Dichas centrales nucleares requieren de fuertes inversiones para continuar su explotación más allá del año 2020, lo que exige un escenario de previsibilidad, tanto político como económico-financiero, si se pretende que esta tecnología siga jugando un papel relevante en la lucha contra el cambio climático.
"Las centrales nucleares evitan la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO2 al año. Su cierre necesitaría de ingentes inversiones en energías renovables"
Por último, la transición energética requiere resolver definitivamente el problema de la financiación de las energías renovables. Bajo el actual sistema, dicha financiación recae íntegramente sobre los consumidores de electricidad. Sin embargo, en la medida en que el objetivo de renovables asumido por España para 2020 depende del consumo de energía final, todas las fuentes de energía final han de contribuir a su financiación.
No tiene sentido que el gas, la gasolina o el gasóleo, como emisores que son, estén exentos de pagar por sus emisiones de CO2 y de financiar el esfuerzo de la acción por el clima. Y tampoco tiene sentido que si se debe hacer un mayor esfuerzo de promoción de las renovables porque se incremente el consumo de gas, gasolina o gasóleo, sean los consumidores de electricidad quienes tengan que pagar los sobrecostes asociados. El hecho de que la tarifa eléctrica soporte un gran peso de costes ajenos al suministro de electricidad obstaculiza, además, la necesaria electrificación de la economía y, con ello, la lucha contra el cambio climático.
Imputar los sobrecostes de las renovables únicamente sobre el consumo eléctrico resulta además regresivo, dado que la electricidad tiene un mayor peso que los derivados del petróleo en la cesta de los hogares con menores ingresos. Por tanto, el actual sistema de financiación de las renovables esconde una transferencia de renta de los hogares con menores ingresos hacia los de mayores ingresos.
Por ello, la lucha contra el cambio climático requiere que cada fuente de energía soporte los costes que genera, incluidos los costes asociados a las emisiones de CO2, de promoción de las energías renovables y de las infraestructuras que utilizan (como las carreteras).
España debe definir cuanto antes su estrategia para la transición energética y la descarbonización de la economía. Esta pasa por resolver los obstáculos a los que actualmente se enfrentan la electrificación y el desarrollo de las renovables, para asegurar la consecución del triple y tradicional objetivo de asegurar la protección al medioambiente y la seguridad del suministro con el mínimo coste para los consumidores.
Óscar Arnedillo Blanco y Jorge Sanz Oliva son director y director asociado de NERA Economic Consulting.