Los jueces piden peritos financieros ante la avalancha de casos bancarios
Los jueces decanos de España consideran “imprescindible” la creación de un cuerpo de peritos especializados en materia económica y contable
El caso Bankia requiere clarificar si la información contable ofrecida en el folleto de salida a Bolsa de la entidad era fidedigna y si la entidad contaba con provisiones suficientes. En el juicio de las tarjetas black de esta entidad y de Caja Madrid se debate estos días si el asiento contable de los cargos fue irregular. Las cuentas presentadas, las operaciones crediticias, los incrementos salariales o hasta la adquisición de otros bancos por parte de entidades como la propia Caja Madrid, las antiguas CAM, Novagalicia o Catalunya Banc, entre otras, han terminado en manos de los jueces, mientras que la comercialización entre particulares de productos complejos, como las emisiones preferentes y subordinadas de las cajas, los bonos convertibles de Banco Popular o los Valores Santander, ha sido objeto de miles de reclamaciones judiciales, por no hablar del papel que ha jugado la justicia a la hora de regular la legislación hipotecaria en materia de cláusulas abusivas. En definitiva, son decenas de asuntos bancarios de gran complejidad técnica los que copan estos días los juzgados españoles y los jueces reclaman ahora expertos en la materia que aporten claridad.
Así lo han dejado claro los jueces decanos de España, reunidos la pasada semana en Málaga con motivo de las XXVI Jornadas Nacionales del gremio, quienes reclaman la necesidad de contar en los juzgados con peritos especializados en materia contable y financiera a la luz de la avalancha de casos que exigen de esta clase de conocimientos específicos. El colectivo judicial critica la dificultad de contar con peritos en estas disciplinas por la alta complejidad de los casos y la baja retribución que se les ofrece y aboga por la creación de un cuerpo especializado.
Más apoyo a la banca que a la justicia
“Los jueces hemos asumido un firme compromiso en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas, por citar algunos ejemplos”, recuerdan los jueces decanos, aquellos encargados de la organización de los juzgados. El cuerpo de magistrados decanos reclama un presupuesto y unos medios acordes a estas responsabilidades y subraya que paradójicamente el sector financiero, fuente de buena parte de estos casos, ha obtenido un apoyo público mucho mayor que el sistema judicial. “Frente a esta sequía inversora en justicia llama la atención, por citar un ejemplo, que las ayudas públicas al sector financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, que representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la justicia en España”, denuncian, señalando que el país vive “un momento clave, porque está en juego su prestigio ante la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de escasa inversión”.
“Dicha pericia es fundamental en un buen número de delitos, cada vez más frecuentes, quizá la segunda modalidad de prueba pericial en importancia tras la pericial médica que realizan hoy los médicos forenses integrados” en los juzgados, recuerdan los jueces en su escrito de conclusiones, comparando la necesidad de expertos financieros con la de los especialistas en medicina legal, cuya presencia en tribunales se da por sentada.
“Es imprescindible la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse –ordinariamente por los jueces en el orden penal– con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no solo en las causas complejas”, remachan los jueces decanos.
Una medida que ya obtuvo un respaldo del 94% en la última Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la que los jueces decanos suman la reivindicación de que crear “equipos de investigación integrados por expertos en materia económica o financiera” que apoyen desde su inicio las pesquisas de jueces y fuerzas de seguridad como la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) o la de crimen organizado de la Guardia Civil (UCO).
Hay que tener en cuenta las paradojas que se dan actualmente en investigaciones tan relevantes como la del caso Bankia, en el que la Audiencia Nacional ha tenido que encargar las pruebas periciales a dos inspectores del Banco de España, institución de la que se ha solicitado la imputación en el caso de algunos de sus máximos responsables, incluyendo a su superior.
Más allá de los posibles conflictos de interés que pueda generar esta coyuntura, la conclusión de los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets de que Bankia no presentó una “imagen fiel” a la realidad en la documentación presentada para su salida a Bolsa ha sido objeto de múltiples ataques por parte de las defensas del caso, que ponen en cuestión su labor usual como inspectores del supervisor. Una presión añadida que no sufriría un perito dedicado en exclusiva a causas judiciales.
Reforzar la judicatura para hacer fluir el crédito
En España hay en la actualidad unos 5.500 jueces. Para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes sería necesario contar con 9.600. Los jueces decanos urgen a modernizar el sistema judicial, a reforzar sus efectivos y garantizar su independencia, entre otros factores, por el papel “dinamizador de la economía” que supone la justicia.
“Los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión”, argumentan los jueces decanos en su escrito de conclusiones de sus XXVI jornadas nacionales, destacando que “un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y, por ende, la inversión interna y extranjera”. El colectivo cita recientes informes del Banco de España en los que se reconoce la fuerte influencia directa de la justicia en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito o la morosidad.
Como muestra de esta influencia, los jueces destacan que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2014, los últimos disponibles, los movimientos de las cuentas de consignaciones judiciales de toda España ascendían ya a 16.000 millones. “Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros”, dicen, destacando que con el sistema actual “estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años, si contamos las diversas instancias”.
