Una sentencia que nos devuelve a la realidad
La economía española está creciendo a buen ritmo este año (3,2%), con cifras comparables a las de los años anteriores a la crisis, si bien, aunque por muy poco, aún no alcanzaremos este año el nivel del PIB de 2007. Sin embargo, si en lugar de fijarnos en el PIB lo hacemos en el empleo, la cosa cambia. La diferencia entre el número de personas empleadas en 2016 y 2007 es de casi 2,3 millones de ocupados menos. Si a esto sumamos –como acaba de recordarnos el Tribunal de Justicia europeo– la precariedad de muchos de los empleos existentes, todavía se hace más evidente la necesidad de que la recuperación se consolide.
Para ello es fundamental que no se retroceda en las reformas iniciadas y que se consensúen las que quedan pendientes de acometer, especialmente la reforma del mercado de trabajo. Parece que se está extendiendo la idea de que nos devuelvan lo que nos han quitado, sin reconocer que en 2008 la economía española agotaba una etapa de crecimiento difícil de sostener por no estar basada en fuentes sólidas, como la crisis terminó por confirmar. Ha llegado el momento de afrontar de una vez por todas los problemas de ineficiencia que arrastramos desde hace mucho tiempo, casi que desde siempre, tanto en el sector privado como en el público. Y estos problemas no se solucionan –al menos no necesariamente– con más dinero, sino con medidas que aumenten la competencia y reduzcan las posiciones de poder de unos pocos. Hay que asignar de forma eficiente los recursos públicos y afrontar –y esta vez en serio– el problema del paro, que es, desde siempre, el gran problema de España.
Es necesario desarrollar el potencial de nuestra sociedad e insistir en los planes y programas que la hagan más fuerte sin hacerla más desigual. Por ejemplo, es un despilfarro el tiempo medio de espera de un joven para acceder a un puesto de trabajo por primera vez, al igual que lo es la expulsión vía jubilaciones anticipadas de una población que está en perfectas condiciones para seguir trabajando. Por no hablar del despilfarro que supone la proliferación de contratos temporales. Según el INE, casi cuatro millones de trabajadores asalariados (una cuarta parte del total) tienen contratos temporales.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE –que iguala la indemnización de los trabajadores fijos y temporales– ha puesto el dedo en la llaga. Aunque todavía no se conoce el alcance de la misma, la munición está servida. La dicotomía existente en la actualidad entre trabajadores de primera (con contrato indefinido) y de segunda (con contratos temporales) tiene al menos dos consecuencias negativas desde la perspectiva de la eficiencia. En primer lugar, la segmentación del mercado de trabajo aumenta la capacidad de negociación (el poder al fin y al cabo) de los que están dentro a expensas de los que están fuera. Los primeros –que son los que negocian– arriman el ascua a su sardina sin que los parados y los ocupados con empleo precario puedan ejercer presión a favor de sus intereses, que al fin y al cabo son los de toda la sociedad.
Por lo tanto, la desaparición de las diferencias entre trabajadores fijos y temporales tendría efectos positivos sobre el empleo, siempre y cuando no se aproveche para poner más palos en las ruedas a la creación como se está proponiendo.
En segundo lugar, la contribución del empleo al crecimiento depende no solo del número de personas ocupadas sino, muy especialmente, de su cualificación. Esta cualificación se obtiene en las aulas pero, sobre todo, en el puesto de trabajo. Es evidente que cuanto mayor es la temporalidad menor es el incentivo a gastar en formación por parte de las empresas, y también es menor el incentivo para los trabajadores, conscientes del bajo rendimiento que van a obtener del esfuerzo.
De hecho, la inversión en la formación genera un activo para las empresas con claros efectos positivos sobre la productividad. España es, después de Grecia, el país de la UE con menor inversión en este activo. También es, después de Grecia, el que menos invierte en mejorar la organización interna de las empresas. Deberíamos estar agradecidos de que, por fin, nos devuelvan a la realidad del pésimo funcionamiento de nuestro mercado de trabajo dándonos la oportunidad de acometer su reforma sin más dilación.
Matilde Mas Catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y directora de proyectos internacionales del IVIE