El Foco

Incendios en la industria: una amenaza para el empleo

Fachada del edificio de la planta principal de Campofrío, de Burgos, tras el incendio originado en noviembre de 2014. rn
Fachada del edificio de la planta principal de Campofrío, de Burgos, tras el incendio originado en noviembre de 2014.

El incendio ocurrido en la planta de Campofrío en Burgos hace ya dos años y, más recientemente, el de la planta de Ybarra en Dos Hermanas (Sevilla) han colocado en primera línea informativa las dramáticas consecuencias negativas que suponen para las empresas y los trabajadores estos incendios fortuitos. Los ejemplos de Campofrío e Ybarra son la punta de un iceberg que afecta a miles de trabajadores de pequeñas empresas y talleres que se ven fuera del mercado de trabajo por causas de fuerza mayor. Y es que según la patronal del seguro, Unespa, cada año se producen en nuestro país cerca de 42.000 incendios en industrias. Es más, en el segundo trimestre de 2016, los siniestros en grandes industrias se han disparado hasta incrementarse en un 6% más con relación al mismo periodo de 2015. Son muchas las pequeñas y medianas empresas y miles los trabajadores que, afectados por un desastre de este tipo, no han tenido ni el impacto mediático ni el apoyo de las administraciones públicas, ni la posibilidad de reabrir las empresas y restablecer los empleos. Por desgracia, esto está sucediendo en la mayoría de las empresas afectadas, y casos como los de Ybarra y Campofrío, son una honrosa excepción entre las miles de empresas que se incendian cada año.

"La discriminación afecta especialmente a los trabajadores de las pymes en las que se producen estos accidentes”

Reclamamos al Gobierno Central que unifique los criterios y la legislación existente para que todos los trabajadores afectados por este tipo de accidentes fortuitos que destruyen por completo una empresa no vean mermados sus prestaciones económicas, sus derechos presentes y futuros por causas que escapan a su día a día laboral. Cuando ocurren accidentes en empresas tan importantes como la de Campofrío o la de Ybarra, algunas administraciones autonómicas y locales suelen facilitarl ayudas a estas y a los trabajadores para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas de la destrucción total de estas industrias. Pero esto no suele ocurrir con todas las administraciones públicas ni con todas las empresas. En el caso de Campofrío, por ejemplo, la empresa acordó recolocar a parte de la plantilla afectada en otros centros de trabajo, y la Junta de Castilla y León (PP) concedió ayudas autonómicas a fondo perdido a la compañía para facilitar la reconstrucción de la planta e incentivar el mantenimiento del empleo. Además, aprobó complementar las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados con una ayuda directa de 203 euros mensuales adicionales. En el caso de Ybarra, el sindicato ha llegado recientemente a un acuerdo con la dirección para que sea la propia empresa la que aporte la indemnización complementaria, ante la poca o nula voluntad de la Junta de Andalucía (PSOE) de asumir una ayuda dirigida a que los trabajadores no sufran una pérdida económica tan grande.

Para evitar estas desigualdades manifiestas, esta discriminación que afecta especialmente a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas en las que se producen este tipo de accidentes, exigimos que el nuevo Gobierno regule a través de una norma o ley la igualdad en las ayudas o indemnizaciones complementarias de carácter público que puedan percibir los trabajadores cuando se vean inmersos en ERTEs por fuerza mayor. Consideramos necesario que el Gobierno y las distintas comunidades autonómas unifiquen la legislación existente a todos los niveles e impidan la discriminación que actualmente sufren los trabajadores afectados por el mero hecho de estar contratados en una pequeña o gran empresa, o en una u otra comunidad, y que puedan beneficiarse de ayudas complementarias que faciliten el mantenimiento de sus familias en tanto en cuanto se reabren sus empresas. Es de justicia para aquellos trabajadores a quienes el fuego les ha arrebatado su puesto de trabajo, que no sean doblemente castigados por el simple hecho de vivir en una comunidad u otra, y por la voluntad o falta de ella del Gobierno autonómico de turno. Reclamamos al futuro Gobierno que acabe definitivamente con estas formas de discriminación que se produce entre los trabajadores.

Es necesaria ya una normativa clara que obligue por ley a las administraciones públicas a facilitar ayudas a todos los trabajadores, sin excepciones, que se vean afectados por causa de fuerza mayor para que, en el tiempo que se mantengan forzosamente en el desempleo, no vean mermadas sus prestaciones presentes y futuras.

A este respecto, exigimos al Gobierno que vuelva a prorrogar la medida por la cual un trabajador afectado por un ERTE podía recuperar su prestación por desempleo consumida hasta un máximo de 180 días si tras el expediente, era despedido. Esta medida fue aprobada en 2009 y prorrogada hasta enero de 2014, en que el Gobierno del PP optó por derogarla, causando un grave perjuicio económico a los trabajadores afectados por un ERTE, que se ven obligados a consumir sus prestaciones, con el riesgo añadido de que, si son despedidos posteriormente, se ven en la calle sin una prestación por desempleo.

"Es necesaria una normativa que obligue por ley a las administraciones a facilitar ayudas a los trabajadores afectados”

Hay que recordar además que los trabajadores afectados por un ERTE perciben el 70% de su base reguladora durante los seis primeros meses de la prestación (según las bases de contingencias profesionales de los 180 últimos días cotizados), y el resto del periodo tan solo perciben el 50% (hasta el año 2012 era del 60%) de su base reguladora.

También hay que recordar la aprobación en diciembre de 2014 de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 16/2014, por el que se regula el Programa de Activación por el Empleo, que contó con el apoyo de UGT, por la que se exonera a las empresas del pago del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante un plazo de 12 meses prorrogables por otros 12 cuando se vean obligadas a realizar un ERTE por causas de fuerza mayor, con el compromiso de mantener el empleo, no despedir a ningún trabajador y realizar la reinversión necesaria para recuperar la actividad productiva.

A este respecto, reclamamos y pedismos que el Gobierno ponga el mismo empeño en ayudar a los trabajadores en dificultades por causas de fuerza mayor ajenas a su trabajo que a las empresas afectadas por accidentes, y dé muestras de mayor sensibilidad hacia quienes, con su trabajo y esfuerzo, ayudan a sostener la marcha de las empresas de nuestro país y a la recuperación de la economía.

Pedro Hojas es secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

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