Editorial

El control del absentismo laboral

El absentismo laboral cuesta cada año más de 9.000 millones de euros, si se contabilizan las prestaciones abonadas por la Seguridad Social por las bajas de incapacidad o enfermedad profesional y el coste que para las empresas tienen los primeros días de ausencia del trabajo que no financia el sistema público, aunque en este último caso el coste real de las ausencias laborales lo cubre, por lo general, la productividad del resto de la plantilla. Los mayores niveles de absentismo laboral se alcanzaron en España precisamente cuando mayores niveles de actividad económica y de ocupación existían en el ciclo alcista previo a la crisis, en 2007. Desde entonces se inició una pronunciada reducción de las ausencias laborales, ya fuesen justificadas o no, que tenía una relación directa tanto con la propia reducción de los efectivos laborales por la crisis, sobre todo en la construcción, como por una actitud de autocorrección por parte de las franjas de trabajadores que abusaban injustificadamente de las ausencias.

Pero a partir de 2014 se ha producido un incremento sostenido de las bajas laborales, que en los meses transcurridos de este año puede llegar a una tasa interanual del 14%, según las fuentes empresariales consultadas. Una parte de este incremento es imputable, lógicamente, al aumento del número de personas con empleo, pero otro lo es a la autorrelajación de determinados colectivos de trabajadores y de los propios sistemas de control del absentismo en las empresas. Se ha incrementado tanto el número de bajas registradas como el número medio de días de las mismas, pese a que el trabajo de recuperación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales había logrado reducirlo tanto por las mejoras en la prevención como en los sistema de recuperación de los trabajadores afectados.

Una economía como la española tiene que tratar de reducir sistemáticamente sus tasas de absentismo, entre otras cosas por la presencia cada vez menor de actividades con trabajos físicos de riesgo y la presencia creciente de actividades de servicios. Por ello, deben implementarse mecanismos de control de las ausencias laborales ajenas a la enfermedad común, que en muchos casos tienen relación directa con la falta de flexibilidad horaria y de la compatibilidad de la vida laboral con el cuidado de hijos y de mayores, lo que comúnmente conocemos como conciliación de vida laboral y familiar. Una parte de la solución está en los convenios colectivos, que deben regular estos extremos de forma flexible. Pero hay otra, la que tiene un carácter más limítrofe con el fraude, que puede combatirse dando mayores atribuciones a las mutuas y sus médicos y restringiéndolas a los responsables de la sanidad pública.

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