La banca viaja hacia su concentración

Popular es el primero que se blinda ante posibles intentos de fusión y se fortalece con la petición de 2.500 millones al mercado

Digitalización, concentración bancaria y ajustes. Estas son las tres recetas que repiten hasta la saciedad en los últimos meses los responsables de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, su homólogo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Andrea Enria, e incluso el viernes el director de Asuntos Monetarios del FMI, José Viñals, y por supuesto, tanto Luis María Linde, gobernador del Banco de España, como el subgobernador, Fernando Restoy.

La banca española, mientras, aunque se resiste, parece condenada a seguir aprobando nuevos ajustes, y en algún que otro caso la solución de futuro de unas pocas entidades pasa por la fusión. Pocos son los que defienden la conveniencia de que el sistema financiero español permanezca como está, no tanto por el número de oficinas como por el número de entidades, 15 firmas, a las que se suman un grupo extenso de muy pequeñas entidades, las cajas rurales y cooperativas de créditos, que entre todas no llegan copar más del 5% de cuota de mercado.

De momento, el jueves pasado Banco Popular anunció una nueva macroampliación de capital por 2.500 millones de euros. Es su tercera inyección de capital en tres años y medio. Desde finales de 2012, la institución que preside Ángel Ron ha apelado a sus accionistas en 5.495 millones de euros de forma directa.

Pese al esfuerzo de Popular por recapitalizarse el mercado ha seguido desconfiando de su capacidad para digerir todo el ladrillo que tiene en su balance. De ahí que haya decidido “coger el toro por los cuernos”, como declaró el jueves Ángel Ron a este periódico, y volviese a reclamar a sus accionistas un nuevo impulso para reforzar el banco. “Nadie más que el mercado nos ha presionado para hacer la ampliación de capital”, añadió el banquero.

Desde que Popular inició su travesía del desierto en 2012 con su primera ampliación de capital por 2.500 millones (lo mismo que ahora) el mercado no ha parado de apostar por su fusión. CaixaBank ha sido el banco que más ha acechado a Popular, pero no ha sido el único, aunque Ron nunca ha querido unirse a la entidad catalana, ya que Popular quedaría engullido en la maquinaria de la firma que presiden Isidro Fainé (de hecho, esta entidad no participa en la colocación de los nuevos títulos de Popular).

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, se ha sentado varias veces con Ron para intentar llegar a un acuerdo de fusión. La última vez fue entre el 24 al 30 de septiembre del pasado año. Pero el reparto de poder en el banco resultante ha sido siempre una barrera insalvable.

Justo hace un año también mantuvo contactos informales con Ibercaja y con Unicaja, dos antiguas cajas de ahorros que necesitan salir a Bolsa, y contar con Popular como acompañante podría haber sido una buena solución. Pero el hipotético reparto del peso de cada entidad en la resultante rompió cualquier posible entendimiento.

Ahora, Popular pretende alejar cualquier posible acercamiento no deseado de una entidad dada su baja capitalización bursátil. El viernes cerró con un valor de 3.550 millones de euros.

Pero el runrun de nuevas operaciones de fusión no desaparece. En las manos del futuro gobierno está la decisión de que Bankia se trague al otro banco público, BMN. Esta operación está pendiente también de visto bueno de Bruselas, pero parece que ni el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ni algunos bancos privados como BBVA, están a favor de la operación.

CaixaBank, mientras, mantiene sus ansias de crecer con fusiones. Estas operaciones le permiten ahorros del 40% al 50%, según explican los expertos. De hecho, el jueves, cuando comunicó que Criteria tenía que rebajar al 40% –del 48,9% actual descontados ya una serie de vencimientos y canjes–, su peso en CaixaBank por imperativo del BCE y a ser posible antes de finales de 2017, una de las posibilidades que contempla la entidad es que este 9% del que debe deshacerse pueda ser una pieza de canje para una fusión.

La institución que preside Isidro Fainé, no obstante, no abordará ninguna hipotética fusión en España hasta que no finalice su opa sobre el portugués BPI, operación que no ha logrado aún desenredar por completo, ya que todavía no controla los derechos políticos por el 46% que ahora tiene de la firma lusa.

El veto se mantiene aún en el 20% a expensas de que entre en vigor un decreto del Gobierno portugués y de que el resto de los accionistas lo aprueben. Esta es, en todo caso, la única operación corporativa transfronteriza que se dibuja en el horizonte por mucho que los supervisores reclamen fusiones paneuropeas.

Y mientras se despejan las incógnitas sobre quien podría casarse con quien, el negocio bancario va languideciendo, abrasados por unos tipos de interés negativos, que parece que se quedarán una larga temporada en Europa. El presidente de BBVA, Francisco González, fue muy gráfico el pasado martes en unas jornadas del Instituto de Finanzas Internacional (IIF) celebradas en Madrid. El banquero aseguró que “los tipos de interés negativos nos están matando” (en relación a la banca).

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, también ha advertido sobre esta medida. En la presentación de resultados del banco aseguró que la banca no resistirá mucho más tiempo los tipos bajos. Las entidades financieras “no están preparadas” para hacer frente durante mucho más tiempo a un entorno de tipos de interés tan bajos y que podría durar todavía un par de años más, asegura.

En un años (de 2014 a 2015) el margen de intereses del conjunto del sector se redujo un 2,6%, y la rentabilidad pasó del 5,15% a caer otra vez al 4,29%. Los ingresos financieros se han derrumbado un 70% desde 2008 hasta 2015, según un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En cambio, el volumen de negocio sobre empleado ha pasado desde 2013 de los 14,6 millones de euros a los 15,3 millones actuales. Este crecimiento se debe a los ajustes llevados a cabo por la banca y que aún siguen. Desde que estalló la crisis en 2008, el sector ha reducido un 27% la plantilla, para situarse al cierre del pasado ejercicio en 197.830. La red de oficinas también se ha reducido en un 32%, al sumar también a diciembre del pasado año 30.921 sucursales. Y el goteo de cierres y ajustes sigue. Santander clausurará este año 450 sucursales, y despedirá (incluidas las prejubilaciones) a 1.380 empleados.

Liberbank también negocia un ERE con prejubilaciones que afecta a unos 1.500 empleados (500 de ellos corresponden al plan iniciado el pasado año), y Ceiss firmó hace dos semanas la salida de hasta 850 empleados.

Nuevos ajustes que se producen en paralelo a la carrera de la banca por digitalizarse, lo que el BCE_ve una oportunidad para seguir recortando costes y el sector comienza a comprender que es una obligación si no quiere perder la batalla contra la pujante competencia de las fintech, las nuevas firmas financieras de cuño tecnológico.

Con todos estos frentes abiertos, la responsable de supervisión del BCE no ha dudado en recordar al sector que no debe perder de vista su pecado original, el ladrillo. “Es el momento de limpiar los balances”, les ordenó Nouy en el foro IIF.

Aunque la creación de Sareb, el llamado banco malo, en 2012 descargó a las entidades rescatadas y asistidas con dinero público del grueso de su carga tóxica, el sector financiero considerado como “sano” aún arrastra una importante losa inmobiliaria. Solo entre las seis mayores entidades financieras del país cargan aún con 123.000 millones de euros en activos improductivos, de los que unos 68.000 millones son inmuebles adjudicados y el resto créditos problemáticos a promotor.

De hecho, la ampliación de capital anunciada por Banco Popular tiene mucho que ver con el lastre que sufre por la enorme carga de activos improductivos en balance heredados del estallido de la burbuja inmobiliaria. Con 34.000 millones de euros, Popular es la entidad con más carga tóxica y mayor riesgo real, pues su cobertura, al 38% es la más baja de la gran banca española. Del total, 14.550 millones son inmuebles, provisionados al 40%, y el resto créditos.

El objetivo prioritario de la ampliación de capital es elevar la cobertura al 50% y acelerar la venta de activos para liberar capital tratando de no incurrir en pérdidas. Una labor de achique en la que sigue centrado todo el sector, con mayor o menor comodidad en función del volumen de provisiones ya realizadas, y que puede requerir de nuevos salvavidas.

Un terreno irregular y tenso, en definitiva, el que se ofrece a la banca para iniciar el cacareado nuevo baile de fusiones del que todos hablan pero que nadie parece dispuesto a iniciar.