Bruselas prohíbe el bloqueo geográfico en internet
Numerosas empresas utilizan el bloqueo geográfico para impedir que los clientes accedan a la mejor oferta disponible en Europa, denegándoles el acceso o redirigiéndoles obligatoriamente hacia la página web de su país donde esa oferta no siempre está disponible. Las compañías intentan así maximizar sus beneficios, obteniendo en cada mercado el mayor rendimiento posible. La Comisión asegura que recibe una media de 200 quejas anuales sobre esa práctica, con un total de 1.500 quejas entre 2008 y 2015.
El proyecto de reglamento aprobado ayer prohibirá esa práctica porque “la discriminación entre los consumidores según las fronteras nacionales no tiene cabida en un mercado único”, según explicó la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska. “Cuando un consumidor entra en una tienda en otro país de la UE, el propietario no le pide el documento de identidad para aceptar la compra”, compara Bruselas. Paradójicamente, en el comercio electrónico hay esa discriminación a pesar de que las fronteras físicas no existen.
La Comisión cree que esas barreras virtuales explican en parte el escaso éxito del comercio electrónico transfronterizo en Europa pese al creciente interés que particulares y pequeñas empresas. Solo el 15% de los internautas europeos han comprado fuera de su país de residencia, según Bruselas. Y solo el 37% de las páginas web, según la CE, permiten completar la operación cuando el cliente reside en otro país. El reglamento, que requiere la aprobación del Consejo de Ministros de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor, intentará corregir esa situación. El geoblocking quedará prohibido salvo en contadas excepciones, como las relacionadas con motivos de interés público (impedir la compra de un producto prohibido en un determinado país, por ejemplo) o fiscales. La norma también prohibirá que se exija al cliente el pago con una tarjeta de crédito o de débito emitida en un determinado país.
- Excepciones
Los productos o servicios no audiovisuales protegidos por derechos de autor, como los libros electrónicos, podrán mantener la discriminación geográfica, pero no la de método de pago. Para servicios de almacenamiento de datos, nube o gestores de dominios, el reglamento se aplicará a partir de mediados de 2018.
La organización de consumidores europeos (BEUC, según sus siglas en francés) calificó ayer la medida como “una excelente noticia”. “¿Quién no se ha sentido frustrado al ver aparecer en la pantalla el mensaje que ‘este artículo no está disponible en su país’?”, señala Monique Goyens, directora de BEUC. Goyens considera “un contrasentido que en el mercado europeo se impida a los consumidores comprar una tableta, un jersey o un vídeo juego simplemente porque viven en otro país o porque pagan con una tarjeta de crédito extranjera”.
Las patronales en cambio no se muestran nada satisfechas. “Es un parche porque el geoblocking ese el síntoma de la fragmentación del mercado, no su causa”, señala DigitalEurope, una asociación de empresas del sector tecnológico.
Esas compañías achacan la parcelación del mercado a factores como el diferente nivel de vida o la presencia de varios idiomas, así como a la necesidad de cumplir con normas diferentes en cuanto a protección del consumidor, derechos de autor y declaración del IVA.
Las cámaras de comercio (Eurochambres) aceptan el proyecto siempre que quede claro que una empresa no tiene obligación de atender la demanda de bienes o servicios de cualquier consumidor. “Esto es muy importante para los negocios pequeños”, señaló el presidente de Eurochambres, Arnaldo Abruzzini.
Netflix deberá ofrecer cine europeo
Las plataformas de vídeo por demanda como Netflix tendrán que cubrir el 20% de su oferta con producción europea, según el proyecto de reforma de la directiva de servicios audiovisuales aprobado ayer por la Comisión. La normativa actual solo exige a ese tipo de plataformas que concedan parte del espacio a la producción audiovisual del Viejo Continente, pero sin especificar un porcentaje, como ya hace para las cadenas de televisión tradicionales. La directiva también permitirá que las autoridades nacionales exijan a las plataformas de vídeo una contribución para financiar la producción cinematográfica local, en proporción a la facturación que obtengan en cada país.
Digital Europe, una asociación de empresas del sector tecnológico como Apple, Dropbox, Huawei, Microsoft Sony o Toshiba, se mostró ayer a favor de la reforma de la directiva, pero criticó la imposición de cuotas. “No es un sistema efectivo para proteger la producción local”, señaló. Y añadió que si el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo mantienen las cuotas en la versión final de la directiva “dañarán la sostenibilidad del modelo de negocio actual o de los nuevos modelos de negocio”. La Comisión Europea, en cambio, recuerda que las cuotas ya existen en la mitad de los 28 Estados de la UE y que la directiva se limitará a extender esa obligación y establecer un mínimo. Bruselas cree que la cuota no supondrá una carga y asegura que la producción europea ya supone de media el 27% de la oferta de las plataforma de vídeo.
