Tribuna
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La ética necesaria para invertir en Iberoamérica

El diccionario define el término invertir como emplear una cantidad determinada de algo, especialmente dinero, en alguna cosa, por lo general con ánimo de obtener un beneficio. En ese sentido, seguiríamos siendo deudores del clásico trasunto egoísta que nos continúa remitiendo a la ética del beneficio necesario que tan bien describió Weber en su clásica obra.

Sin embargo, en el actual escenario económico mundial es necesario revisar dos premisas que hasta el siglo pasado parecían incontrovertibles, revisión que nos permitirá, quizá, abrir otra perspectiva. La primera sería que la inversión de elementos intangibles (soft, patentes, franquicias, etc.) es menos costosa para el inversor, pero más beneficiosa para el receptor.

La segunda la constituiría el hecho fácilmente verificable de que el retraso o incluso el aplazamiento indefinido de la obtención de un beneficio para el inversor conlleva, por lo general, un beneficio mayor tanto para la colectividad que recibe la inversión, cuanto para la propia sociedad de la institución que la realiza. En un mundo en el que la competitividad parece que tiene que sostenerse en el mantenimiento de la precariedad para los agentes productores, parece necesario introducir nuevas fórmulas de inversión, pero también nuevos valores que los justifiquen. Que incorporen otros componentes como la solidaridad y cuyos resultados económicos puedan arrojar rentabilidades iguales o incluso superiores a las inversiones fundamentadas exclusivamente en el sacrosanto egoísmo. Y esa es la exploración que el notariado español pretende emprender.

Como es sabido, la apuesta de nuestros notarios por las nuevas tecnologías, desde hace ya 15 años, se ha concretado en el desarrollo de una aplicación que permite que todas y cada una de las notarías dispongan de los mismos elementos informáticos y estén sujetas a las mismas obligaciones. Obligaciones cuyo cumplimiento ha permitido desarrollar una de las más completas herramientas antifraude y antiblanqueo de cuantas existen en el mundo. Pero también ha permitido dotar a nuestra sociedad civil de una red nacional que posibilita actuar a todo el país como una única oficina, y a todas las notarías como una única ventanilla, haciendo desaparecer la limitación de las distancias, sin perder por ello la seguridad que proporciona el documento público y la identificación, la apreciación de la capacidad y el control de legalidad que siguen dispensando estos funcionarios públicos.

Llegados a ese escenario, los intangibles, el know how de que disponemos, podría servir exclusivamente para cubrir nuestras necesidades. Y estaría bien, porque del mismo se ha beneficiado principalmente la sociedad española. Pero en mi opinión, abogar por esa postura constituiría un error imperdonable que, no ya el notariado, sino el propio Estado español ni puede ni debe consentir. La eclosión de las economías emergentes latinoamericanas tampoco constituye novedad alguna. Pero no descubro nada cuando, como apuntaba John Kenneth Galbraith hace ya más de 30 años, ningún desarrollo económico puede tener éxito si no va acompañado de una sociedad jurídicamente sólida. Y en esa solidez estamos todos comprometidos.

La existencia de sistemas jurídico/tecnológicos que reduzcan o eliminen los problemas de las grandes distancias, o la dificultad para homogeneizar los desarrollos y los crecimientos de todas las regiones de un mismo país, es algo que no puede ser aplazado a la espera de un megacrecimiento de los grandes núcleos de población. Palabras como prevención de blanqueo de capitales, prevención del fraude fiscal o seguridad en la titulación tienen que constituir términos tan comunes para Latinoamérica como ya lo constituyen para España. El cumplimiento por vía electrónica de las obligaciones tributarias no puede constituir una carga añadida para sus ciudadanos, como hace años ya que no lo constituye para los españoles. En definitiva, la implementación de sistemas informáticos cuyo éxito ya se ha demostrado en nuestro país y cuya adaptación a otros sistemas de parecido o idéntico sustrato jurídico requiere un gasto mínimo, es algo que desde nuestro parecer no puede ser cuestionable.

En este punto es necesario recuperar un concepto que estuvo de moda a finales del siglo pasado: el coste cero. Que es muy distinto de la gratuidad. En esta, la liberalidad es la única justificación. En aquel, la justificación está en el compromiso. Compromiso de un país o de una institución con el crecimiento de otro país o de otra institución, y compromiso del país o la institución beneficiaria con el desarrollo que se le propone. Desarrollo del que no se puede abdicar por cuanto implicaría, también, un fracaso para el propio inversor. Una nueva ética que el notariado español, como he dicho, está dispuesto a explorar.

César Belda es  notario. Consejero delegado de la agencia tecnológica notarial Ancert

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