Incentivar la afiliación sindical
El modelo español de representatividad sindical se sustenta en la representación elegida por los trabajadores y funcionarios en los centros de trabajo, tanto en el sector privado como en el público. Los resultados en las elecciones a estos representantes (delegados, comités y juntas) determinan la representatividad de cada sindicato. El poder sindical se configura así, exclusivamente, en función de estos resultados electorales, tanto en la unidad electoral concreta como en todas las dimensiones sectoriales y territoriales. Esta representatividad sindical es el parámetro que permite negociar convenios colectivos de eficacia general en cada ámbito.
Esta conversión del trabajador y funcionario en elector tiene importantes consecuencias sociales. La principal y más significativa es el desincentivo a la afiliación sindical. De un lado, las organizaciones sindicales actúan como maquinarias electorales que captan votos, más que afiliados, puesto que el poder sindical se obtiene exclusivamente a través del cómputo de representantes elegidos en los lugares de trabajo. De otro lado, los propios trabajadores carecen de estímulos para afiliarse a un sindicato, puesto que el convenio colectivo se aplica a todos, con independencia de la afiliación o no a la parte firmante. El resultado lógico de ambas variables es una escasa afiliación sindical en España, agravada por los últimos datos, que muestran una gran desafiliación durante la crisis económica (500.000 personas). No hay incentivos para la afiliación y, mientras tanto, la que hay, se desangra, en medio de una percepción social cada vez más negativa de las organizaciones sindicales.
Este sistema genera un escaso protagonismo directo de las secciones sindicales en los lugares de trabajo, por falta de afiliados, y un exceso de dependencia de la financiación pública, debido a la insuficiencia de cuotas. Ante estos hechos objetivos cabe plantear revertir estos factores y aplicar técnicas concretas que incentiven la afiliación a los sindicatos mediante una reforma normativa.
Las elecciones a representantes de trabajadores y funcionarios deberían ser directamente a secciones sindicales, que, conforme a los resultados electorales, pasarían a gestionar, en exclusiva, la negociación y el conflicto en los centros de trabajo. Sobre estas bases, habría que cambiar el cómputo de la representatividad sindical combinando los resultados electorales con el número de afiliados. Una vez consolidadas estas estructuras, se debería transformar la negociación colectiva de eficacia general a limitada a los afiliados de las partes firmantes, al menos en las unidades convencionales inferiores a los sectores. Todo ello permitiría, finalmente, una mayor capacidad de autofinanciación del sindicato a través de cuotas de los afiliados y, así, una menor dependencia de las subvenciones públicas.
Estas propuestas incentivarían, de suyo, la afiliación sindical y estimularía también a los sindicatos a buscar afiliados. El trabajador tendría el incentivo de la aplicación del convenio colectivo, formando parte de una protagonista sección sindical, y el sindicato el de captar afiliados para ganar poder y representatividad. Este cambio de incentivos implicaría más al trabajador en sus problemas laborales y en las relaciones con su sindicato y sección sindical, creando más competencia y escenarios nuevos para la selección de cuadros en las propias organizaciones, con una ganancia en la mejor defensa de los trabajadores y en la adaptación a la realidad social actual de las empresas.
El incentivo normativo a la afiliación sindical sólo puede provenir de este tipo de reformas impulsadas por las propias organizaciones sindicales más representativas. Sin embargo, estas iniciativas, hoy por hoy, son inexistentes, lo que explica que ningún actor político afronte la cuestión sindical. Las propuestas sindicales se centran más en consolidar el actual modelo, con una resignación asumida de la decadencia de la afiliación, incorporando nuevas fórmulas de financiación a través de una revisión del sistema de subvenciones públicas y de su fiscalidad. La idea de un canon de negociación colectiva por su eficacia general y de una ley de participación institucional, manejada desde el pensamiento oficial sindical, se incardina en estas coordenadas.
Es necesaria, creo, una perspectiva de más largo alcance, que incorpore incentivos a la afiliación sindical y dote de mayor legitimidad social la imprescindible labor del sindicalismo en nuestra sociedad. Si no se incentiva ahora la afiliación y la implicación sindical, el coste social futuro puede ser ya irreversible.
Jesús Lahera Forteza es Profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y Consultor Abdón Pedrajas & Molero