La UE, del revés

Bruselas se sume en el estado de alarma permanente

Bruselas se sume en el estado de alarma permanente

Bruselas vive sumida desde hace dos semanas en una violenta secuencia de registros, detenciones, tiroteos y explosiones que alcanzó su punto más trágico el pasado martes con las matanzas en el aeropuerto internacional y en una estación de metro (28 muertos y tres kamikazes, entre ambos ataques). Desde los atentados, la capital europea sufre, además de la sensación de inseguridad, un caos circulatorio, logístico y laboral que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la capital europea.

Las autoridades intentan en vano recuperar la calma. La ciudad vive en un estado de alerta permanente que, de no corregirse, puede acabar resultando incompatible con su condición de centro neurálgico de las instituciones internacionales (UE, OTAN) y de decenas de compañías multinacionales.

Bélgica sabe que se expone a perder la capitalidad de la UE si se proonga el caos

Uno de los primeros en levantar la voz ha sido, como suele ser habitual, el alemán Günther Oettinger, comisario europeo de Agenda Digital y eslabón directo entre Bruselas y la canciller Angela Merkel. El comisario alemán ataca sin compasión a las autoridades belgas en una entrevista con el diario Bild. “Hay que abordar claramente las deficiencias de los servicios belgas de seguridad”, exigió Oettinger después de unos atentados que han noqueado a la capital europea por segunda vez en solo cinco meses.

En noviembre del año pasado, tras las matanzas de París, la Comisión y el Parlamento se vieron sometidas al estado de sitio que decretó el Gobierno belga durante cuatro días para evitar un atentado inminente.

Tras el ataque de la semana pasada, la parálisis no ha sido tan absoluta, pero cientos de funcionarios de la Comisión se vieron obligados a trabajar desde casa y el Parlamento suspendió todas sus reuniones y misiones.

En el Parlamento, la indignación va incluso más lejos que la de Oettinger. “La vida no puede continuar así por mucho tiempo”, tuiteó el eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular Europeo Jacek Saryusz-Wolski al día siguiente del atentado. La protesta de este europarlamentario polaco se debía a los nuevos cacheos individuales para entrar en las estaciones de tren o de metro de Bruselas. Y advertía de que “ha llegado el momento de que las instituciones se planteen marcharse de Bruselas si Bélgica no es un lugar seguro”.

La propuesta de Saryusz-Wolski no cuenta por ahora con demasiados adeptos, ni siquiera entre los eurodiputados que, por ahorro, defienden que el Parlamento se reúna en exclusiva en Estrasburgo y que renuncie a su segunda sede en Bruselas. Ese grupo prefiere no aprovechar una crisis de seguridad para llevar su iniciativa adelante porque podría interpretarse como una claudicación ante los terroristas.

Pero las autoridades belgas saben que el riesgo de perder la capitalidad existe si el desbarajuste y la inseguridad de los últimos meses se prolonga en exceso.

Una de las alternativas que se barajan desde hace más de 15 años sería transformar Bruselas en una suerte de distrito federal, desgajado del Estado belga y financiado y gestionado por la Unión Europea. Pero esa solución podría poner en peligro la propia unidad de Bélgica porque Bruselas es uno de los vínculos más fuertes entre Flandes (neerlandófona) y Valonia (francófona), las dos regiones que se cruzan en una capital bilingüe, multicultural... y gravemente herida el 22M.

Casi una semana después de los atentados, el aeropuerto sigue cerrado (al menos, hasta mañana martes), las líneas de metro reabrieron el viernes, pero seguirán, al menos hasta mañana, con horario limitado (hasta las 19.00 horas) y con solo 39 de las 69 estaciones accesibles.

La escasez de transporte público ha repercutido en numerosas empresas y organismos públicos cuyos empleados no han podido llegar al lugar de trabajo o que no han recibido los suministros previstos. Las oficinas de correos, por ejemplo, limitaron su servicio durante tres días después del atentado y la parálisis se unió a los tres días siguientes del puente de Pascua (hoy es fiesta en toda Bélgica).

Los miembros de los Gobiernos europeos pueden llegar todavía a Bruselas porque sus aviones oficiales o privados aterrizan sin problemas (el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, voló en un Falcon del Estado para asistir a la reunión extraordinaria de la semana pasada). Pero el resto de habituales del aeropuerto de Zaventem (eurodiputados, funcionarios, ejecutivos, abogados, lobbistas, etc.) deben buscar alternativas que requieren mucho más tiempo o cancelar sus citas y desplazamientos. Los vuelos transatlánticos solo son posibles desde aeropuertos vecinos, como los de Ámsterdam, París, Fráncfort o Londres.

El impacto económico del atentado se suma a la debacle del estado de sitio de noviembre, que provocó en Bélgica unas pérdidas de unos 350 millones de euros o el 0,1% del PIB nacional, la mitad de ellas en la capital, según la patronal belga. La hostelería, según su patronal, perdió 25 millones de euros en los dos últimos meses del año.

Esta vez, más grave que el daño económico ha sido el deterioro de la imagen internacional de Bruselas. La semana pasada llegaron a instalarse hasta 60 unidades de satélite en la plaza de la Bolsa de Bruselas para que las cadenas de televisión de todo el mundo retransmitieran en directo las muestras de dolor o indignación por los atentados.

Los medios internacionales describieron con todo lujo de detalle los fallos de seguridad cometidos por las autoridades belgas antes del atentado y retrataron las carencias de una ciudad que suma más de un millón de habitantes pero que es gestionada como si fuera una suma de pueblos y que dispone de unas infraestructuras ancladas en los años 1960.

Bélgica ha superado antes crisis de confianza semejantes. A finales de los años noventa, los errores cometidos en el caso del pedófilo y homicida Marc Dutroux provocaron un seísmo político que barrió a la clase dirigente (conservadora y socialista) que se había repartido el poder desde la II Guerra Mundial. En 2010, una de las frecuentes disputas sobre competencias entre las autoridades regionales dejó al país con un Gobierno en funciones durante 541 días, récord mundial que pulverizó el marcado por países como Camboya o Irak.

Pero esas crisis tuvieron, sobre todo, un impacto local. La de seguridad, derivada de la amenaza yihadista, tiene repercusión global y puede costarle a Bruselas el jugoso negocio de ser la presunta capital de Europa.