Los parlamentarios cesarán tras la apertura de juicio oral
El acuerdo firmado por Ciudadanos y PSOE aborda la modificación de distintas normas para regular aspectos sociales y judiciales, más allá de lo establecido por la propia Constitución, y la reforma que quieren hacer de esta.
Uno de los aspectos fundamentales es la lucha contra la corrupción en el seno de los partidos políticos. En este sentido, Sánchez y Rivera consideran que se debe cesar y suspender a los Altos Cargos, concejales y parlamentarios a los que se les abra un juicio oral por un delito. Además, se llevará a cabo la creación de una Oficina Anticorrupción y se establecerá un plan especial para dotar de medios humanos y materiales para esta lucha a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.
También se establece la inclusión en la legislación de un supuesto que imposibilite las puertas giratorias, de manera que los altos cargos, tras ser cesados, no puedan incorporarse en un plazo de cinco años a empresas de un sector sobre el que hayan tenido responsabilidades.
Por otro lado, consideran necesario revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos y rebajan la cuantía mínima que da lugar a penas de prisión. También quieren refundir la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos con el objetivo de crear una sola Ley de Partidos.
- Reforma del sistema electoral
Rivera y Sánchez consideran que es necesario llevar a cabo las reformas necesarias para facilitar el voto electrónico, el de los ciudadanos españoles residentes fuera del país y el de las personas con discapacidad. Además, incluyen la mejora de la proporcionalidad.
- Pacto contra la Violencia de Género y Ley de Muerte Digna
En este sentido, destaca el Pacto social, político e institucional contra la violencia de género que ambas formaciones promueven. Aunque consideran que la ley aprobada en 2004 ha sido efectiva, creen que es necesario actualizarla y completarla. Entre las modificaciones se encontraría la creación de una Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en todas las comunidades autónomas, la ampliación de las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley Orgánica de 2004 y la ampliación de las partidas presupuestarias autonómicas y locales para la prevención y la asistencia social de las víctimas.
Durante la pasada legislatura del PP, la reforma de la ley del aborto ha sido uno de los aspectos más polémicos. Ciudadanos y PSOE defienden la actual Ley de plazos, aunque la formación de Pedro Sánchez propone la posibilidad de modificar el cambio implantado por el PP de que las jóvenes de 16 y 17 años deben contar con el consentimiento de un adulto para interrumpir el embarazo.
Un aspecto también muy controvertido es el de la muerte digna. El acuerdo firmado por Sánchez y Rivera propone aprobar una Ley que "garantice los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida". En este sentido, podrán decidir la interrupción de los tratamientos y los cuidados paliativos.
También reformarán la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP en esta legislatura, para reducir ciertas intervenciones de las fuerzas de seguridad; y aprobarán una Ley Marco de Bienestar Animal para garantizar "de forma efectiva la proyección y defensa de los animales".
En el terreno judicial, el acuerdo aborda la derogación inmediata de la prisión permanente revisable y una revisión de carácter general del Código Penal.
